Por María España
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Ayer, 14 de mayo, se cumplió un mes de la toma de posesión de la nueva Corte de Constitucionalidad (CC), donde Roberto Molina, Leyla Lemus y Dina Ochoa, designados por los organismos Legislativo, Judicial y Ejecutivo, fungen como magistrados titulares.
Los magistrados María Cristina Fernández y José Francisco de Mata Vela, continúan en la magistratura mientras la situación de sus sucesores se aclara. Rony López, Walter Jiménez, Juan José Samayoa y Luis Rosales, asumieron como suplentes.
Durante este tiempo, el Tribunal ha emitido resoluciones que han sido cuestionadas, no solo a nivel nacional, sino que también internacional. A continuación, los temas que dominaron el primer mes de la CC:
RECHAZO A APELACIONES DE CSU
A días de haber sido juramentado el nuevo pleno de magistrados titulares y suplentes a la CC, el 26 de abril estos rechazaron dos apelaciones planteadas por el Consejo Superior Universitario (CSU) en contra de los amparos presentados por la designación de Gloria Porras a la magistratura titular.
Uno de los recursos rechazados por la CC fue contra el amparo de la Sala Sexta de Apelaciones, requerido por el abogado Erwin Rueda, el cual ya había sido suspendido en definitiva argumentando que perdió “materia”.
Mientras que la otra acción fue por el amparo emitido por la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo a favor de Roberto Estuardo Morales Gómez, la cual detuvo la juramentación de Porras ante el Congreso de la República el 13 de abril.
REVOCACIÓN A AMPARO DE LEY DE ONG’S
Mientras que el pasado 12 de mayo, la CC informó sobre su decisión de revocar el amparo provisional emitido el año pasado a favor de varias organizaciones contra el Congreso de la República y el presidente de la República, Alejandro Giammattei por reformas a la Ley de ONG’s.
De acuerdo con la resolución de expedientes acumulados, la Corte determinó denegar en definitiva los amparos solicitados debido a que “los actos a los que los postulantes endilgan condición de amenazantes no encuadran en la categorización de “actos inminentes” cuyo análisis resulta posible por conducto del amparo”.
Con esta decisión se permitiría la entrada en vigor del Decreto 4-2020, en donde se señala entre otros aspectos que, las Organizaciones No Gubernamentales que usen fondos para realizar actividades que “alteren el orden público” serán canceladas de manera inmediata en el Registro de las Personas Jurídicas (Repeju) del Ministerio de Gobernación.
Sobre esto, tanto la congresista estadounidense Norma Torres como el presidente del Subcomité para el Hemisferio Occidental, Albio Sires, expresaron su preocupación, de igual manera Julie Chung, subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.
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APELACIÓN DE MARIO Y RODRIGO LEAL
Ese mismo día, también se dio a conocer que se declaraba parcialmente con lugar un recurso de apelación presentado por Mario Roberto Leal Pivaral y Rodrigo Leal Castillo.
Por medio de un comunicado, la Corte aclaró que el recurso de apelación fue planteado por la inconstitucionalidad del artículo 407 “O” del Código Penal, el cual regula el delito de financiamiento electoral no registrado.
En 2015, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público y la ahora inhabilitada Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) revelaron que más de Q27 millones de financiamiento al partido político Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) no fueron registrados ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Sin embargo, Leal Castillo y Leal Pivaral indicaron que el delito por el cual fueron señalados entró en vigor en 2018, después de los hechos señalados por la FECI. Con ello buscan que la orden de captura en su contra quede sin efecto.
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INFORME DE MOVIMIENTO MIGRATORIO DE A. CARRILLO
Por último, el viernes el máximo Tribunal informó que solicitó un informe al Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) sobre los movimientos migratorios del abogado Alfonso Carrillo Marroquín, para determinar que no se encontraba en el país cuando accionó en diversos casos.
En la resolución se detalla que el abogado pudo haber comparecido a la CC en calidad de parte o como tercero interesado en los procesos tramitados en este órgano, sin cumplir con los requisitos previstos en el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil, específicamente el relativo a “la determinación de la firma del solicitante”.
Por su parte, Comunicación Social de la CC indicó que “no admite gestiones de personas que no estén en el país y precisamente Oscar Fernando Scheel puso en conocimiento que el abogado Carrillo litigaba mientras no se encontraba en Guatemala”.
En este sentido, se ordenó el traslado del caso al Ministerio Público (MP) y al Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) para las diligencias correspondientes.
RESUELVE MÁS CASOS SOBRE FINANCIAMIENTO ELECTORAL
La CC otorgó un amparo provisional a Felipe Antonio Bosch Gutiérrez quien se encontraba señalado inicialmente por el Ministerio Público, por el delito de financiamiento electoral por presuntamente entregar fondos al partido político FCN-Nación para la campaña electoral del 2015, en ese contexto se indicó en el amparo que, al momento de ser enviado a juicio, la jueza de Mayor Riesgo “D”, Erika Aifán, le imputó el 5 de diciembre de 2018, el delito de financiamiento electoral no registrado.
Asimismo, la CC dio a conocer este día que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por Julio Roberto García- Merlos García, en calidad de abogado defensor de Antonio Juan Cristiani Burkard quien también se encuentra señalado dentro del caso Financiamiento Electoral de la UNE, otorgando el amparo provisional dejando en suspenso la citación del veintiuno de mayo de 2019, dictada por la jueza de Mayor Riesgo “A”, Claudette Domínguez en tanto se tramita y resuelve en definitiva la presente garantía constitucional.
Finalmente, ese día se informó por parte de la CC, que se declaró con lugar una apelación interpuesta por parte del empresario José René González Campo-Hinojosa, dejando en suspenso la resolución del Juzgado de Mayor Riesgo “D”, a cargo de la jueza Erika Aifán, de fecha 11 de julio del 2019, en donde se envió a debate a González-Hinojosa por los delitos de financiamiento electoral no registrado por brindar fondos al exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, durante la campaña electoral del partido PP.
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