Por María España
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Durante 2020, la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras, reafirmó en numerosas ocasiones su compromiso en la lucha contra la corrupción por medio de su gestión y de las distintas fiscalías con las que cuenta la entidad.
Sin embargo, desde el inicio de su gestión en 2018, se ha caracterizado por iniciar investigaciones de “oficio”, muchas veces por anomalías expuestas por medios de comunicación en la gestión pública o bien por presión social, muchas de las cuales no se ha conocido de su resolución o mayores avances.
Contra el expresidente Jimmy Morales, el Ministerio Púbico anunció al menos cuatro investigaciones.
Además, inició pesquisas contra la Junta Directiva del Congreso que presidió en 2018 el diputado Álvaro Arzú Escobar, por autorizar la indemnización de más de 20 trabajadores y que representó una erogación de más de Q20 millones.
A la vez, el MP empezó pesquisas contra el “Pacto de Corruptos”, también para esclarecer el caso de los antecedentes policiales borrados a Sammy Morales, hermano del expresidente, desobediencias a la CC, los posibles vínculos de Cash Luna con Marllory Chacón, el uso de Jeeps J8 para intimidar a personal diplomático en el país, la fuga de información en el Caso Red de Poder, Corrupción y Lavado de Dinero, la presunta responsabilidad de funcionarios en la tragedia del volcán de Fuego, entre otros.
Y recientemente el MP ha anunciado investigaciones por compras irregulares en el Insivumeh, la falsificación de la firma del exdirector de Caminos, las manifestaciones del #21N, la adquisición de pruebas falsas para detectar Covid-19.
Al menos 18 casos se han conocido públicamente y poco se ha sabido de sus avances o si concluyeron.
Consuelo Porras, además, ha sido criticada por no autorizar la tercera fase del caso Comisiones Paralelas 2020, el cual implicaría el planteamiento de antejuicios, aunque el titular de la FECI, Juan Francisco Sandoval, ha explicado que trabajan en establecer los elementos que podrían vincular a algunas personas, por conductas que ameritan planteamientos de antejuicio y que obligan al MP agotar el trámite correspondiente.
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18 investigaciones sin avances en el MP de C. Porras pic.twitter.com/Nu1Mf2D7Vx— Diario La Hora (@lahoragt) March 24, 2021
INVESTIGACIONES CONTRA JIMMY MORALES (4)
A finales de 2019, la fiscal general indicó que en los casos en los que podría estar involucrado el expresidente Jimmy Morales, los fiscales tenían la misma instrucción que con cualquier otra persona investigada, que es la de atender los mismos de manera pronta y cumplida.
A poco tiempo de que Alejandro Giammattei fuera nombrado nuevo presidente de la República, en enero de 2020, se dieron a conocer investigaciones en relación con el mandatario saliente.
La Fiscalía contra la Corrupción informó que se tenía en investigación tres casos con señalamientos en contra de Morales, siendo estos: la compra de aviones Pampa III, el viaje a Israel para el traslado de la embajada guatemalteca de Tel Aviv a Jerusalén, y la emisión de cheques a Othmar Sánchez, de la corporación Fulanos y Menganos, a favor de Morales y su esposa Patricia Marroquín.
Después de un año de darse a conocer los casos, la Fiscalía detalló a La Hora los principales avances en las investigaciones. Stuardo Campo, jefe de la Fiscalía contra la Corrupción, sobre la posible compra de dos aviones Pampa III, indicó que el expediente continúa siendo analizado a pesar de que no hubo alguna adquisición por parte del Estado.
“Estamos analizando para ver si existe una afectación funcional o alguna ilegalidad en los trámites previos que pudiera orientarnos a adoptar alguna decisión, pero, en este momento, el estado de ese caso es en investigación”, aclaró.
En relación con el traslado de la embajada en Israel, Campo explicó que se dieron emplazamientos a la Contraloría General de Cuentas (CGC), debido a que la fiscalía no había recibido los resultados de auditorías e informes solicitados, a efecto de completar la investigación y análisis para dar resolución.
Le recordamos esta nota: ¿Qué pasó con las investigaciones “de oficio” de Consuelo Porras?
Mientras que, del expediente de la emisión de cheques por Sánchez, el fiscal expresó que se encuentra bajo reserva judicial, por lo que no proporcionó más detalles.
Esa Fiscalía también investigaba la sociedad fantasma del expresidente Jimmy Morales, vinculada con el uso de fondos públicos, Tabacos de Zacapa S.A. pero este caso no fue mencionado por Campo.
