El juez suplente de Mayor Riesgo «D», Edwin Ramírez, reanudó la audiencia en la que el abogado y sindicado Francisco García Gudiel planteó un incidente de falta de competencia, con el propósito que el caso «Asesoría Legal: Operación Lavado de Activos» sea conocido en un juzgado ordinario.
Pese a que el juzgador había convocado para dar a conocer la resolución, suspendió la diligencia y explicó que había planteado una duda de competencia ante la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Por esta situación, García Gudiel planteó un recurso de reposición porque consideró que no era pertinente aplazar la resolución hasta que la Cámara Penal resolviera la duda de competencia.
Luego de conferirles la palabra al Ministerio Público (MP) y querellantes, el juez Ramírez declaró sin lugar el recurso legal.
“Considero declarar sin lugar el recurso de reposición, pero para evitar incidentes dentro del proceso se programa para el 6 de abril a las 8:30 horas para determinar y analizar las incidencias de falta de competencia y emitir una resolución que en derecho corresponda”, explicó el togado.
#PORTADADEHOY Créditos CHN/pandemia: ven que secreto no aplica? [https://t.co/Ot4IApOMIE] pic.twitter.com/AD5AKwiQ6c
— Diario La Hora (@lahoragt) April 4, 2022
LIGADOS A PROCESO
En mayo de 2021, el abogado Francisco García Gudiel fue vinculado a proceso por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos, y a William Darío Molina Ruiz, de origen colombiano, por el delito de lavado de dinero u otros activos.
INVESTIGACIÓN DE LA FECI
Según las pesquisas del MP, Francisco García Gudiel habría prestado servicios de asesoría legal al exdiputado José Guillermo Samayoa Soria dentro del caso Construcción y Corrupción Fase I.
Como parte de esos servicios, el profesional del derecho y Molina Ruiz, ocultaron a Samayoa Soria de las autoridades en una residencia ubicada en el kilómetro 22 de la ruta CA-1 Oriente.
En este lapso, según la Fiscalía, García Gudiel asesoró a Samayoa Soria y le recomendó: que, ya que los bienes y cuentas bancarias que poseían serían objeto de embargos judiciales y procesos de extinción de dominio, “para proteger su patrimonio”, debía trasladar el dinero a cuentas bancarias de él, justificando los movimientos como pago de honorarios por servicios profesionales.
El monto trasladado por el excongresista sumó un total de Q59,340,632.40, según las investigaciones del MP.
