Diego García-Sayán, relator Especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, manifestó este miércoles por medio de su cuenta de la red social Twitter que es preocupante la constante criminalización de los jueces de Mayor Riesgo en Guatemala.
Este pronunciamiento se da después de la solicitud realizada por medio de la jueza de Mayor Riesgo “D”, Erika Aifán, en representación de ella misma, Miguel Ángel Gálvez, Pablo Xitumul y Yassmin Barrios, el pasado lunes, en donde se refirió a las presiones de grupos de poder contra los jueces de Mayor Riesgo que tienen a su cargo casos de alto impacto.
“Es preocupante la constante criminalización de los jueces y juezas con competencia de Alto Riesgo en Guatemala: Pablo Xitumul De Paz, Miguel Ángel Gálvez Aguilar, Iris Yassmin Barrios Aguilar y Erika Lorena Aifán Dávila”, señaló García-Sayán en su cuenta de Twitter.
Diego García-Sayán expresó su preocupación ante la criminalización que se ha generado hacia los jueces y juezas de Alto Riesgo en el país. https://t.co/o0iBRi3KMG
— Diario La Hora (@lahoragt) June 30, 2021
SE PONE EN RIESGO LA INDEPENDENCIA JUDICIAL
Dentro de la petición realizada por Aifán tomando en cuenta el contexto en el que viven los operadores de justicia en Guatemala, quienes son amenazados poniendo en riesgo de esta forma la independencia judicial, como la protección de los derechos humanos, solicitó a la Organización de Naciones Unidas y comunidad internacional su apoyo en la protección de quienes ejercen un trabajo en el sistema de justicia.
JUZGADORES DE MAYOR RIESGO DENUNCIAN HOSTIGAMIENTO
La semana pasada, los cuatro jueces de Mayor Riesgo antes mencionados, se presentaron a la sede central del Ministerio Público, en donde solicitaron a la fiscal general, María Consuelo Porras, desestimar las denuncias presentadas en su contra sin fundamento, ya que algunas incluso datan del 2012.
En esa oportunidad, los cuatro togados denunciaron hostigamiento por parte de vehículos sin placas, sin embargo, a pesar de presentar las denuncias correspondientes ante el MP, las mismas fueron desestimadas.
Los juzgadores cuentan con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por lo que solicitan al Estado de Guatemala, cumplir con esta disposición para velar por la integridad física de cada uno de ellos.
