El presidente Alejandro Giammattei decidió mantener en el puesto a la fiscal general, María Consuelo Porras. Foto La Hora/Presidencia

Entre aplausos en un evento oficial, en el Palacio Nacional de la Cultura, el presidente Alejandro Giammattei juramentó a Consuelo Porras como Fiscal General por cuatro años más al frente del Ministerio Público (MP), pero horas después el Departamento de Estado de Estados Unidos (EE. UU.) designó nuevamente a la recién designada jefa del Ministerio Público (MP) por su “participación en importantes actos de corrupción”, acompañada de su esposo, Gilberto de Jesús Porres de Paz.

 

Este panorama podría acarrear más consecuencias para el país, según analistas consultados por La Hora, quienes consideran que la inversión se vería afectada, así como el apoyo de países amigos con recorte de fondos o programas. En este contexto coinciden que la relación con EE. UU. se verá afectada lo que podría desencadenar otras acciones como ventilar casos que el MP no ha investigado que involucren a funcionarios.

En esa línea, ya lo adelantó el mismo Departamento de Estado que está “considerando activamente” designaciones adicionales bajo la Sección 353, incluida la publicación de nuevas designaciones en el momento oportuno”, indicó en el comunicado.

«Estas designaciones reafirman el compromiso de los Estados Unidos para combatir la corrupción, que socava la fe del pueblo guatemalteco en sus instituciones democráticas”, advirtió una vez más.

PREOCUPACIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA

A las críticas se sumó el vocero principal de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea (UE), Peter Stano, quien indicó que la decisión de Giammattei de nombrar a Porras para un nuevo período plantea preocupaciones sobre el compromiso de las autoridades guatemaltecas para combatir la corrupción y salvaguardar la independencia del poder judicial.

Recordó que, bajo la supervisión de Porras, el MP ha iniciado acciones legales contra varios jueces, abogados y fiscales independientes involucrados en la investigación de casos de corrupción de alto nivel.

 

“Esto ha resultado en sus arrestos y la pérdida de su inmunidad judicial. Forma parte de un patrón más amplio de intimidación y hostigamiento que ha llevado a más de 20 operadores de justicia a abandonar el país.”

Además, señaló que el papel del Fiscal General es crucial, incluso en la dirección de la lucha contra la corrupción y la impunidad, pero advirtió que “es indispensable que esta función se ejerza con integridad, imparcialidad y con pleno respeto al orden constitucional, y evitando actuaciones que tengan por efecto lesionar la independencia judicial”, reiteró en su declaración.

TODO EL SISTEMA BAJO VIGILANCIA

El analista y politólogo independiente, Jorge Wong detalló que los siguientes pasos de la Fiscal General y de los gobernantes serán claves ya que todos están bajo escrutinio de la comunidad internacional, coincide que estas decisiones pueden causar recortes en programas al país.

“De aquí en adelante se van a registrar acciones más importantes de dos actores principales: EE. UU. y Unión Europea, es posible que se llegue algún tipo de recorte de fondos de programas para sancionar por la decisión de no haber escogido, según ellos a un candidato idóneo; también se verá el descontento de la población, debemos estar atentos al desempeño en el segundo periodo de la Fiscal General frente al MP”, enfatizó el analista.

Wong aseguró que todo el sistema del país está en la mira de los países cooperantes “no solo la Fiscal General que está bajo el escrutinio, es todo el sistema, el Congreso, el Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad y ahora el Consejo Superior Universitario por la elección de rector, todo está siendo evaluado”, agregó.

En criterio del analista, las últimas acciones el Presidente “manda una idea de soberanía que se tiene en Guatemala, que toma sus propias decisiones, pero es una falsa soberanía”, aseguró.

SE REPITE LA HISTORIA DE PÉREZ MOLINA

El analista visualiza que se podría repetir la historia del país, cuando gobernaba Otto Pérez Molina. “Esto va a tener repercusiones, justo lo que pasó con Pérez Molina que van a ventilar casos que el MP tuvo que haber investigado o esté investigando, en la que estén involucrados funcionarios, esto va a generar descontento en el país”, afirmó Wong.

GUATEMALA BAJO EL RADAR DE EE. UU.

El académico y exembajador de Guatemala, Luis Fernando Andrade resaltó que el país está bajo el radar de EE. UU. porque sigue siendo uno de los países que más migrantes expulsa y esto está relacionado a que no se garantizan los principales derechos de las personas a causa de la corrupción e impunidad y la designación de la Fiscal General se designó pese a los señalamientos de uno de los principales socios económicos.

“La designación se realizó pese a los señalamientos, la no FG ha sido un factor en contra de la corrupción, es paradójico porque el MP es para combatir estos flagelos, pero ahora se señala que está en contra de la impunidad y corrupción. EE. UU. ha insistido mucho que el problema de la migración tiene que ver mucho con el sistema democrático y su capacidad de desarrollo con los pueblos y la lucha contra la corrupción”, detalló Andrade.

