La Sala Primera de Apelaciones otorgó una apelación a la Fiscalía Contra la Corrupción y ordenando al juez A, del Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal, refundamentar su decisión sobre la falta de mérito dictada en contra de Jorge Roberto Falla González y otras tres personas señaladas en el caso de presunta corrupción dentro de la Contraloría General de Cuentas (CGC).
El 23 de diciembre del año pasado, cinco días después de que se habían ejecutado las órdenes de captura correspondientes, la jueza del Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal, Amparo Virginia de León Lara, declaró falta de mérito a favor de Falla González y los tres extrabajadores de la CGC implicados en el caso.
En ese momento, la Fiscalía reclamó que únicamente se habían tomado en cuenta las pruebas presentadas por la defensa y no las 15 carpetas con indicios que fue entregado por el Ministerio Público, señalando que apelarían la decisión.
Y otros tres señalados en el caso de presunta corrupción dentro de la CGC.
— Diario La Hora (@lahoragt) August 26, 2021
ANTECEDENTES
El 18 de diciembre de 2020, la Fiscalía contra la Corrupción del MP, dio a conocer el caso denominado Fraude y Cohecho en la CGC, por el cual se solicitaron cuatro órdenes de aprehensión en contra de personas que habrían cometido irregularidades dentro de la institución por medio de la generación de solicitudes de adquisición de bienes y servicios que no eran necesarios para la institución beneficiando a la empresa donde es director Falla González.
Por medio de la investigación se estableció que a cambio del proceso de adjudicación para la empresa Electrónica Comunicaciones y Servicios S.A., el personal del área de informática de la CGC se benefició de un viaje costeado por José Roberto Falla.
Según indicó la Fiscalía, la adquisición de los bienes fue aprobada por el excontralor y ahora diputado del Congreso Carlos Mencos, por quien se pidió retiro de inmunidad, sin embargo, la CSJ rechazó dicha solicitud.
Los bienes y puntos de redes adquiridos por la CGC no se encuentran en funcionamiento, por lo que la compra fue innecesaria ocasionando un daño al Estado en su patrimonio por la cantidad de Q1,380,000.00.
