Por María España
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La honorabilidad de Mynor Moto para desempeñar la magistratura titular a la Corte de Constitucionalidad (CC) ha sido cuestionada en numerosas ocasiones por diversas organizaciones, a lo que la organización Alianza por Reformas comparte un análisis sobre el juez Tercero Penal.
De acuerdo con la publicación de la organización, Moto tiene una trayectoria cuestionada, por lo que describe numerosos hechos que le restan honorabilidad, la cual está establecida como requisito por la Constitución Política de la República en su artículo 113 para ocupar el cargo al que fue designado el pasado lunes.
Además, tomando de referencia el expediente 942-2010 de sentencia de la CC, cita que se puede determinar que una persona es honorable cuando, “de acuerdo a su comportamiento personal y profesional, tuvieran una conducta (manifestada en la voluntad de sus actos) que buscaran y procuraran la correcta interpretación de las normas o leyes sociales y jurídicas y, con ello, evidenciaran su inclinación a la debida aplicación a lo justo o a la justicia (o a lo que es bueno)”.
Alianza por Reformas comparte análisis en el que señala que el juez Mynor Moto «no cumple con requisito de honorabilidad para ser Magistrado de la Corte de Constitucionalidad» https://t.co/TU0xt0s9CV
— Diario La Hora (@lahoragt) January 20, 2021
La organización señala que el CANG ignoró la falta de honorabilidad de Moto, la cual ha sido evidenciada en su alianza con “grupos que enfrentan procesos penales y quieren evitar a toda costa someterse a la justicia”.
FALLOS DEL JUEZ MOTO
Entre ellos los fallos, se menciona el desacato a la decisión de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones, la cual revocó la medida sustitutiva para la jueza Marta Sierra de Stalling. Agregan que el magistrado electo retardó la audiencia al haberla agendado 18 meses después de emitir auto de prisión preventiva.
Asimismo, pese a las pruebas presentadas por el Ministerio Público (MP) en el caso Bufete de la Impunidad, Moto suspendió a la jueza Sierra de Stalling los delitos de asociación ilícita y prevaricato. Aunado a ello, dictó clausura provisional en contra de la jueza por el delito de cohecho.
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Mientras que, en 2018, rechazó el video en el que se observaba a la diputada Mirza Arreaga solicitando obras al ex ministro de Desarrollo Social, Raúl Romero Segura. Así también, permitió un recurso del diputado Felipe Alejos, el cual detuvo el avance del antejuicio en el caso Traficantes de Influencias.
OTROS SEÑALAMIENTOS
El análisis indica que mantuvo reuniones con el abogado de Gustavo Alejos durante su proceso de postulación a la magistratura, y, además, que no autorizó una orden de captura en contra de José Luis Benito, ex ministro de Comunicaciones durante el gobierno de Jimmy Morales.
La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) presentó una solicitud de antejuicio en su contra para ser investigado por los delitos de conspiración de justicia y prevaricato, vinculado al caso Comisiones Paralelas 2020.
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Por su lado, la Fiscalía contra la Corrupción presentó un antejuicio, el 29 de diciembre de 2020, por los delitos de retardo de justicia e incumplimiento de deberes en el caso Libramiento de Chimaltenango.
Además, la organización enfatiza que Moto se ha negado a declarar la procedencia de los fondos de su campaña electoral.
ENFRENTA IMPUGNACIONES
Ante su designación como magistrado titular a la CC, las impugnaciones empiezan a llegar al Tribunal Electoral del CANG, por parte de diversos sectores entre ellos la FECI y la organización Acción Ciudadana, así también por los abogados Ramón Cadena y Alfonso Carrillo. Esto detiene que el juez asuma el cargo ante la CC.