La entidad “Tabacos de Zacapa S.A.” fue creada el 11 de marzo de 2019, por el notario Eskevin Noé Castellanos Mérida quien estaba contratado en la Secretaria Privada de la Presidencia y la que tiene como accionista fundador al expresidente Jimmy Morales, su esposa Patricia Marroquín de Morales, su hermano Samuel Everardo Morales, sus hijos, Samuel Alfredo Morales Marroquín, José Manuel Morales Marroquín, su primo Garbin Alfredo Cabrera Cruz y en ese entonces agente de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia, Miguel Ángel Castañeda Navas. Este caso fue dado a conocer por La Hora el 14 de enero de 2020.
- INDEMNIZACIONES EN EL CONGRESO
La Fiscalía de Delitos Administrativos tenía a su cargo las pesquisas en contra de miembros de la Junta Directiva del Congreso del 2018, presidida por Álvaro Arzú Escobar, por autorizar el pago de casi Q23 millones para indemnizar al menos a 20 trabajadores del Legislativo.
Esta información también fue dada a conocer por La Hora en su momento y en un principio, existió confusión si la Fiscalía contra la Corrupción o Delitos Administrativos lo tomaría y hasta el momento no se ha conocido de alguna acción por parte de esta última unidad.
- FIRMA “FALSIFICADA” DE CAMINOS
La Fiscalía contra la Corrupción inició una investigación el 27 de octubre de 2020, luego de darse a conocer que Q135 millones fueron transferidos de la Dirección General de Caminos hacia un destino “desconocido”. Un día antes, el ahora ex titular de Caminos, Fredy Chojolán, informó en citación en el Congreso de la República, que su firma fue falsificada para realizar las transferencias; sin embargo, este fue destituido del cargo.
Chojolán justificó que la falsificación ocurrió cuando él estuvo hospitalizado por Covid-19, del 15 de julio al 1 de octubre. “No puedo decir nada, porque como no estuve ahí, estaba hospitalizado, ni me recuerdo cuando fui al sanatorio, imaginé con eso, por temas de COVID-19”, indicó en su momento.
El fiscal Stuardo Campo informó, luego de darse a conocer el caso, que se le requerirían informes circunstanciados al Ministerio de Comunicaciones, al Ministerio de Finanzas Públicas y la Dirección Técnica del Presupuesto para establecer si el evento cumplió con lo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto. Detalló que con ello se establecería el destino de los fondos, si estos fueron transferidos a la Dirección General de Caminos o si ya fueron utilizados.
Además, la Fiscalía realizó diligencias de allanamiento para el secuestro de evidencias en Caminos y en Finanzas. Sobre esto, Campo aseguró que, con la documentación original, se solicitó un peritaje con el propósito de establecer si Chojolán había firmado o no los documentos; no obstante, “en su momento” se darán a conocer los resultados.
“El objeto de esta investigación era que él decía que no era su firma; que le habían falsificado su firma dentro de los documentos. Nosotros le solicitamos a la Dirección General de Caminos que nos informaran cuáles serían los proyectos que se iban a beneficiar con esas transferencias. Ya con esa información, le pedimos a la Contraloría auditar esos proyectos para determinar su estado actual y avance de ejecución y financiero. También necesitamos saber qué se hizo el dinero”, puntualizó.
- MANIFESTACIÓN #21N
Porras aseguró, el 23 de noviembre de 2020, que el Ministerio Público integró un equipo “especializado” para la investigación sobre las protesta registrada dos días antes, que generaron la quema parcial del edificio del Congreso de la República. En dicha ocasión, la fiscal general destacó que la investigación de los presuntos hechos delictivos sería con “objetividad e imparcialidad”.
Cabe destacar que la manifestación fue realizada por los ciudadanos, donde expresaron su rechazo a la aprobación del Presupuesto General de la Nación 2021 por parte del Legislativo.
Después de casi cuatro meses de la manifestación, el MP indicó que la investigación continúa en curso. Organizaciones de la sociedad civil y diputados responsabilizaron por el uso excesivo de fuerza contra manifestantes al ministro de Gobernación, Gendri Reyes y José Antonio Tzubán, director de la PNC.
El equipo de investigación está integrado por Fiscalía de Distrito Metropolitano, Fiscalía de Delitos Administrativos, Fiscalía de Delitos contra la Vida e Integridad de las Personas, Fiscalía de Delito contra Periodistas, Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio de la Nación y Fiscalía contra la Extorsión.
- LOS Q22 MILLONES DE INSIVUMEH
Durante el mismo mes, en La Hora se dio a conocer una denuncia sobre una empresa vinculada al diputado Jorge García Silva, del partido Prosperidad Ciudadana, la cual habría sido beneficiada por dos contratos que ascienden a más de Q22 millones del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología Meteorología e Hidrología (Insivumeh).
En este sentido, la Fiscalía contra la Corrupción realizó diligencias en la institución, secuestrando expedientes. El Insivumeh expresó, por medio de un comunicado, que el MP “constató y verificó toda la documentación de la empresa y eventos mencionados, y que no ha existido ninguna alteración o eliminación de ningún documento”.
