Por María España
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Por medio de un comunicado, Alianza por Reformas expresó su descontento con el Ministerio Público (MP) al nombrar una Fiscalía Especial para investigar a Juan Francisco Sandoval, titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), lo cual considera «innecesario y sin fundamento».
En el pronunciamiento indican que el 80% de las denuncias en contra de Sandoval han sido interpuestas por la Fundación contra el Terrorismo (FCT), organización que ha presentado querellas en contra de fiscales que han desestimado las denuncias.
«Demuestra una estrategia maliciosa, que pretende criminalizar la acción de cualquier fiscal que no comparta sus criterios», señala.
En relación con el nombramiento de la Fiscal Especial, consideran que la fiscal general, Consuelo Porras, no ha hecho referencia a las motivaciones para tomar dicha decisión.
Alianza por Reformas se pronuncia por la designación de un Fiscal Especial. pic.twitter.com/009OK0jOnC
— Diario La Hora (@lahoragt) December 14, 2020
«Si bien es cierto, el nombramiento de una fiscal especial es una facultad de la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, la resolución que la nombra debe contar con una exposición de motivos lógicamente razonados de los elementos que permitan comprender que existen razones suficientes para que tenga que investigar 13 denuncias las cuales tienen en común que la FCT es la denunciante», puntualiza.
En tal sentido, argumenta que la creación de fiscalías especiales correspondía para casos complejos, y no para «atender el requerimiento específico de una entidad que constantemente presenta denuncias imparciales y espurias».
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Además, señala que la Corte Suprema de Justicia debe conocer el amparo presentado por la defensa del fiscal Sandoval, debido a que la Fiscalía Especial representa contrariedad en los principios de objetividad e imparcialidad.
Por lo que, enfatiza el deber de la Fiscal General «resguardar y proteger» a los fiscales a su cargo, así como garantizar la «averiguación de la verdad» para evitar la criminalización de operadores de justicia.
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