POR MANUEL GARCÍA
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Mientras continúa el proceso previo a la selección y nombramiento de magistrados titulares y suplentes que integrarán la Corte de Constitucional (CC) para el período 2021-2026, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), exhortó al Estado guatemalteco para que las entidades electoras que observen los estándares mínimos como mérito, capacidad, idoneidad y honradez, establecidos en el artículo 113 de la Constitución Política de Guatemala, así como por el derecho internacional en materia de Derechos Humanos.
En este sentido, el embajador Joel Hernández García, comisionado presidente de la CIDH y relator para personas defensoras de Derechos Humanos y Operadoras de Justicia se pronunció acerca de la importancia de la independencia judicial en Guatemala y abordó los estándares regionales para el nombramiento de magistrados de la CC, en un aporte que hizo para la Asociación Guatemalteca Jueces por la Integridad (AGJI).
El representante de la CIDH señaló que “la Comisión observa con preocupación que uno de los más graves riesgos que todavía prevalece en la región es la ausencia de reconocimiento del principio de separación de poderes en el ordenamiento de los Estados y el establecimiento, por el contrario, de la subordinación del Poder judicial al Ejecutivo”.
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El comisionado explicó que la separación e independencia de los poderes públicos es la piedra angular del sistema de pesos y contrapesos que debe existir en toda sociedad democrática para evitar el exceso del poder en contra de las personas gobernadas.
Enfatizó en que, solo en la medida que haya separación e independencia de los poderes públicos, puede prevalecer un auténtico Estado de Derecho. “Si alguno de estos poderes es coartado al interior de un Estado, se nulifica su función, se genera un riesgo para la comisión de violaciones de derechos humanos y consecuentemente se abren espacios para la impunidad”.
El comisionado de la CIDH indicó que, dentro del Estado moderno, la independencia del poder judicial tiene especial importancia para la preservación de la democracia. “El Poder Judicial puede considerar la legalidad, constitucionalidad y convencionalidad de las decisiones o políticas adoptadas por otros órganos del Estado”, remarcó.
Esta función sirve de límite a cualquier acto de autoridad que exceda el marco jurídico, es realizable sólo en la medida que exista y se garantice la independencia judicial, explicó Hernández.
Por último, el comisionado dijo que la elección de Magistrados a la CC es una oportunidad para que Guatemala fortalezca la independencia judicial a través de un procedimiento transparente e idóneo que debe ser plenamente aprovechado.
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