Por María España
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En un momento clave en el cual el sistema de justicia guatemalteco se ha visto deteriorado por la falta de independencia judicial, aunado al retraso de más de un año de la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Salas de Apelaciones, y el reciente nombramiento del juez Tercero Penal, Mynor Moto, señalado de su posible vinculación al caso Comisiones Paralelas 2020, como magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad (CC), el Relator Especial de Naciones Unidas Sobre Independencia de Jueces y Abogados, Diego García-Sayán, se refirió a la situación de Guatemala.
Esto en una columna elaborada en el marco de un evento que se realizará hoy por el programa de apoyo del Vance Center for International Justice del Colegio de Abogados de Nueva York a la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI).
García-Sayán destacó el trabajo de la AGJI para la transparencia dentro de la judicatura. Además, hace un llamado a las autoridades para evitar imponer agendas políticas y personales.
“El trabajo que realiza la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI) es de enorme significación y relevancia para la independencia judicial y la integridad en la labor jurisdiccional en Guatemala. Debo expresar, por ello, mi especial reconocimiento al liderazgo de valientes juezas y jueces que integran la Asociación para continuar sus esfuerzos con una perspectiva internacional.”, indicó.
Asimismo, reconoció el apoyo del Cyrus R. Vance Center for International Justice del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos, con el que han planificado actividades que reafirman los Principios Básicos de la ONU en Independencia de la Judicatura, los cuales considera que el país debe garantizar.
“En mi calidad de Relator Especial de Naciones Unidas sobre Independencia de Jueces y Abogados, continuaré pendiente de las actividades de la AGJI y de los esfuerzos para frenar el constante menoscabo de la independencia judicial en Guatemala en fortalecimiento del Estado de Derecho.”, puntualizó.
RETRASOS EN ELECCIÓN DE CORTES
Además, el Relator indicó que observa con preocupación el nulo esfuerzo del Congreso de la República para avanzar en el proceso de elección de magistrados a la CSJ y Salas de Apelaciones, la cual tiene un retraso desde 2018.
Agregó que, en reiteradas ocasiones, ha instado a las autoridades a culminar el proceso de forma “transparente y objetiva”, no solo respetando lo dictado por la Corte de Constitucionalidad, sino que también cumpliendo con estándares internacionales.
“Las debilidades identificadas en el actual proceso de elección de jueces y magistrados confirman la crisis del modelo de nombramientos.”, aseguró.
En tal sentido, mencionó que la selección de jueces no debe ser utilizada para fines políticos que aseguren la impunidad, lo cual va de la mano con el “permanente asedio” hacia funcionarios a manera de influenciar la designación de magistrados.
Por lo que hace un llamado a “abstenerse de imponer agendas políticas o personales que afecten la institucionalidad y el Estado de Derecho”.
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ATAQUES CONTRA JUECES Y MAGISTRADOS
En la misma línea, García-Sayín señaló que los organismos del Estado poseen la obligación de prevenir ataques y acciones arbitrarias contra jueces y magistrados de la CC, quienes han contribuido a la lucha contra la impunidad y corrupción. Así también garantizar la libertad de influencias y amenazas en su toma de decisiones.
“Reitero que las diligencias de antejuicio a jueces y magistrados por sus resoluciones, llevadas a cabo en los últimos meses, violan estándares internacionales; la garantía de independencia se hace efectiva a través del respeto al proceso de deliberación y funcionamiento del sistema judicial.”, justificó.
Además, aseveró que el sistema judicial debe abstenerse de la “interferencia política”, incluido el máximo tribunal.
INTEGRIDAD Y ÉTICA JUDICIAL
Por último, el Relator indicó que, para el “ingreso y ascensos” dentro de la carrera judicial, es indispensable la meritocracia junto a la integridad y ética.
“He insistido en que los Principios Básicos y los derechos que ellos protegen deben leerse e interpretarse en concordancia con los principios de integridad, corrección, igualdad, competencia y diligencia contenidos en los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial.”, concluyó.
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