POR MARIELA CASTAÑÓN
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Hace algunos años, el sector de maquilas era el más denunciado ante el Ministerio de Trabajo (Mintrab), en la actualidad son los prestadores de seguridad privada, principalmente por incumplimiento de prestaciones laborales, de pago de salarios, y por cambio de condiciones de trabajo de los guardias privados.
SEGURIDAD PRIVADA EN GUATEMALA
Guatemala es un país donde la seguridad privada ha crecido significativamente, pero no existen controles estrictos para aplicar la Ley que Regula los Servicios de Seguridad Privada y Reglamentos, ni las leyes laborales, expresa Carmen Rosa de León, del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (Iepades).
Según la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada (Digessp) hasta el 8 de octubre de este año, había 210 prestadores de seguridad autorizados; en 2018, 190; 2017, 182; 2016, 173. Algunos operan con Acuerdo Ministerial y Gubernativo, y otros con licencia de operación otorgada por Digessp.
Además, hasta el 8 de octubre de 2019 han registrado 39 mil 315 guardias privados en Digessp: 20 mil 861 policías acreditados y 18 mil 454 aún debían cumplir con este requisito.
En 2018, la Digessp documentó 42 mil 025 agentes privados; en 2017, 42 mil 202 y en 2016, 40 mil 263.
De León opina que las autoridades deben aplicar la Ley vigente y cumplir con los derechos laborales de los guardias, pues no los respetan; lo cuestionable es que la Ley que Regula los Servicios de Seguridad Privada ha sido considerada como “una de las mejores a nivel mundial”, pero en Guatemala no se aplica.
DENUNCIAS
Las declaraciones de la representante de Iepades coinciden con los datos proporcionados por el Mintrab, que cuantifica un total de 5 mil 834 denuncias en el período de 2016 a 2019 de guardias de seguridad privada.
José Ángel Ortiz, subinspector general de Trabajo del Mintrab, explica que lo que más denuncian los guardias es el incumplimiento del pago de prestaciones laborales, de salarios y el cambio de condiciones de trabajo.
“Lo más frecuente es el incumplimiento de pago de prestaciones laborales, denuncian, por ejemplo, que los despidieron, renunciaron, pero no se les pagó, eso es básicamente. No les pagan salario, los trasladan de un lugar -a otro-, cambio de condiciones de trabajo”, dice.
Ortiz indica que anualmente planifican inspecciones, entre estas a los prestadores de seguridad privada y para ello se han apoyado con la Digessp, pues hay empresas que cambian de dirección física.
“Dentro de nuestros procedimientos anuales, planificamos planes operativos y dentro de esos planes operativos, no todos los años, incluimos a las policías particulares, visitamos más o menos unas 200 empresas de policías particulares, algunas se nos pierden porque se cambian de lugar, o cierran y abren con otro nombre, pero nosotros trabajamos –con- base a la Dirección que controla las empresas particulares y ellos nos proveen esos listados”, indica.
El entrevistado dice que antes las maquilas eran las más denunciadas en el Ministerio de Trabajo, ahora esta situación cambió por diferentes razones y está relacionado con varios factores.
“Es el sector más denunciado, antes eran las maquilas, ahora ya no, son las empresas de seguridad privada; se dan muchos factores, hay demasiada rotación de personal en las empresas de seguridad como hay tanta oferta, la gente cambia, no le gusta estar aquí, se va, se lleva el arma, se lleva el equipo, deja abandonado el puesto, esos son problemas para la empresa, pero también está la otra parte, donde la empresa despide, no les pagan, contratan por servicios profesionales y no les quieren pagar prestaciones laborales, o renuncian -los guardias- y nunca les pagan, o hacen convenios de pago y no cumplen, hay una cantidad de situaciones de ambos lados que generan mayor conflicto”, indica.
El entrevistado agrega: “Sin embargo, sí se ha -tenido- acercamientos con el sector organizado de las policías particulares para ver de qué manera pueden mejorar esas circunstancias que generan los problemas laborales”.
Ortiz dice que a hay 229 inspectores a nivel nacional y existe un promedio de 167 mil diferentes empresas registradas, también hay asociaciones, cooperativas y otras empresas pequeñas. Agrega que el crecimiento de las empresas es constante, así como la cantidad de población que se incorpora al trabajo, por tanto, admite que no pueden dar cobertura a todo.
“No se le da cobertura al universo de empresas, no lo tenemos exacto, el último reporte era de 167 mil empresas registradas de todo, pero aparte hay asociaciones cooperativas, una cantidad que requieren de la mano de obra de trabajadores y hay pequeñas empresas que tienen una o dos personas y esa no las tenemos bajo un registro, son subregistros que podrían existir”, indica.
Por otro lado, Dulce Zúñiga, de la Defensoría de las Personas Trabajadoras de la PDH, explica que entre 2015 y 2016 recibieron ocho denuncias de agentes de seguridad privada por el incumplimiento de pago de prestaciones, de salarios y malos tratos por parte de supervisores
Zúñiga expresa que la Digessp es la entidad que debe verificar y supervisar estas situaciones con los prestadores de seguridad privada, por eso también han supervisado la Digessp.
