La Sala Segunda de Mayor Riesgo, integrada con magistrados suplentes, resolvió que el exdiputado Armando Escribá, señalado en el caso Construcción y Corrupción, recobre su libertad de forma inmediata y continúe en arresto domiciliario. Además, lo favorecieron con otras medidas sustitutivas.
Los magistrados suplentes de esa judicatura son: César Aníbal Najarro López, Noé Moya García y Gloria Dalila Suchité Barrientos.
La Sala Segunda de Mayor Riesgo integrada con magistrados suplentes resolvió beneficiar al exdiputado Armando Escribá ordenando su libertad inmediata bajo arresto domiciliario y le concede otras medidas sustitutivas. pic.twitter.com/RhB7UiCYoW
— Diario La Hora (@lahoragt) September 24, 2021
Las medidas a favor de Armando Escribá son:
• Arresto domiciliar
• Arraigo
• Prohibición de hablar con otros coimputados
• Caución económica de Q100 mil
ESTABLECEN PLAZOS A AIFÁN PARA CUMPLIR RESOLUCIÓN
Los magistrados de la Sala establecieron un plazo de 24 horas a la jueza de Mayor Riesgo “D”, Erika Aifán, para cumplir con lo ordenado.
Asimismo, 48 horas después de acatar la resolución, la togada deberá presentar un informe a la Sala Segunda de Mayor Riesgo para verificar que cumplió con la resolución.
AIFÁN RESOLVIÓ EN ENERO QUE ESCRIBÁ SIGUIERA EN PRISIÓN
En enero de este año, la jueza Aifán resolvió que el excongresista continuara en prisión preventiva por su presunta vinculación al caso Construcción y Corrupción.
Escribá había solicitado salir de prisión por una primera resolución de los magistrados suplentes de la Sala Segunda de Mayor Riesgo, que lo había beneficiado anulando el proceso penal en su contra y retirando el expediente del juzgado que preside Aifán, sin embargo, esto fue revocado por la Cámara Penal el 15 de enero.
La Sala resolvió el 31 de diciembre de 2020 a favor del exlegislador trasladando el expediente al Juzgado Noveno Penal.
ANTECEDENTES
La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), dio a conocer por medio de una investigación que Escribá tuvo nexos con las empresas Montañas Nacionales, S.A. y Señalamiento Vial de Centroamérica, S.A., las cuales firmaron contratos con Ministerio de Comunicaciones por Q194.3 millones, cuando este era director de la Unidad de Conservación Vial (Covial), tanto en el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) como en el gobierno del expresidente Otto Pérez Molina.
Posteriormente habría determinado la Fiscalía que se habría cometido fraude al otorgar los contratos. Escribá es señalado por los delitos de concusión, fraude, lavado de dinero y falsedad en la declaración patrimonial.
