La Fiscalía contra el Crimen Organizado del Ministerio Público (MP), interpuso una apelación contra la resolución del Juzgado de Turno que dejó en suspenso la audiencia de primera declaración del abogado Otto Gómez el pasado 12 de octubre y ante el riesgo de que esta Unidad sea separada del proceso penal en la audiencia programada para este jueves.
Después de que se ejecutara la captura de Gómez el pasado 28 de septiembre, se han tenido pocos avances en la diligencia de primera declaración, debido a distintas acciones que el abogado ha planteado retrasando el proceso.
En este contexto, el MP no ha podido imputar los delitos por los cuales solicitó la orden de aprehensión en contra de Gómez y argumentó que existe el peligro de que sean separados del proceso.
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Tras retirarle a fiscal, Porras y Carrillo comparten mesa ?? [https://t.co/4z8gycHQ6X] pic.twitter.com/gnllpCBAYi— Diario La Hora (@lahoragt) October 14, 2021
Además, Gómez presentó un recurso argumentando que sus casos siempre deben llevarlos un fiscal especial y que había planteado un amparo, aunque no especificó la razón de este. El MP ha asegurado que no existe una fiscalía especial para los casos del abogado.
GÓMEZ PRESENTA RECUSACIÓN CONTRA JUZGADORES
Desde que se ha tratado de iniciar la diligencia de primera declaración, Otto Gómez ha presentado una recusación en contra de cada uno de los jueces de turno que ha tenido a cargo el expediente judicial.
JUZGADO TERCERO DEVUELVE EXPEDIENTE
La semana pasada, el Juzgado de Turno remitió el expediente de Gómez al Juzgado Tercero Penal para que fuera este órgano jurisdiccional el que conociera el proceso. Sin embargo, la judicatura devolvió el expediente amparándose en el Acuerdo 18-2020 de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que ordena que el órgano jurisdiccional que da a conocer los motivos de detención debe desarrollar la audiencia de primera declaración.
EL CASO
La Fiscalía contra el Crimen Organizado señaló que Gómez de forma sistemática, ha presentado distintas acciones fundamentados en hechos espurios e ilegítimos con el fin de obstaculizar la acción penal para obtener beneficios a cambio, tal como la asignación de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) para su protección personal.
De esta forma Gómez habría atentado contra la administración y actividad judicial, por medio de solicitudes de antejuicio con fines espurios. Las acciones fueron presentadas en el periodo comprendido entre 2013 y 2021.
