El Tribunal de Mayor Riesgo E reanudó el debate oral y público de 30 personas quienes son señaladas de formar parte de dos supuestas estructuras delictivas denominadas “Los Maxico y Los Patrones”. Foto La Hora / Oscar Canel

El Tribunal de Mayor Riesgo E reanudó el debate oral y público contra 30 personas señaladas de formar parte de dos estructuras delictivas denominadas “Los Mashico y Los Patrones”. En la diligencia de este jueves fueron reproducidos los testimonios de varias víctimas de extorsión, audios que en su momento fueron otorgados en anticipo de prueba.

 

Según la acusación planteada, estas personas son señaladas de asesinato, extorsión y cohecho pasivo, entre otros delitos.

La investigación para desarticular a estas dos estructuras inició luego del asesinato de Nery Amílcar Duarte Soto, el 22 de febrero del año 2018, quien desempeñaba como director de Servicios Públicos en la municipalidad de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, y había fungido en el período anterior como Concejal de la misma comuna.

Las pesquisas determinaron que en este hecho había participado Rudy Estuardo Pecher Ovalle y otras personas.

BANDA «LOS MASHICO»

En el ente investigador estableció que en la estructura “Los Mashico”, el líder de la organización, Jorge Tomás Minera Jerez, obtenía información por distintos medios de las muertes violentas ocurridas en cualquier parte del país. Posteriormente obtenía números telefónicos para entablar comunicación con familiares de las víctimas y se presentaba como el responsable de dichos crímenes.

Con eso lograba intimidar a las personas y exigirles dinero a cambio de no asesinar a otros integrantes de la familia.

En seguimiento a la investigación de la primera estructura, la Fiscalía estableció la comisión de hechos delictivos de un grupo de personas con quienes colaboraban elementos de la Policía Nacional Civil.

Este grupo, denominado “Los Patrones”, era liderado por Sonia Haydee Lainez, alias “La Patrona” y su esposo Manuel Arturo Salán, alias “El Patrón”.

Según las pesquisas, cada uno contaba con su punto de distribución de droga. En este caso los elementos policiales son señalados de facilitarles el traslado de la droga a cambio de un beneficio económico.

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