El pasado 13 de abril se cumplieron 30 meses sin que haya relevo de magistrados de Salas de Apelaciones ni de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), proceso que sigue estancado en el Congreso, pese a que existe un amparo de la Corte de Constitucionalidad (CC) que en su momento estableció un mecanismo específico para el efecto.
Desde la resolución de la CC el Congreso ha visto desfilar tres presidentes, todos alineados con la alianza oficialista de los mandatarios Jimmy Morales y el actual, Alejandro Giammattei, en donde todo apunta a mantener a los actuales magistrados de la CSJ en una especie de gestión vitalicia, fiel a los intereses y órdenes del llamado pacto oficialista.
La actual magistratura, presidida por Silvia Valdés, fue electa en el 2014, para un periodo de cinco años, sin embargo, en octubre de 2019 no se dio el reemplazo y a la fecha han transcurrido dos años y medio en que los togados continúan en el cargo.
Un elemento a destacar es que dichos magistrados fueron electos producto de una alianza y pacto entre los partidos Patriota, que estaba en el poder, y el opositor Libertad Democrática Renovada (Lider), que se repartieron las magistraturas.
Las negociaciones fueron encabezadas por Alejandro Sinibaldi, ahora en prisión preventiva por casos de corrupción como Ministro de Comunicaciones, y Manuel Baldizón, por Lider, también procesado en Estados Unidos por delitos relacionados con lavado de dinero.
UN PROCESO ENTRAMPADO
Cabe señalar que la elección de los nuevos 26 magistrados, 13 titulares e igual número de suplentes, así como de los magistrados de las Cortes de Apelaciones fue suspendida en septiembre de 2019, luego que la Fundación Myrna Mack planteara un amparo por supuestas irregularidades en la Comisión de Postulación.
Tres meses después, en diciembre de 2019, la CC resolvió en favor de la referida institución y estableció la hoja de ruta del proceso.
Luego de unas semanas de avances, en febrero de 2020, la elección se interrumpió una vez más, por otro fallo de la máxima Corte, entonces suspendida de forma temporal la elección de ambas cortes, tras un amparo planteado por la Fiscal General del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras, que demandaba depurar las listas de los aspirantes.
ORDENAN SEGUIR CON ELECCIÓN
En mayo de 2020 el proceso se retomó ya que la CC otorgó el amparo en definitiva al MP y ordenó llevar a cabo la elección de magistrados en el Congreso. Ante esto, el Legislativo publicó a finales de junio, el Acuerdo 14-2020, que establece el procedimiento para la elección.
Fue hasta febrero de 2021 cuando el Congreso reanudó la elección, en esa oportunidad se le dio lectura a las pruebas de descargo de algunos aspirantes y se informó al Pleno la ampliación del informe remitido por el MP, luego se realizó la votación.
A pesar que desde ese momento ya había una ruta a seguir, en el Legislativo no se ha avanzado en el tema, argumentando falta de quórum, falta de voluntad política, entre otros.
TRES PRESIDENTES DEL CONGRESO, NINGÚN CAMBIO
El primero en iniciar el rezago en el proceso para la elección de los magistrados fue el diputado Álvaro Arzú, quien presidía el Legislativo en el 2019, gracias a su alianza con el pacto oficialista afín a Morales como mandatario, que dirigía una lucha particular contra la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que terminó con su salida del país en septiembre de ese mismo año.
Arzú entregó el cargo a Allan Rodríguez, quien era incondicional de Giammattei, quien durante dos años se las arregló para no cumplir la resolución de la CC y lograba consensos en Jefes de Bloque para dejar siempre, en todas las órdenes del día, en último lugar la elección de los magistrados.
Además, llegado el momento de conocer el tema en el pleno, Rodríguez se desaparecía del hemiciclo; no se integraba el quórum en el pleno o cuando esto rara vez llegaba a tener asistencia, se salían algunos de los integrantes de la Junta Directiva para romper el mínimo para dirigir la sesión.
Sin embargo, Rodríguez rompió su buena relación con Giammattei quien maniobró para poner en la presidencia del Congreso a otra incondicional, Shirley Rivera, quien a su vez se ha dedicado desde el 14 de enero del presente año a repetir la fórmula de su antecesor para no entrar a conocer la elección de los magistrados.
Con ese panorama y de continuar la hegemonía de la alianza oficialista, coordinada desde Casa Presidencial por Giammattei según diputados de oposición, ejecutada por Rivera y con la complacencia de los magistrados de la CC que se cuidan de ordenar la ejecución de la resolución para elegir a los reemplazos de las cortes, todo apunta a que no se vislumbra un cambio.
¿QUÉ DICE LA LEY DEL OJ?
En octubre de 2019, a pocos días de finalizar el periodo para el que dicha magistratura fue electa, los magistrados de la CSJ enviaron una opinión consultiva a la CC para despejar ciertas dudas en relación con dejar el cargo.
En su respuesta la alta Corte citó que el artículo 71 de la Ley del Organismo Judicial (OJ), según el cual, ningún funcionario o empleado de esta entidad puede dejar su cargo, aunque se le haya admitido la renuncia o cumplido el tiempo de su servicio sin que haya un sucesor.
“Abandono de funciones. Ningún magistrado o juez, propietario o suplente en funciones y ningún funcionario o empleado del Organismo Judicial, dejará su cargo, aunque se le haya admitido la renuncia o cumplido el tiempo de su servicio sino hasta que se presente su sucesor”, señala la ley.
Con base en este artículo los magistrados continúan en funciones desde que tomaron posesión del cargo en noviembre de 2014.
LOS MAGISTRADOS QUE INTEGRAN LA CSJ
Silvia Patricia Valdés Quezada, Vocal I
Nery Osvaldo Medina, Vocal II
Vitalina Orellana y Orellana, Vocal III
Delia Marina Dávila Salazar, Vocal IV
Josué Felipe Baquiax Baquiax, Vocal V
Sergio Amadeo Pineda Castañeda, Vocal VI
Silvia Verónica García Molina, Vocal VIII
José Antonio Pineda Barales, Vocal XI
María Eugenia Morales Aceña, Vocal XII
Manuel Duarte Barrera, Vocal XIII
SEPARADOS DEL CARGO
También fueron electos en esa magistratura Douglas Charchal Ramos, quien asumió como Vocal V y Blanca Stalling, en la vocalía VII, pero ambos fueron separados del cargo por enfrentar señalamientos de corrupción.
En sustitución de Charchal Barrios el Congreso designó a Elizabeth Mercedes García Escobar, quien falleció el 4 de agosto de 2018. Para cubrir su vacante se eligió a Duarte Barrera, quien ocupa la vocalía XIII desde el 30 de octubre de 2018.
Además, habían asumido Néster Mauricio Vásquez Pimentel y Ranulfo Rafael Rojas Cetina, como vocal X, pero el primero dejó el cargo para asumir como magistrado de la CC, y el segundo, en la misma calidad en el Tribunal Supremo Electoral.
Asimismo, Vladimir Aguilar, cuya renuncia fue aceptada por el Congreso el 17 de mayo de 2016, con el voto de 129 diputados presentes en el Hemiciclo, luego del escándalo por haber sido vinculado al proceso anómalo por el usufructo oneroso a favor de la empresa Terminal de Contenedores Quetzal.
En sustitución de Aguilar el Legislativo designó para completar el periodo que vencía en 2019 a Morales Aceña.
