La semana pasada, la Contraloría General de Cuentas (CGC) presentó una denuncia ante el Ministerio Público (MP) en contra de la ministra de Salud, Amelia Flores, por supuestas irregularidades relacionadas al contrato de compra de las vacunas rusas Sputnik V. Además, la Fiscalía contra la Corrupción ya había iniciado una pesquisa de oficio por el mismo asunto.
La denuncia contra de Flores es por la supuesta comisión de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y peculado por sustracción.
Sin embargo, dos analistas opinan que la investigación de la Fiscalía contra la Corrupción debe ser integral, es decir, dilucidar la responsabilidad de todos los funcionarios que podrían estar vinculados a irregularidades en la adquisición de vacunas, incluyendo al presidente Alejandro Giammattei, también sobre el mal manejo de la pandemia. Otro experto remarcó que debe esperarse si el Ministerio Público requiere el contrato por medio de un juzgado.
PRO-JUSTICIA: SE DEBE INVOLUCRAR A TODAS LAS AUTORIDADES RESPONSABLES
La directora general del Movimiento Pro-Justicia, Carmen Aída Ibarra, comentó a La Hora que el MP debe agilizar las acciones en torno a este caso.
Recientemente, la Fiscalía contra la Corrupción del MP informó que inició con la investigación por las posibles irregularidades en el proceso de adquisición de los inmunizadores a Rusia.
Ibarra añadió que esta unidad de investigación debe realizar la investigación criminal correspondiente para determinar las responsabilidades, porque únicamente se está señalando a la ministra Flores por ser la autoridad máxima en el tema de Salud, pero las negociaciones fueron acompañadas por funcionarios de la Cancillería.
“Lo correcto sería que no solo esté bajo la lupa la actuación de la Ministra y otras autoridades del Ministerio de Salud, sino también que se esclarezca la participación que tuvieron otros miembros del Gabinete y por supuesto el Presidente de la República, ya que se está hablando de una negociación multimillonaria, que hasta el momento se encuentra oculta y está creando una situación que pone en riesgo la vida y la salud de los guatemaltecos”, explicó.
“El Estado de Guatemala está violando o poniendo en riesgo los derechos económicos y sociales de la población, concretamente el de la salud. Es una violación a Derechos Humanos, en donde todas las entidades de gobierno que velan por estos derechos deben tomar cartas en el asunto”, resaltó.
La situación tiene que ser analizada desde una óptica multidisciplinaria, ya que no es solamente un negocio que puso en riesgo el dinero del Estado, sino también la salud de los guatemaltecos, puntualizó Ibarra.
Aunado a esto, consideró que se debe tomar en cuenta la negligencia, ineptitud e incapacidad para el manejo de la pandemia.
WONG: PODRÍA COSTARLE EL PUESTO A LA MINISTRA DE SALUD Y AL PRESIDENTE
Jorge Wong, analista independiente, señaló que se puso en una situación comprometedora a la ministra de Salud, Amelia Flores, “por guardar el secreto de ese documento”, sin embargo, la coyuntura sobrepasó al gobierno, porque la ciudadanía empezó a exigir cuentas del manejo de la pandemia y por qué no han venido las vacunas que ya fueron pagadas.
En este sentido, Wong agregó que, si la situación no se resuelve o se explica a la población, podría costarle el puesto a la titular de la cartera de Salud, Amelia Flores e inclusive al presidente Alejandro Giammattei, junto con todas las personas que resulten involucradas.
“Se están haciendo manifestaciones en los diferentes departamentos para reclamar las actuaciones pidiendo la renuncia del presidente y del resto de personas que integran el gabinete de Gobierno, por el mal manejo de la pandemia”, resaltó Wong.
“Es un problema que se le salió de las manos de alguna forma y ahora tendrán que entregar cuentas, de cómo está la situación, de que fue lo que hicieron todos”, puntualizó Wong.
Aunque Wong calificó de acertada la petición de la CGC, consideró que la misma fue tardía, porque considera que aún se puede salvaguardar la integridad de la institución al pedir cuentas a la cartera de Salud, para que se indique qué ocurrió con el contrato.
Wong añadió que es una situación complicada que pone a “la ministra de Salud y al presidente Alejandro Giammattei, entre la espada y la pared”, ya que tienen que entregar cuentas y “quizá deberán hasta pedir disculpas” por la forma cómo manejaron la negociación y por el resultado de esta.
CIEN: SE DEBE ESPERAR LA RESOLUCIÓN DEL JUZGADO
Por otro lado, Francisco Quezada analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), comentó que debido a que el contrato firmado entre Amelia Flores y Human Vaccine contiene algunas cláusulas de confidencialidad y quien lo revele estaría violando esto, provocando incluso una multa de al menos de US$ 1 millón, se debe esperar la orden de un juez para saber su contenido.
A inicios de esta semana, la Fiscalía contra la Corrupción del MP, quien se encuentra a cargo del caso, dijo que debido a la negativa de la ministra Flores de entregar el documento, lo solicitará por medio de una orden de juez.
En este sentido, Quezada añadió que, según la ley, el contenido de un contrato que tiene cláusulas de confidencialidad podrá ser revelado hasta que un juez lo autorice.
“Tiene que cursar ante un juez penal, porque es el único que puede requerir la entrega del contrato, pues entre las cláusulas se establece que a requerimiento de un juez si existe excepción para la confidencialidad”, resaltó Quezada.
SE HAN RECIBIDO 550 MIL DOSIS DE UN CONTRATO SUGERIDO POR GIAMMATTEI Y BROLO
El gobierno de Guatemala pagó Q614.5 millones por la compra de 8 millones de vacunas Sputnik V, de las cuales se han recibido 550 mil dosis hasta el momento.
En el reportaje publicado la semana pasada por La Hora “Vacunas Sputnik V: Giammattei y Brolo sugirieron a los rusos; Ministra firmó contrato”, se describe que el presidente Alejandro Giammattei y el canciller, Pedro Brolo, según una fuente con conocimiento de lo que sucedió, sugirieron a la ministra de Salud, Amelia Flores la compra de las vacunas rusas. Ella firmó el contrato.
