Luego de escuchar la argumentación del MP y la defensa de los sindicados, el juez Miguel Ángel Gálvez resolvió que Benedicto Lucas y Manuel Callejas deben resolver su situación legal en un debate oral y público. Foto: La Hora.

La Asociación Justicia para la Reconciliación y la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), se pronunciaron por la resolución del juez de Mayor Riesgo “B”, Miguel Ángel Gálvez de enviar a juicio a los militares retirados Benedicto Lucas y Manuel Antonio Callejas por su presunta responsabilidad en el caso Genocidio Ixil, destacando que con ello restituyó una primera parte del derecho de las víctimas a la verdad y la justicia.

Ambos son señalados por masacres ocurridas durante el período 1978-1982 y para las organizaciones la resolución de Gálvez da valor probatorio a las evidencias presentadas por la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público (MP).

“Con ello el honorable juez, ha restituido una primera parte del derecho de las víctimas a la verdad y la justicia, dando valor probatorio a casi 200 testimonios, 148 peritajes de Antropología Forense, 12 peritajes científicos y más de 70 documentos militares, históricos y hemerográficos, que dan cuenta de un aproximado de 1,731 víctimas de masacres, hechos individuales, desplazamiento forzado, violaciones sexuales, torturas y desapariciones forzadas”, resaltan.

LA RESOLUCIÓN DEL JUZGADO DE MAYOR RIESGO “B”

Esta tarde el Juez de Mayor Riego “B”, Miguel Ángel Gálvez dictó auto de apertura a juicio por los delitos contra deberes de humanidad, desaparición forzada y genocidio contra la población maya Ixil en contra de Benedicto Lucas y Manuel Callejas.

Según la investigación presentada por la Fiscalía, los crímenes ocurrieron entre 1978 y 1982 durante el gobierno de Romeo Lucas García, en donde 23 aldeas del pueblo Ixil, fueron masacradas por el Ejército de Guatemala.

DECISIÓN EN MANOS DEL TRIBUNAL

Las organizaciones agregaron que ahora quedará en manos de un Tribunal “responder apegado a derecho y actuar bajo los estándares más altos de honestidad, imparcialidad y justicia, para rechazar los proyectos de impunidad que pretenden imponer amnistías, para sanar las heridas del pasado, para dignificar la memoria de las víctimas y garantizar que los abominables crímenes NUNCA MÁS vuelvan a suceder”.



 

PROCESO DE JUSTICIA QUE HA TOMADO DÉCADAS A LOS FAMILIARES

En el pronunciamiento, ambas entidades indicaron que ha sido un largo camino para los familiares de las víctimas, quienes buscan que se haga justicia.

“Décadas después, familiares de aquellas víctimas iniciaron un largo y difícil caminar para conseguir justicia. Con tenacidad han superado los obstáculos políticos y materiales que les pusieron diferentes gobiernos, fiscales generales y el ejército de Guatemala, quienes negaron repetidamente el acceso a los archivos militares y estatales, retrasaron los procesos y manipularon leyes”, agregaron.

“Celebramos hoy a la justicia, tardía, pero se acerca al horizonte de la memoria y lucha por la dignidad de las víctimas y sobrevivientes del genocidio. Hemos cumplido con éxito la primera etapa para probar que siempre hemos dicho la verdad y actuado en busca de justicia” puntualizaron.

En el comunicado recordaron que en la región habitada por el grupo étnico Maya Ixil, según datos del Proyecto interdiocesano para la Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI), entre 1978 y 1982, las operaciones militares implementadas por el alto mando militar en los municipios de Santa María Nebaj, San Gaspar Chajul y San Juan Cotzal, dejaron un saldo aproximado de 12,400 víctimas, entre hombres, mujeres, niñas y niños.



 

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