Este miércoles el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, presentó un Amicus Curiae ante la Corte de Constitucionalidad (CC) por la acción de inconstitucionalidad que fue presentada contra la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) por el abogado Otto Gómez.
Cabe mencionar que, Gómez fue auxiliado por el abogado de Sandra Torres, Leonel Enrique Castañeda Tejada, para plantear una acción de inconstitucionalidad en la CC para que se deje sin efecto el Acuerdo 59-2019 que dio vida a la FECI dentro del Ministerio Público (MP).
En tal contexto, el PDH presentó un recurso para que sea tomado en cuenta en la resolución del pleno a la inconstitucionalidad planteada. Señaló que, luego de realizar una lectura a los argumentos del recurso que refiere al Decreto 35-2007, se percató de que dicha norma no se encuentra vigente, por lo que no es «susceptible a ser atacado por inconstitucionalidad».
El Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, presentó esta mañana un AMICUS CURIAE ante la CC en relación a la acción de inconstitucionalidad planteada contra la FECI.
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— Diario La Hora (@lahoragt) June 2, 2021
Agrega que la acción «carece de la expresión clara de los motivos jurídicos en que descansa la impugnación del Acuerdo de Fiscalía 59-2019 y se centra en atacar la legalidad del acuerdo de creación de la -otrora- Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala». Aunado a ello refirió que la normativa no se encuentra vigente y por ende no es objeto de inconstitucionalidad.
En ese sentido, el Procurador señala consideraciones al pleno de la CC para ser tomadas en cuenta al momento de resolver, destacando el impacto negativo de la corrupción en la democracia y el Estado de Derecho, y la labor de la FECI en la lucha anticorrupción.
«La existencia de órganos de investigación como la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), es fundamental para luchar contra la corrupción en Guatemala ya que, a través de su experiencia, busca investigar las acciones en las que pudieran verse involucrados empleados y funcionarios públicos, que en la búsqueda de un beneficio propio o de terceros, perjudican el bienestar común del pueblo guatemalteco y con ello, permiten la violación de los Derechos Humanos. De ahí, la importancia de su existencia, como garante del estado de Derecho», asegura.
Por último, en cuanto a aspectos jurídicos, el PDH asegura la legalidad de la Fiscalía, enfatizando que se encuentra dentro de la Ley Orgánica del MP.
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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD
El recurso planteado por el abogado Gómez argumenta que “la inconstitucionalidad es notoria y susceptible a causar más daños irreparables a los ciudadanos guatemaltecos (as) y demás personas que residen o viven dentro del territorio nacional de Guatemala, independientemente de su nacionalidad que puedan ser afectados”.
En ese sentido, pide que se decrete sin vigencia el acuerdo de creación de la FECI, y pide audiencia con el MP, la Procuraduría General de la Nación (PGN), FECI, y “todas aquellas entidades que la Corte considere oportuna concederla audiencia”.
La FECI fue creada por medio de un convenio entre el MP y la CICIG, así también por el acuerdo entre el gobierno guatemalteco y la Organización de Naciones Unidas el 12 de diciembre de 2006.
La instalación de la FECI fue aprobada por el Congreso de la República a través del Decreto 35-2007 y en 2018 se integró a la estructura organizacional dentro del MP.
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