El reloj marcaba las 9:00 horas de este miércoles 18 de mayo cuando Jorge Luis Donado entregó su cargo como Procurador General de la Nación (PG), luego de cuatro años de haber sido designado por el presidente Jimmy Morales; al momento se desconoce los perfiles que el gobernante Alejandro Giammattei considera para este cargo y si lo volverá a seleccionar tal como lo hizo con Consuelo Porras al frente del Ministerio Público (MP).
El secretario de Comunicación de la Presidencia, Kevin López Oliva informó que en el transcurso de la tarde de este miércoles Giammattei anunciará a la persona que asuma en el cargo. “Es un nombramiento del Presidente que se dará a conocer en las próximas horas, en interino durante el período de transición quedará a quien conocemos como el subprocurador”, resaltó.
Durante el proceso de transición asumió como PGN interinamente, el director de la institución, Walter Bran.
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ANALIZA PERFILES
López Oliva agregó que el Presidente analiza varios perfiles; sin embargo, hasta el momento no se ha dado a conocer si considera reelegir a Donado y quiénes son los abogados que analiza para el puesto.
DONADO SE PRONUNCIA
Consultado por La Hora, Donado señaló que entregó su cargo tras cumplir el período constitucional. “El Presidente tiene plenas facultades de acuerdo a la Ley para determinar y decidir quién ejercerá el cargo por los próximos cuatro años. Al no existir procedimiento establecido, es el señor Presidente quien designa de acuerdo a lo que estime pertinente”, resaltó.
El ex PGN detalló que el Presidente puede optar por cualquier abogado que cumpla con los requisitos, “no existe limitante. Por el momento no tengo otras expectativas más que el ejercicio liberal de la profesión”, declaró.
LA CERCANÍA DE GIAMMATTEI CON DONADO
En el reportaje de La Hora “Relación de Giammattei y Donado data desde el 2006”, se detalló el vínculo entre Giammattei y Donado, que viene desde la planificación, la ejecución e incluso años después, cuando ambos acudieron en calidad de testigos, como parte del proceso penal que desencadenó tras el ingreso a la Granja Modelo de Rehabilitación Penal Pavón, en la llamada Operación Pavo Real, que se saldó con la muerte de siete reclusos de alta peligrosidad.
El primer acercamiento del que se tiene documentación entre ambos es de 2006, cuando Giammattei llevaba poco menos de un año como director del Sistema Penitenciario (SP) y Donado como Subdirector de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas del MP (Dicri).
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NO FUE ELEGIDO PARA EL MP
Donado se postuló para el cargo de Fiscal General y jefe del MP, la Comisión de Postulación lo incluyó en la lista de los seis candidatos elegibles que envió al Presidente y fuentes oficiales declararon que era uno de los favoritos para el cargo, sin embargo, el mandatario optó por reelegir a Porras al frente del ente investigador.
CUESTIONADA GESTIÓN
Durante su gestión, Donado fue cuestionado por sus acciones, una de ellas fue que el pasado 12 de febrero avaló un proyecto señalado, ya que en la Segunda Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Desarrolladora Ferroviaria, S.A. (Ferrovías), firmó un contrato de arrendamiento de bienes en favor de la empresa mexicana Remed, S.A., para la construcción de la primera fase del Ferrocarril Bicentenario, de la frontera con México a Puerto Quetzal, Escuintla.
La suscripción se llevó a cabo pese a cuestionamientos de la Procuraduría de Derechos Humanos por considerar que, al tratarse de bienes del Estado, dado que Ferrovías posee el 81.1% de las acciones, debía convocarse a una licitación pública, y no solo ceder los bienes para la construcción de la línea ferroviaria, como lo prometió Giammattei.
RESOLUCIÓN A FAVOR DE ZURY RÍOS
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el pasado 4 de mayo, un Acuerdo de Solución Amistosa, que señala que la falta de garantías impidió la participación política de Zury Ríos como candidata presidencial en el proceso electoral de 2019.
El acuerdo destaca la suscripción de Donado, bajo distintos parámetros distinguidos por la Comisión, entre estos: “el derecho a la participación política genera la obligación del Estado de otorgar condiciones favorables para garantizar a los ciudadanos la realización de aquellas actividades relacionadas a la designación de sus gobernantes o en la formación de la política estatal”.
