El denominado «Caso toma de la Usac: Botín Político» ha estado en el ojo crítico de la población desde la semana pasada. En el mismo, el Ministerio Público (MP) solicitó la captura de 27 personas, entre ellas catedráticos y estudiantes universitarios, así como profesionales; y pidió el retiro de antejuicio en contra de seis funcionarios y funcionarios electos, entre ellos Bernardo Arévalo y Karin Herrera, presidente y vicepresidenta electos. Este martes 21 de noviembre, el órgano encargado de la persecución penal reconoció que violó el derecho de antejuicio y criticó un informe que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) emitió a petición de dicha entidad.
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🔎 6 puntos para conocer el caso Universidad de San Carlos: Botín Político ⤵️ pic.twitter.com/yYGtR0bPOH— MP de Guatemala (@MPguatemala) November 21, 2023
De acuerdo con una publicación que la Fiscalía hizo en su cuenta oficial de la red social X, en el punto cuatro se lee: «como parte de las investigaciones, el Ministerio Público solicitó al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, la realización de un peritaje lingüístico, el cual no es definitivo ni desvanece los demás elementos de investigación recabados, ya que el alcance es escueto y limitado y no responde a lo solicitado por el ente investigador, ni cuenta con un enfoque criminalístico».
Ese es uno de seis aspectos que el órgano encargado de la persecución penal destacó «para conocer el caso Universidad de San Carlos: Botín Político», el mismo día en que se tiene programado realizar la audiencia de primera declaración de seis detenidos.
INFORME DEL INACIF
De acuerdo con el informe del Inacif, al cual La Hora tuvo acceso, en uno de sus incisos, confirmado por el MP, se señala que: “no se encontró evidencia concreta con características lingüísticas que connotaran o implicaran que las personas indicadas por la fiscalía indujeran directamente a estudiantes, trabajadores o personas que tienen y/o tenían tomada la Universidad de San Carlos de Guatemala a continuar con la toma de dicho centro de estudios”.
La fiscalía mostró el pasado 16 de noviembre, durante una conferencia de prensa, algunas publicaciones en redes sociales, varias de X, que se consideraban como indicios de la comisión de un delito.
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En la nota que publicó La Hora el pasado lunes 20 de noviembre, con el nombre de «El MP y el pantano del caso Usac» el pedido de informe al Inacif que les salió mal» se evidencia la solicitud de peritaje que la Fiscalía hizo en contra de Arévalo y Herrera, así como otros funcionarios y funcionarios electos.
«La solicitud del peritaje lingüístico se realizó contra Arévalo y Herrera, los diputados de Semilla, Samuel Pérez Álvarez, Román Castellanos y la fallecida congresista Lucrecia Hernández Mack. Además, al diputado electo de la misma agrupación, Raúl Barrera, y el diputado de Winaq, Adán Pérez», se detalló en la referida pieza periodística.
De acuerdo con los procedimientos de la institución científica, el análisis se realizó bajo un estudio lingüístico «a través de los niveles semántico, gramatical y pragmático, así como los significados léxicos, escritos y orales», y el dictamen exoneró de lo que la Fiscalía presumía en contra de los antes mencionados», se consignó en la nota.
Sin embargo, aunque el MP insista en mantener el caso, este pareciera que no tiene fundamento, ante el informe del Inacif, de acuerdo con publicaciones que hicieron usuarios de las redes sociales.
CASO GENERA DUDAS
El caso por la toma de la Universidad de San Carlos (Usac) ha generado dudas entre la población, teniendo en cuenta que fueron señalados Arévalo y Herrera, quienes tomarán posesión de sus respecivos cargos el 14 de enero de 2024.
Según el MP, los dos supuestamente habrían incitado a cometer actos en contra del patrimonio de la Usac.
Ante estas circunstancias, la Fiscalía también solicitó el retiro de la inmunidad de por lo menos 1 diputado electo y tres congresistas actuales.
El 16 de noviembre, la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía de Delitos Contra el Patrimonio Cultural de la Nación efectuaron una serie de 31 allanamientos para capturar a 27 personas, todo fue ordenado por el juez Víctor Manuel Cruz Rivera.
