El Listado de Geográfico de Obras históricamente levanta el interés de políticos y sus aliados particulares, que a expensas de fondos públicos se convierten en millonarios, debido a que la inversión en proyectos es utilizada como moneda de cambio para el pago de favores, obtención de votos en el Congreso para aprobación de iniciativas que sean de su beneficio y/o búsqueda de otorgar proyectos a allegados.
Esta es una práctica de varios gobiernos hacia atrás o de distintos partidos políticos que usan el poder para “generar negocios” y que se ha extendido a ministerios, gobernaciones, municipalidades y Consejos de Desarrollo Departamental o Municipal.
“Esta especie de pacto para el saqueo de fondos públicos, pareciera ser una forma de la que pocos buscan alejarse”, expresó una fuente del Congreso con pleno conocimiento de causa, pero que pide no ser citado por nombre.
Según el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), el Listado Geográfico de Obras incluido en el proyecto de Presupuesto 2022, asciende a Q5,618,143,707. Analistas consultados por La Hora recuerdan que históricamente estos rubros se utilizan para negociaciones y asegurar el apoyo de diputados con votos.
Los proyectos de inversión se separan en dos: el primero es por Q2,859,951,707 que corresponden a proyectos formulados por los Ministerios de Estado y Q2,758,192,000 a proyectos de los Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural (Codedes).
Según el listado planteado, los Codedes desarrollarían 2,109 obras, mientras que la distribución por departamento del total de proyectos de inversión programados por las instituciones públicas suman 2,318 para el próximo año.
¿DÓNDE ESTÁS LAS OBRAS?
La fuente del Congreso comenta: “Con todo ese dinero ¿dónde están las obras? El listado se ha convertido en el mecanismo ideal para fabricar millonarios porque además nadie fiscaliza esas obras, nadie se queda, nadie verifica qué obras hay para sus comunidades y se genera una tormenta perfecta para la corrupción”, detalló.
LA CONSTRUCTORA “ALQUILADA” A FCN
El pasado 6 de febrero, La Hora consignó en la investigación publicada “FCN en el poder: el constructor “alquilado” sobre el que decidía un diputado” que la constructora Construdam se “alquiló” y recibió Q490 millones en contratos públicos en época del gobierno del entonces presidente, Jimmy Morales, las negociaciones estarían vinculadas al diputado Armando Melgar Padilla.
La Hora revisó el Listado Geográfico de Obras y determinó que del 2017 al 2019 esa compañía recibió 36 eventos por un total Q43.4 millones. Fueron obras dadas a diputados de FCN-Nación.
Las fuentes consultadas en esa oportunidad aseguraron que Construdam, empresa fundada por Denizard Aqueche Medrano, con vínculos con el partido en mención, fue una empresa “alquilada” a los diputados para ejecutar obra sin necesidad de buscar a otras constructoras a las cuales cobrarles comisión.
Esto representó para esa empresa más del triple de lo que había logrado en 12 años de ofertar para el Estado. En la nota también se expone cómo la empresa logró desde el 2015 la obtención de los contratos, lo que le permitió que fueran creciendo sus ingresos coincidentemente con el inicio del gobierno de FCN-Nación.
En 2017 cerró con un crecimiento de casi 1 mil por ciento: alcanzó Q215 millones en adjudicaciones. Una de las razones fue porque logró por completo el apoyo de diputados oficialistas que ya tenían el control del Congreso y del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).
DERRUMBE DEVELA VÍNCULO ENTRE EMPRESARIO Y MINISTRO
En la carretera Tajumulco-Aldea Tocache San Pablo, San Marcos un derrumbe suscitado por la temporada de lluvias en julio develó los vínculos entre el exministro de Comunicaciones, ahora prófugo de la justicia, José Luis Benito y la empresa Supervisión, Construcción y Mantenimiento (SCM) vinculada a Matheu Escamilla.
Durante el gobierno de Morales, el empresario Escamilla obtuvo varios contratos del CIV. Según registros de Guatecompras, en 2018 cuando se incrementaron las adjudicaciones en su favor, como se consignó en la nota “Derrumbe en San Marcos: Gobierno pagó a empresa de Matheu Q252 millones”, publicada el 16 de julio.
En 2018, cuando José Luis Benito llegó a dirigir el CIV, SCM incrementó notoriamente las contrataciones. Solo ese año obtuvo siete adjudicaciones con el Estado por un monto total de Q402,786,132.24.
Desde el 2018 al 2020 SCM obtuvo un total de 41 adjudicaciones con el Estado, por una suma de Q1,041,467,870.88.
EDDIE CUX: LISTADO ESTÁ POLITIZADO
Eddie Cux, presidente de Acción Ciudadana (AC) indicó que el Listado Geográfico de Obras “se ha politizado en extremo y es utilizado para pago de favores y votos. En los últimos dos años la alianza oficialista ha manipulado este mecanismo para que iniciativas como detener la elección de jueces, aprobar el presupuesto o leyes que les beneficia es a través del listado”.
Según explicó Cux, ese listado es parte fundamental de un mecanismo de corrupción. “Parte del paquete de negociaciones está la elección reciente de la Junta Directiva del Congreso, esto es un retroceso, porque se plantean normas que son únicamente de beneficio para diputados”, se lamentó.
LUIS LINARES: OBRAS CONDICIONADAS
Luis Linares, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), señaló: “Es el mecanismo para que diputados distritales den el voto a favor del presupuesto con obras que ellos condicionan”.
Linares definió que principalmente se han vuelto una fuente de corrupción. “Son obras adjudicadas a empresas vinculadas a diputados o funcionarios que obtienen a través de sobornos, hay en complicidad alcaldes, gobernadores y diputados”, expresó.
