Por medio de las redes sociales se dio a conocer que la CSJ, rechazó el antejuicio promovido contra el magistrado de conciencia, Jordán Rodas. Foto: La Hora/Archivo.

POR MARÍA ESPAÑA
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La Junta Directiva del Congreso de la República ha incumplido con el traslado de Q20 millones como aporte extraordinario al presupuesto aprobado a la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH). Por ello, la PDH ha solicitado a la Corte de Constitucionalidad (CC), que certifique lo conducente contra la JD, ya que no se ha continuado con el proceso de desembolso, a pesar de que esta ha recibido dos ordenamientos de la CC para que efectúe el traslado de los fondos.

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HABRÍA RESPONSABILIDAD PENAL EN INCUMPLIMIENTO

De acuerdo con la PDH, la Junta Directiva del Congreso de la República, tendría responsabilidad penal por el incumplimiento en el traslado de los fondos. Además, cabe mencionar que, en la JD aún se encuentra el diputado Luis Alfonso Rosales, quien fue electo como magistrado suplente a la CC y no ha renunciado al cargo, aunque lo ha mencionado con anterioridad.

En su caso, el tema de las responsabilidades penales podría ser causal para no asumir como Magistrado Suplente de la Corte de Constitucionalidad el próximo período 2021-2026.

El diputado Luis Rosales dijo que renunciará a su puesto pero de momento sigue siendo parte de la directiva. Foto La Hora/José Castro

LAS ACCIONES

El 18 de noviembre de 2020, la CC otorgó el amparo provisional a favor de la PDH, debido a que este indicó que no recibió el monto total de presupuesto aprobado en el Decreto 25-2018, aunque el Ministerio de Finanzas había transferido al Legislativo los fondos.

Según la PDH, los Q20 millones serán utilizados para pago salarios de más de 700 trabajadores.

Mientras que el 15 de febrero del año en curso, la CC resolvió declarar con lugar la ejecutoria del amparo provisional incumplido por la Junta Directiva del Congreso, ordenándola a cumplir con la resolución del 18 de noviembre.

Sin embargo, las resoluciones continúan siendo ignoradas, constituyendo desobediencia en ramo penal.

Una situación similar ocurrió durante el 2020, cuando el Legislativo aprobó de manera tardía los fondos para la PDH.

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