La jueza de Mayor Riesgo «A», Claudette Domínguez aceptó modificar las medidas de coerción a favor de Gustavo Alejos en la carpeta que incluye los casos Financiamiento UNE y Traficantes de Influencias, permitiéndole movilizarse dentro de todo el territorio nacional por razones laborales.
Sin embargo, el exsecretario de la Presidencia deberá rendir un informe mensual ante la juzgadora, el último día de cada mes, donde justifique las actividades que realice.
Por otro lado, la juzgadora negó la solicitud de medidas sustitutivas al exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Omar Franco y Alfonso Castillo exintendente jurídico de la SAT, quienes se encuentran vinculados en el caso Tráfico de Influencias al considerar que no se han desvanecido los riesgos para otorgar arresto domiciliario.
Sin embargo, tomando en cuenta que ambos guardan prisión preventiva desde hace seis años, la jueza autorizó que el último sábado de cada mes, a partir de octubre, los señalados puedan visitar a sus familiares a sus domicilios, debiendo retornar ese mismo día a prisión preventiva.
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La jueza de Mayor Riesgo "A", Claudette Domínguez resolvió modificar las medidas de coerción a favor de Gustavo Alejos dentro de la carpeta del caso Financiamiento UNE, permitiéndole circular dentro de todo el territorio nacional por razones laborales.?: Lourdes Arana pic.twitter.com/OEHlxgtxBX
— Diario La Hora (@lahoragt) October 6, 2021
ANTECEDENTES
El Ministerio Público detalló que entre 2011 y 2014 una red criminal instalada en la SAT se habría beneficiado con el cobro de comisiones ilícitas de al menos Q19 millones para agilizar a empresas la tramitación de expedientes de devolución de crédito fiscal.
Según la investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Geovanni Marroquín Navas en complicidad con los exfuncionarios de la SAT, Álvaro Omar Franco Chacón, Carlos Enrique Muñoz Roldán, Alfonso Romeo Castillo Castro y Ariel de Jesús Guerra Castillo, ofrecía los servicios de agilización de expedientes para la devolución del crédito fiscal, por lo cual cobraban comisiones de hasta el 11.5% del valor pagado por el Banco de Guatemala.
El caso involucra a Alfredo Muñoz Ledo Carrillo, Mario Roberto Leal Castillo y el diputado Felipe Alejos Lorenzana, quienes fueron señalados de “captar” a los clientes y supuestamente participaban del cobro de las comisiones.
Por este caso, la Fiscalía solicitó el retiro de inmunidad del diputado del partido TODOS, Felipe Alejos, sin embargo, en cuatro ocasiones la Corte Suprema de Justicia ha rechazado la petición.
