Luego de vetar las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado, el presidente Alejandro Giammattei maniobró para que de todas formas los alcaldes resultaran beneficiados, ahora desde el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur), incrementando el porcentaje límite para “invertir” en obras de infraestructura vial.
El objetivo principal de los jefes ediles era que se sancionaran las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado, lo cual incrementaría el monto de compras por cotización de Q90 mil a Q200 mil, así también se modificaba la recepción de ofertas para licitaciones de baja cuantía.
Con 82 votos a favor y 24 en contra, la alianza oficialista avaló la iniciativa que impulsó la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM), pero que el mandatario decidió vetarla argumentando que las modificaciones debían ser exclusivamente a favor de las municipalidades y no del Ejecutivo a quien también se le aplicaban.
En la reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural CONADUR, abordamos el punto resolutivo 03-2021 para aumentar del 20% al 35% asignado a obras de infraestructura vial para el 2022 y lo demás será destinado para educación, salud, agua y saneamiento. pic.twitter.com/Dr2JiLm5zt
— Alejandro Giammattei (@DrGiammattei) June 14, 2021
En un mensaje a la nación hace dos semanas, el presidente Giammattei indicó: “Solicitamos al Congreso de la República que conozcan el veto, pero que a la vez conozcan las observaciones para que podamos retomar el camino de la ley que se había propuesto”, explicó, es decir, que se enfoquen únicamente en los procesos que realizan las municipalidades.
“Me hace imposible poderla firmar, como es el no contar con un artículo transitorio que nos permita saber qué pasa con los eventos que ya están en camino y a partir de cuando entra en vigor esa ley en forma definitiva”, añadió.
PRESIDENTE GIAMMATTEI CEDE A OTRA PETICIÓN PARA ALCALDES
Ayer, el presidente convocó a una reunión extraordinaria del Conadur para definir, en único punto, la inversión en infraestructura vial para las alcaldías, un tema que había generado roces entre algunos jefes ediles y Giammattei.
Hace un mes se aprobó el Punto Resolutivo 03-2021 en donde se estableció que los alcaldes podían invertir únicamente el 20% de los recursos que reciben del Gobierno en obras de infraestructura vial.
Según el medio Soy502, en conversaciones de WhatsApp, varios alcaldes se expresaron en contra de Giammattei y criticaron en su momento la decisión del Ejecutivo.
Durante la reunión, el mandatario mencionó que, además de generar infraestructura, era imprescindible destinar la inversión a las prioridades nacionales de desarrollo como sistemas de agua potable, saneamiento, educación, salud, lucha contra la desnutrición.
Sin embargo, en su cuenta de Twitter el Presidente, publicó la propuesta que se debatía y que al final fue aprobada.
“En la reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural Conadur, abordamos el punto resolutivo 03-2021 para aumentar del 20% al 35% asignado a obras de infraestructura vial para el 2022 y lo demás será destinado para educación, salud, agua y saneamiento”, aseguró.
La inversión para las áreas sociales como salud, educación y agua y saneamiento se vieron reducidos a poco más de un 20 % para su ejecución poniendo en primer plano la infraestructura vial. Esta decisión no fue apoyada del todo por los alcaldes pues solo el 63 % de los integrantes del Conadur votaron a favor, 28 de 44.
- Lea: Elevan límite a 35% de obras de infraestructura vial para municipalidades
- Además: Vacunas: La presión hizo salir al Gobierno, pero conferencia no logró el objetivo
VETO SE CONOCERÁ EN AGOSTO
El veto y las observaciones a las reformas a la Ley de Compras y Contrataciones serán conocidos hasta que se reinicie la labor legislativa en el segundo periodo de sesiones ordinarias del año en el Congreso, es decir, agosto.
De momento, no se conocen las observaciones que enviará el mandatario, sin embargo, generó molestias entre diputados como el propio Allan Rodríguez, presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar y Manuel Conde, quienes defendieron la aprobación de la normativa.