Luego de la publicación del reportaje por parte de esta Redacción, el diputado García se comunicó para expresar que eran “un montón de mentiras” y se desligó de la relación con la empresa.
A decir de Campo, a partir del decomiso de los expedientes se coordinó con la CGC para practicar las auditorias correspondientes, además, se encuentra en desarrollo un análisis criminal y financiero. Estas acciones registran un “avance considerable”, según el fiscal. Señaló que con ello se podría resolver si es procedente una acción conforme a la ley.
- PRUEBAS FALSAS COVID-19
El 21 de febrero, la agencia internacional de noticias, Associated Press (AP), expuso la denuncia del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) contra la compra de 30 mil pruebas falsas de Covid-19 por Q7.3 millones para que fueran distribuidas en los Hospitales de Zacapa, Huehuetenango y Chimaltenango.
Al 26 de febrero, la Fiscalía contra la Corrupción realizó diligencias de allanamiento en la sede y bodegas de Kron Científica Industrial, S.A., donde fueron decomisadas pruebas de Covid-19.
Según el titular de la Fiscalía, fueron secuestradas pruebas, así como el expediente administrativo. Además, indicó que se solicitaron pericias, en calidad de anticipo de prueba, sobre las pruebas de Covid-19 para que el Laboratorio Nacional de Salud dictamine sobre una muestra más representativa.
“Hemos solicitado diversas autorizaciones judiciales para obtener información. Allanamos las instalaciones de Kron Científica Industrial, S.A., determinando la existencia de algunas de las pruebas que eran parte del lote que, en teoría, no era útil.”, expresó.
Asimismo, Campo informó que se está dictaminando de manera “formal” algunos requerimientos a Texas en los Estados Unidos, porque para el caso se necesita “información fidedigna” de parte de la entidad Atila Biosystems a fin de corroborar si existe relación comercial con Kron. “Son diligencias que ya encaminamos por la vía oficial para poder tener la colaboración de las autoridades de los Estados Unidos de América.”, aseveró.
Además, indicó que se ha recabado información de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) respecto a importaciones de lotes de pruebas. Destacó que se tendrán elementos “suficientes” para que a corto plazo se definan las acciones correspondientes.
- CASO VOLCÁN DE FUEGO
Por la tragedia ocurrida el 3 de junio de 2018 en comunidades aledañas al volcán de Fuego, la fiscal anunció una investigación de oficio para determinar si se activaron protocolos necesarios para tomar decisiones prudentes y oportunas. El caso fue tomado por la Fiscalía de Delitos contra la Vida, sin embargo, no se han dado más detalles respecto a las pesquisas.
Únicamente fue citado a primera declaración el exdirector Ejecutivo de la Conred, Sergio Cabañas y 12 personas más, pero el juzgado a cargo del caso dictó falta de mérito.
- USO DE LOS JEEPS J8
El 3 de septiembre del 2018, la Fiscalía de Derechos Humanos anunció la investigación de oficio para determinar si la decisión del gobierno de Morales de circular los vehículos Jeep J8 en los alrededores de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) era una forma de intimidar a operadores de justicia.
El caso fue trasladado a la Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas.
- DESOBEDIENCIA A LA CC
El 28 de enero del 2019, el MP informó que se estaría investigando de oficio si se estaban respetando las resoluciones que había emitido la Corte de Constitucionalidad (CC) en torno a un amparo que dejó sin efecto una resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra tres magistrados de la CC.
En su momento, la Fiscalía de Delitos Administrativos explicó al vespertino que, para dichos casos, se tiene que confrontar la información, debido a que provienen de una sentencia de la CC, por lo que se debe ver si se solicitó en su momento una debida ejecución.
Se destacó que se debería esperar que alguien solicite una debida ejecutoria del caso y que la máxima Corte lo conceda.
- ANTECEDENTES DE SAMMY MORALES
El 30 de enero de 2019, el MP anunció la investigación luego de que La Hora revelara que Sammy Morales, hermano del exmandatario Morales, la PNC eliminó sus antecedentes policiales, previo a su postulación como diputado al Congreso por el partido FCN-Nación.
Cabe destacar que Sammy tenía abierto el caso Botín Registro de la Propiedad.
- PACTO DE CORRUPTOS
El 21 de enero de 2020, el titular de la Fiscalía Contra la Corrupción, Stuardo Campo dio a conocer que tiene una investigación relacionada con la existencia de un “Pacto de Corruptos”, la cual se inició por orden de la Fiscal General, María Consuelo Porras, de la cual no se ha sabido más.
