Por María España
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El semanario británico “The Economist” publicó este jueves, un artículo refiriéndose al impedimento que sufrió Gloria Porras para ser juramentada a la Corte de Constitucionalidad (CC) para el período 2021-2026. En este, señala que el sistema de justicia en Guatemala ha sido obstaculizado en diversas ocasiones, debilitando el Estado de Derecho.
El 13 de abril, el Congreso de la República se negó a juramentar a Porras como magistrada titular a la máxima Corte, quien tiene una reputación de independencia, según el semanario.
“La medida es el último esfuerzo para expulsar a la Sra. Porras, quien ha enfrentado una serie de demandas de grupos que se cree actúan en nombre de políticos corruptos, difamaciones en los medios de comunicación e intentos de despojarla de su inmunidad como juez”, indica.
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Sobre ello, detalla que, durante su gestión como magistrada a la CC, Porras falló en contra de ricos y a favor de los marginados, así también impulsó los derechos de los indígenas, quienes ocupan el 40% de la población total. Asimismo, destaca que Porras ayudó a bloquear una propuesta del Organismo Legislativo de otorgar amnistía por crímenes de lesa humanidad.
Además, señala que la presión contra Porras ha aumentado, luego de que Alejandro Giammattei asumiera como presidente de la República, siendo sucesor de Jimmy Morales y recuerdan que, en 2019, se negó a renovar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), la cual contaba con el respaldo de la Organización de Naciones Unidas (ONU), y que procesó con “éxito a políticos y empresarios corruptos”.
ESTADO DE DERECHO EN RIESGO
En tal sentido, The Economist detalla otros casos en el que el sistema de justicia ha tenido obstáculos. De acuerdo con la Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés), el proceso de una ley creada en 2009 para dar “transparencia” a los comités que nombran los jueces de la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones, se ha visto “empañado por conflictos de intereses y manipulación criminal”.
Añade que el año pasado, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) demostró que un empresario en prisión preventiva con vínculos en corrupción había intentado manipular el proceso de selección del CSJ, refiriéndose a Gustavo Alejos.
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En cuanto a los nuevos magistrados a la CC, indica que hay jueces que tienen vínculos “estrechos” con el presidente Giammattei, señalando a Leyla Lemus, quien fue secretaria general de la Presidencia.
“Esto debilitará aún más el Estado de Derecho en Guatemala, uno de los factores detrás de la migración de sus ciudadanos hacia el norte”, puntualiza el semanario.
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