Aunque la orden del Juzgado Quinto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social era muy clara en cuanto a deponer las medidas de hecho, los miembros del Sindicato de Trabajadores de Educación de Guatemala (STEG), liderado por el secretario general, Joviel Acevedo, hicieron caso omiso de esa medida judicial, pues se han reusado a abandonar el campamento que instalaron en la Plaza de la Constitución desde el pasado 26 de mayo.
La Procuraduría General de la Nación (PGN) solicitó un amparo provisional contra los sindicalistas, quienes permanecen en paro desde el mes pasado, alegando que no se ha cumplido con las negociaciones del Pacto Colectivo de Trabajo y rechazan el aumento salarial del 5% anunciado por el presidente Bernardo Arévalo y la Ministra de Educación, Anabella Giracca.
Revés para Joviel y maestros: juez ordena que depongan medidas de hecho y QUE TRABAJEN
La resolución del juzgado, con fecha 4 de junio, señala que se ordena al comité ejecutivo del sindicato, dirigentes seccionales y subseccionales que “depongan las medidas de hecho consistentes en convocar a nivel nacional y departamental al magisterio, a declararse en Asamblea Permanente, desde el diecinueve de mayo de dos mil veinticinco”.
No obstante, para garantizar la libertad sindical, el juzgado resuelve que pueden desarrollar asambleas ordinarias y extraordinarias, siempre y cuando se realicen de conformidad con la ley.
Aunque dicha medida debió cumplirse al momento de ser notificada, y en un plazo no mayor de veinticuatro horas, hasta hoy viernes 20 de junio los maestros continúan en la plaza sin dar clases en las escuelas, vedándole el derecho a los niños a la educación, sugieren las autoridades.
Cabe recordar que, según la resolución, de no cumplirse con la orden, el MP, debió haber iniciado una investigación para determinar posibles faltas y las responsabilidades correspondientes. No obstante, hasta el momento no se conoce ninguna acción al respecto.
EXCESO DE CONFIANZA
Rubén Hidalgo, director del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos, (Incep), considera que con el desacato, el STEG demuestra “la alta confianza que tiene como órgano de presión en Guatemala, sobre las redes de apoyo que ha construido con el paso de los años y que le han permitido espacios de decisión para negociar con mucha libertad las prebendas que han logrado tener, con alta facturación a costa de los niños que no tienen calidad educativa”.
El especialista lamentó que en el tema judicial guatemalteco, la figura de la autoridad se ha empobrecido en los últimos años y que en el ambiente político-partidario es una práctica recurrente no acatar algunos fallos judiciales y buscar figuras como amparos que prolonguen las sanciones para ganar tiempo y construir alianzas de apoyo a las causas que no necesariamente son las “más idóneas o apegadas a derecho”.
Hidalgo manifestó la importancia de que como país se debe poner un alto a la situación del derrumbe del sistema de justicia y recuperarlo para que sea cumplido e imparcial.
“Es posible sobrellevar un nivel de crisis política y económica, pero cuando se tiene un sistema de justicia creíble, imparcial y eso tampoco sucede en Guatemala”, dijo.
ANTECEDENTES DE INCUMPLIMIENTO
Son varios los exfuncionarios que se han negado a cumplir órdenes judiciales por diferentes casos, no obstante, ha habido consecuencias para ellos por haber tomado la decisión de incumplir.
Uno de los ejemplos es que en 2010, el exministro de Educación, Bienvenido Argueta, durante el periodo presidencial de Álvaro Colom, desobedeció una resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que le ordenaba entregar a la exdiputada Nineth Montenegro, un listado completo de los beneficiarios del programa Mi Familia Progresa, en que debía incluir el número de cédula de todos los favorecidos.
Ante la negativa del exfuncionario de proporcionar la información solicitada, la Corte de Constitucionalidad (CC), ordenó su destitución inmediata, y pidió al Ministerio Público (MP), iniciar una investigación penal, para determinar si Argueta incurrió en algún tipo de delito.
Porras resiste renuncia y busca forzar salida del Ministro de Gobernación
NO QUISO DISPERSAR A LOS MANIFESTANTES
El caso más reciente es el de David Napoléon Barrientos, exministro de Gobernación, en el período de Alejandro Giammattei, cuando el 18 de octubre de 2023, la máxima corte ordenó una pesquisa en su contra por no acatar un fallo que pedía que se restituyera el orden público y habilitar el acceso pleno a las sedes del MP.
Cabe recordar que dicha acción se dio por una serie de protestas que se desarrollaron a nivel nacional, en las que exigían la renuncia de la fiscal general, María Consuelo Porras, por afectar la democracia y el Estado de derecho en el país.
Los inconformes, quienes estuvieron frente a la sede del ente investigador por varios días, también pedían la dimisión de los fiscales que trataron de suspender la figura jurídica del partido Movimiento Semilla, del entonces electo presidente, Bernardo Arévalo, quienes aseguraban que desde el MP se fraguaba un golpe de Estado para que Arévalo no asumiera el 14 de enero.
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Tras la orden de la CC, el exfuncionario presentó su renuncia a Giammattei, luego de que la Fiscal General, solicitará su destitución, por no dispersar las protestas.
Es de recordar que el artículo 54 de la Ley de Amparos, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, detalla textualmente: “Si el obligado no hubiere dado exacto cumplimiento a lo resuelto, de oficio se ordenará su encauzamiento, certificándose lo conducente, sin perjuicio de dictarse todas aquellas medidas que conduzcan a la inmediata ejecución de la resolución de amparo. Si el obligado a cumplir con lo resuelto en el amparo, gozare de antejuicio, se certificara lo conducente al organismo o tribunal que corresponda para que conozca del caso”.
NO ACATAN LA ORDEN
El STEG por medio de un comunicado en sus redes sociales se pronunció al amparo interpuesto por la PGN y según manifestaron dicha orden no era para desalojar la Plaza de la Constitución, por lo que a la fecha continúan en el lugar como medida de protesta.
«El amparo no es una orden de desalojo, por lo que las acciones se mantienen (…) Nada ha cambiado compañeras y compañeros, seguimos en pie de lucha y más firmes que nunca», manifestaron.
«No siendo esto suficiente y ante la frustración de no detener al STEG y a la ANM, recurren nuevamente a interponer amparos de novatos, como ya lo hicieron para la Multitudinaria Manifestación del 10 de abril; y al igual que en esa ocasión, publican amenazas para pretender atemorizar al Magisterio, con un Amparo Provisional, de un juez vendido a los intereses del actual Gobierno», expresaron.
STEG PRESENTA ACCIONES LEGALES
El Ministerio de Educación (Mineduc), confirmó el jueves 19 de junio que el STEG, encabezado por Acevedo, ha presentado acciones legales en contra de los procesos administrativos iniciados a los maestros por las ausencias injustificadas derivadas del paro laboral convocado por el magisterio.
En dichas acciones legales, el sindicato ha señalado que los procesos supuestamente “violentan los derechos de asociación, manifestación y libre reunión”.
La dirección de Comunicación Social del Mineduc, destacó que las diligencias administrativas y disciplinarios están debidamente establecidos en la Ley de Servicio Civil y en el Normativo Disciplinario, Acuerdo Ministerial 1500-2019.
A su vez, recalcó que estas acciones legales deben seguir su curso en espera de resoluciones judiciales definitivas.
Según la cartera educativa, hasta este jueves se habían levantado 6 mil 400 actas en contra de maestros que se han ausentado a sus labores a causa del paro laboral.
