El Observatorio Internacional de Abogacía en Riesgo (OIAD, por sus siglas en francés) aseguró que las abogadas Claudia González, Leyli Indira Santizo Rodas y Flor María Gálvez han sufrido represalias por su labor en la otrora Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), por lo que condenaron su criminalización.
El Observatorio señaló que las togadas también han sufrido injerencia en el ejercicio legítimo de su profesión, además, hicieron un llamado a las autoridades guatemaltecas para que garanticen el cese de cualquier criminalización e injerencia del ejercicio profesional.
En un comunicado publicado este miércoles por OIAD, destacan la situación de riesgo de las abogadas y que se enmarca en un contexto de “retroceso en la lucha contra la impunidad y la corrupción en Guatemala”.
Argumentaron que la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado su preocupación por la persecución judicial en contra de personas operadoras de justicia y ex integrantes de la CICIG, “comprometidas con la lucha contra la impunidad en casos de graves violaciones de derechos humanos y corrupción”.
En el pronunciamiento de OIAD, señalan que las denuncias consisten frecuentemente en acusaciones infundadas que califican su ejercicio profesional como delincuencia organizada que obstruye el funcionamiento de la justicia.
Manoseo al Estado de Derecho no pasa inadvertido
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— Diario La Hora (@lahoragt) April 13, 2022
ENSAÑAMIENTO CONTRA MUJERES ABOGADAS
Según OIAD el ejercicio de la abogacía involucrada en este tipo de asuntos está siendo criminalizado, en el cual se observa “un particular ensañamiento hacia las mujeres abogadas que defienden a otras mujeres comprometidas con la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad y corrupción en Guatemala”.
Además del riesgo de criminalización, las abogadas se enfrentan a graves obstáculos a la hora de ejercer la defensa en estos procesos judiciales afirmó OIAD.
“En particular, denuncian irregularidades y arbitrariedades manifiestas en los procedimientos: ocultación de información e imposibilidad de acceso a los expedientes de sus clientes e incongruencias y ausencia de argumentación jurídica en las resoluciones judiciales, lo que atenta directamente contra el derecho a la defensa y al debido proceso”, argumentó OIAD.
LOS ANTECEDENTES
Leydi Indira Santizo Rodas, abogada exmandataria de la CICIG enfrenta a cargos por presunta obstrucción a la justicia, habiendo permanecido en detención preventiva injustificada durante 28 días.
La detención tiene su origen en la defensa técnica que la abogada estaba realizando de la fiscal de la FECI, Eva Siomara Sosa Pérez, quien también enfrenta a un proceso judicial en su contra.
La abogada y exmandataria de la CICIG Flor María Gálvez, ha recibido diversas denuncias penales en su contra por haber asumido la defensa técnica de Leydi Indira Santizo y Eva Siomara Sosa.
Asimismo, se le ha pretendido vincular a un proceso penal por haber denunciado, juntamente con la exfiscal Virginia Laparra Rivas, actos de corrupción contra funcionarios públicos, según esa organización.
Gálvez se vio obligada a abandonar temporalmente el país y a presentar, junto a otras compañeras, una solicitud de medidas cautelares ante la CIDH en febrero de 2022, que por el momento no ha sido resuelta.
Claudia González, abogada y también exmandataria de la CICIG, defiende además del caso contra la abogada Santizo y ex fiscal Sosa, a la fiscal Virginia Laparra, quien continúa en prisión preventiva desde el 23 de febrero de 2022.
