Mujeres achí realizan una manifestación previo al inicio del juicio. Foto La Hora/Johan Ordoñez/AFP

El Tribunal de Mayor Riesgo “A”, presidido por la jueza Yassmín Barrios, inició este miércoles el juicio contra cinco exmiembros de las Patrullas de Autodefensa Civil señalados de delitos contra los deberes de la humanidad por violaciones y agresiones contra mujeres Achí, entre 1981 y 1983 en Rabinal, Baja Verapaz, durante el Conflicto Armado Interno.

Francisco Cuxum Alvarado y los hermanos Bembenuto Ruiz Aquino y Bernardo Ruiz Aquino, están acusados de delitos contra los deberes de la humanidad.

Mientras que Damián Cuxum Alvarado es señalado de delitos contra los deberes de la humanidad en concurso real.

En el caso de Gabriel Cuxum Alvarado es sindicado por delitos contra los deberes de la humanidad, supresión y alteración del estado civil y uso público de nombre supuesto en concurso real.

 

ACUSADOS PARTICIPAN EN VIDEOCONFERENCIA

Todos los detenidos comparecieron al inicio del juicio por medio de videoconferencia. Cuando el Tribunal les preguntó si deseaban declarar, se abstuvieron.

Al inicio del debate, que se llevó a cabo en la sala de audiencias del nivel 15 de Torre de Tribunales, la Fiscalía junto a los querellantes y mandatarios judiciales plantearon sus alegatos de apertura.

“En esta diligencia junto con los medios de prueba quedará probado el grado de participación que tuvieron los patrulleros de Autodefensa Civil en agravio de las mujeres Achí”, explicaron.

BUSCAN JUSTICIA

Durante la audiencia se explicó que las víctimas han buscado un largo proceso de justicia y lo que pretenden es que el Estado de Guatemala reconozca el daño causado al tejido social del pueblo Maya Achí.

 

EL CASO

El Ministerio Público informó que la acusación se realizó únicamente por el daño contra cinco víctimas, siendo estas Margarita Alvarado Enríquez de Xitumul, Marcela Alvarado Enríquez, Estefana Alvarado Sic, Pedrina López de Paz de López e Inocenta Alvarado Enríquez.

La Fiscalía de Derechos Humanos sostiene que los actos denunciados fueron cometidos cuando los sindicados eran miembros de la Patrulla de Autodefensa Civil, en Rabinal, Baja Verapaz, específicamente entre 1981 y 1983.

 

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