- VÍNCULOS DE CASH LUNA CON MARLLORY CHACÓN
La Fiscalía Contra el Lavado de Dinero tenía a su cargo las pesquisas del posible vínculo entre el pastor Cash Luna y la narcotraficante Marllory Chacón, para financiar la construcción del templo Casa de Dios ubicado en el kilómetro 21 de la Carretera a El Salvador, Fraijanes. La cadena de televisión Univisión fue la que señaló esa presunta relación, sin embargo, no se ha vuelto a saber de avances en este tema.
- FILTRACIÓN DE INFORMACIÓN CASO RED DE PODER
El MP anunció en agosto de 2019 que se investigaría la fuga de información que ocurrió en el Caso Red de Poder, Corrupción y Lavado de Dinero, esto debido a que cuando se buscaba ejecutar cuatro órdenes de captura, una de ellas en contra de Gustavo Alejos, ninguna se pudo efectuar. Un día antes que se buscaran hacer las aprehensiones, en Twitter, se indicó que habría “capturas y allanamientos”. Las averiguaciones le corresponden a la Fiscalía de Delitos Administrativos, tampoco se ha conocido de avances.
- CONSPIRACIÓN EN EL IGSS Y EL CAMBIO DE FISCALÍA
La Fiscal General, María Consuelo Porras Argueta, ordenó en septiembre que se trasladara la investigación por la supuesta conspiración contra el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) a la Fiscalía contra Delitos Transnacionales, luego de estar asignado a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).
Sin embargo, desde el cambio de Fiscalía no se ha conocido de avances en la indagación por este caso.
En su momento, el MP justificó que el traslado a la Fiscalía contra Delitos Transnacionales fue porque los hechos tienen relación con situaciones en el ámbito transnacional.
- DENUNCIA CONTRA MÉNDEZ RUIZ POR REVELAR INFORMACIÓN DE CASO EN RESERVA
También en septiembre de 2020, el jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, indicó que denunciaría al presidente de la Fundación contra el Terrorismo (FCT), Ricardo Méndez Ruiz, por los delitos de tráfico de influencias y revelación de información reservada, luego de que este publicara en sus redes sociales documentación del Sistema Penitenciario (SP), en donde se podía apreciar las visitas que el exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi habría recibido y que estaban bajo reserva.
El juez de Mayor Riesgo “B”, Miguel Ángel Gálvez ordenó una investigación por este suceso, consultada la FECI, cómo había avanzado este proceso se indicó que les fue ordenado remitirla a la Oficina de Atención Permanente para que otra fiscalía se encargara, de lo cual se informó al togado que diligenció la pesquisa. De este hecho tampoco se han conocido avances.
¿FALTA DE PERSONAL O DE VOLUNTAD?
Jorge Wong, politólogo y analista independiente, indicó que existen casos que han sido trasladados de una administración a otra, lo cual “se lleva bastante tiempo”, no obstante, que la jefa del MP, Consuelo Porras, debe proporcionar las herramientas necesarias para el seguimiento a las investigaciones.
“Tiene mucho que ver la labor del jefe, el o la fiscal general, para darle premura y poner a la disponibilidad de los subalternos las medidas necesarias para que los casos caminen rápido”
Jorge Wong, politólogo
En este sentido, señaló que es probable que las fiscalías del MP tengan una cantidad reducida de personal asignado para dar seguimiento a los casos de alto impacto. Aunado a ello, Wong afirmó que la crisis sanitaria por el Covid-19 y la “burocracia” en Guatemala han retardado los casos.
“El poco personal no da abasto para todas las investigaciones que están surgiendo. Deben ampliar al personal y las cualificaciones de las personas que trabajan en la institución. El Ministerio Público es el ente investigador por excelencia del Estado de Guatemala y tiene que darse abasto porque de eso depende mucho la generación de la justicia.”, destacó.
Para el analista, la depuración del sistema de justicia sería una estrategia para que los casos “fluyan” con una certeza científica a efecto de que no existan dudas contra los acusados. Mencionó que la FECI es la que ha demostrado, a la población, mayor entereza en las investigaciones que realiza.
Por el contrario, Luis Linares, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), señaló que el Ministerio Público ha demostrado “lentitud y negligencia”, siendo un “actor pasivo” ante la lucha contra la corrupción e impunidad.
“Recursos tiene, personal tiene. Se supone que hubo una serie de proyectos de cooperación que ha recibido el Ministerio Público, así como el apoyo externo. Además, en los últimos años ha aumentado la formación del personal en estudios de postgrado en temas relacionados con investigación criminal. La excusa no puede ser falta de recursos o personal”.
Luis Linares, Asies.
No obstante, considera que ha sido evidenciado el compromiso de Juan Francisco Sandoval, titular de la FECI, en las investigaciones develadas, pero, que depende del equipo humano que se le haya asignado para desarrollar “casos sólidos”.