La representante de la PDH indica que han dado seguimiento al tema, el año pasado, por ejemplo, realizaron verificaciones a los guardias de seguridad privada, a través de visitas en garitas.
“La mayor parte de garitas donde laboran los guardias de seguridad privada son de colonias y se encuentran en condiciones precarias, los que tienen suerte tienen una colchoneta -pero- en mal estado, tienen problemas cuando quieren acudir al IGSS”, reitera.
La Hora consultó a la Digessp sobre la cantidad de supervisiones efectuadas a prestadores de seguridad privada por violación de derechos laborales de guardias privados, de 2016 a la fecha, pero al cierre de este reportaje no se obtuvo respuesta.
¿MENOS GUARDIAS MÁS PNC?
En el año 2016 y en los próximos años, las estadísticas de Digessp y de la institución policial, reflejaban que había más guardias de seguridad privada que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), sin embargo, en la actualidad supuestamente hay un poco más de fuerza policial estatal.
Según los datos, en 2016 había 40 mil 263 guardias privadas; en 2017, 42 mil 202; 2018, 42 mil 025 y para el 8 de octubre de este año, 39 mil 315.
Por otro lado, las estadísticas de la PNC evidencian que en el año 2016 en el área operativa había 36 mil 211 PNC; en 2017, 39 mil 378; 2018, 38 mil 635; 2019, 40 mil 905.
Carmen Rosa de León, opina que la estadística que refleja menos guardias privados que agentes de la PNC, responde a que los empresarios de la seguridad privada estarían registrando ante la Digessp menos guardias, con el objetivo de evadir el pago de prestaciones, salario mínimo y otros beneficios económicos de cada trabajador.
“Hemos visto que en algunos casos no quieren declarar, por eso el número es menor, un análisis que hicimos (hace algunos años) -reflejaba- que casi el 80 por ciento de los guardias no ganaban el salario mínimo”, indica.
¿QUÉ DICE LA CÁMARA DE SEGURIDAD?
Rodolfo Muñoz Piloña, presidente de la Cámara de Seguridad, que representa a un promedio de 45 empresas que brindan diferentes servicios de seguridad privada, fue consultado por la información relacionada a que los prestadores de seguridad privada son el sector más denunciado en el Ministerio de Trabajo, respondió que frente a la Inspección de Trabajo hay “un montón de jaladores” de una organización que se “salta el proceso de intermediación” con la Inspección de Trabajo y se van directamente a demandar.
“Es un negocio tan bueno para los abogados, porque en cuanto tienen un posible cliente que es un guardia, se lo llevan de una vez, no cuentan también que hay complicidad con algunas personas dentro de las mismas instituciones del Ministerio de Trabajo, entonces obviamente ha subido”, argumenta.
Muñoz indica que la información proporcionada por el Mintrab podría ser correcta, pero reitera que los culpables son los miembros de una “organización” que lleva a los guardias directamente a un Bufete de Abogados; en este negocio están obteniendo alrededor de Q4 millones al mes, porque les quitan a los trabajadores hasta el 60 de las prestaciones que “entre comillas ellos ganan en los juicios”.
“Los datos de ellos -del Mintrab- pueden ser muy correctos, pero no explican el origen. No le estoy diciendo que no sea cierto ¿me explico? Sino que le estoy diciendo que esta organización de abogados tiene jaladores, usted lo puede verificar en la Inspección de Trabajo, hay por lo menos unos 4 o 5 jaladores que están llevando a los trabajadores directamente al bufete de estos abogados que no llegan a la negociación, sino que se van directamente a la demanda de los patronos”, dice Muñoz.
El presidente de la Cámara de Seguridad indica que dentro de los prestadores de seguridad privada existe disposición de cumplir con las leyes laborales. Agrega que a quienes trabajan legalmente los “buscan y persiguen” y ejemplifica que cuando se creó la Digessp la intención era perseguir a las empresas ilegales, pero resulta que sancionan y persiguen a los que están legales, lo mismo sucede con la Inspección de Trabajo, cuestiona que a las compañías ilegales “nadie las molesta”.
Al entrevistado se le consultó sobre el análisis que hace Iepades, en relación a que los empresarios de la seguridad privada no registran a todos los guardias en Digessp para evadir pagos y beneficios laborales. Responde que se quiere distorsionar la información.
“Como distorsionan la información… sencillamente si no hay más guardias reportados es porque no existen, punto, se lo jalan de una vez de que uno no los reporta para no pagar prestaciones, nada que ver. Perdone, pero eso es una fumada de los que siempre andan fastidiando a los que tienen que ver con seguridad”, reitera.
Al entrevistado también se le planteó la pregunta de las denuncias relacionadas a que cuando un guardia denuncia a una empresa privada por violación a sus derechos laborales, los prestadores hacen una campaña en contra del trabajador para que no lo contraten, a lo que responde:
“Nada que ver, hay tanta necesidad de mano de obra que no hay que poner a nadie en contra de nadie, si es un profesional y se fue la gente a demandar, resuelve el problema y se olvida. Lo más que hace uno es no volver a contratarlo en su empresa, porque es problemático el guardia, ya no lo contrata y punto”, explica Muñoz.
