El pasado viernes 28 de mayo, se dio a conocer que Otto Gómez con auxilio de Leonel Enrique Castañeda Tejada, abogado de Sandra Torres, planteó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para dejar sin efecto el Acuerdo 59-2019 que dio vida a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) dentro del Ministerio Público (MP). La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham) se pronunció a favor de esa unidad de investigación.
“En #AmchamGT apoyamos a los organismos que luchan contra la corrupción e instamos al @Mpguatemala y la #FECI a continuar realizando una labor a favor de la transparencia”, indicó por medio de su cuenta de Twitter esa cámara empresarial.
Además, destacó que la lucha contra la corrupción es clave para el crecimiento económico y la prosperidad del país.
En #AmchamGT apoyamos a los oganismos que luchan contra la corrupción e instamos al @MPguatemala y la #FECI a continuar realizando una labor a favor de la transparencia. La lucha contra la corrupción es clave para el crecimiento económico y la prosperidad de #Guatemala.
— AmCham Guatemala (@AmChamGT) May 31, 2021
SOBRE LA ACCIÓN
En el documento presentado se argumenta que “la inconstitucionalidad es notoria y susceptible a causar más daños irreparables a los ciudadanos guatemaltecos (as) y demás personas que residen o viven dentro del territorio nacional de Guatemala, independientemente de su nacionalidad que puedan ser afectados”.
En este sentido, plantea que se decrete sin vigencia el acuerdo de creación de la FECI, y pide audiencia con el MP, la Procuraduría General de la Nación (PGN), FECI, y “todas aquellas entidades que la Corte considere oportuna concederla audiencia”.
Por otro lado, en el documento se consigna que Gómez fue auxiliado por los abogados Estuardo Alejandro Alfonso Illescas y Leonel Enrique Castañeda Tejada, siendo este último abogado defensor de la expresidenciable Sandra Torres.
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MÁS DE 10 AÑOS EN FUNCIÓN
La FECI fue creada por medio de un convenio entre el MP y la ahora extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), además por el acuerdo entre el gobierno guatemalteco y la Organización de Naciones Unidas el 12 de diciembre de 2006.
La instalación de la Fiscalía fue aprobada por el Congreso de la República a través del Decreto 35-2007 y en 2018 se integró a la estructura organizacional dentro del Ministerio Público.