“Fue una advertencia que una nueva designación haría incompatible la agenda y se generaría una confrontación con nuestro principal socio. EE. UU. deberá analizar y ya anunció otras acciones, preocupa que nos estemos distanciando de nuestro principal socio, hay que esperar nuevas medidas”, explicó el analista.

Andrade aseguró que con estas acciones Guatemala se distancia de EE. UU. y que se acerca a un Estado autoritario que crea condición de impunidad. “Vamos retrocediendo…hay que hacer un llamado a los sectores porque esta confrontación va a generar consecuencias para todos”, puntualizó.

DECISIÓN AFECTA LA INVERSIÓN

La coordinadora del departamento de Análisis Jurídico de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), Lorena Escobar señaló que a partir de la reelección de Porras existen desafíos frente al MP para corregir el rumbo que se ha tenido durante los del primer periodo en el ente investigador, y que las primeras consecuencias de su reelección podrían afectar la inversión de otros países.

“Las consecuencias puede ser que se afecte entonces la inversión, según las expresiones de otros países pareciera que no tienen confianza en la certeza jurídica, ni en la investigación y judicialización de casos”, resaltó.

“Los desafíos que va a enfrentar la Fiscal General ahora es demostrar su lucha contra la corrupción, llevar un rumbo distinto a la que ha tenido, elevar el nivel de popularidad de la institución para tener una mejor imagen del país, para mejorar resultados”, añadió.

Agregó que la FG deberá mejorar la imagen y resultados para evitar que ocurra un deterioro institucional que afecta entonces la inversión extranjera, la confiabilidad en el estado y en el sistema de justicia.

REDIRECCIONAR APOYO

Además, Escobar señaló que los países amigos están interesados en mejorar el Estado de derecho y el sistema de justicia; sin embargo, consideró que seguramente van a tomar en consideración estas decisiones.

“No creo que los países amigos disminuyan la cooperación al país, porque recordemos que no solo el MP forma el sistema de justicia, es posible que en otras ocasiones redireccionen fondos a otras instituciones, pero esa cuestión interna de cada agencia de cada país, se espera que el interés sobre el sistema de justicia y su fortalecimiento local que ha sido relevante, no cambie”, enfatizó.

ENFRENTAMIENTO CON EE. UU. Y MÁS DESIGNACIONES

El director del área jurídica en la Fundación Libertad y Desarrollo, Edgar Ortíz, señaló que no habrá muchas novedades respecto de lo que se ha visto durante la gestión actual de Porras.

“Creo que habrá un enfriamiento con el gobierno de Estados Unidos, al menos mientras esté en la Casa Blanca un gobierno demócrata. El Departamento (de Estado) está considerando activamente designaciones adicionales bajo la Sección 353, incluida la publicación de nuevas designaciones en el momento adecuado”, recordó.

El analista explicó que la experiencia reciente ha demostrado que estas listas no son efectivas y no hacen mayor diferencia; sin embargo, no dejan de ser problemáticas para la imagen del país y el clima de inversiones.

Ortiz considera que EE. UU. en este momento no se moverá hacia sanciones económicas, al menos en el corto plazo. “Vemos que en El Salvador la tensión ha sido incluso más alta y ni siquiera en ese caso han tomado sanciones económicas”, comentó.

De acuerdo con el analista la influencia de EE. UU. en la región ha decaído, pero no considera “sea un problema exclusivo respecto de Guatemala. Creo que va más allá de medidas concretas y Estados Unidos mismo no ha sido capaz de repensar su estrategia para hacer valer su rol de promotor de la democracia y el Estado de derecho en la región latinoamericana”.

En este contexto recordó que sí ha tomado medidas drásticas en el caso de Venezuela las cuales no han sido efectivas.

SEGUNDO PERIODO, ENTRE SEÑALAMIENTOS

Porras inicia este 18 de mayo un nuevo periodo por cuatro años, luego de ser designada por el presidente Giammattei de un listado de seis candidatos, siendo la primera Fiscal General que repite en el cargo, al que llegó en 2018 nombrada por el presidente en ese entonces Jimmy Morales.

Diversos reportajes y fuentes oficiales han evidenciado el acercamiento de Porras y Giammattei, el de mayor impacto para el país figura en que se han detenido casos de alto impacto que involucran al mandatario y sus allegados.

El medio digital salvadoreño El Faro reveló el 14 de febrero parte de lo que “Porras trata de ocultar”: dos antiguos colaboradores de Giammattei le acusan de haber negociado en 2019 una aportación para su campaña por Q20 millones provenientes de sobornos por parte de José Luis Benito, quien en ese entonces era el ministro de Comunicaciones para mantener funcionando un sistema de adjudicación ilegal de contratos a constructoras.

Además, el 22 de febrero en el Washington Post se publicó un artículo de opinión de José Luis Sáenz, también corresponsal de El Faro, quien resalta que “en Guatemala hay una política de intimidación y persecución contra operadores de justicia independientes, ejecutada por la actual fiscal general, Consuelo Porras, para impedir que avancen investigaciones clave contra la élite política, militar y empresarial del país”.

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