La presidenta del OJ, Silvia Valdés se pronunció respecto a los antejuicios en contra de los jueces. Foto La Hora/OJ

La presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Silvia Valdés resolvió revocar la sanción impuesta por una “falta grave” a Pedro Luis Hernández Debroy, quien fungía como notificador del Juzgado de Mayor Riesgo «D», a cargo de Erika Aifán.

Hernández Debroy fue sancionado por la pérdida de documentos de un expediente judicial y ahora Valdés cambió la sanción de 8 días sin goce de salario a una amonestación verbal.

NO ES LA PRIMERA VEZ

El pasado 8 de junio, el pleno de magistrados de la CSJ también resolvió a favor de Pedro Hernández, reduciendo la sanción original de 16 a 8 días de suspensión sin goce de salario.


LAS DENUNCIAS DE AIFÁN

La jueza de Mayor Riesgo “D”, Erika Aifán, denunció a Pedro Hernández Dabroy por segunda ocasión el 25 de agosto de 2019, señalándolo de perder documentos que conoce el Juzgado de Mayor Riesgo “D”, incurriendo en una falta grave.

Previamente Aifán había presentado otra denuncia, pero el Régimen Disciplinario del OJ no le dio trámite por lo que la juzgadora planteó una impugnación en contra de la decisión y el caso fue analizado nuevamente con más profundidad.

FUE TRASLADADO A OTRO JUZGADO

Tras los señalamientos contra Pedro Luis Hernández Debroy de filtrar información, este fue trasladado al Juzgado Décimo Quinto de Primera Instancia Penal.


TAMBIÉN FUE DENUNCIADO POR FILTRACIÓN DE INFORMACIÓN

La jueza Ericka Aifán respaldó la primera denuncia por filtración con conversaciones de Hernández Debroy por medio de mensajería instantánea, en los que se observaba que había acordado previamente enviar la información de varios procesos penales.

Según la juzgadora, una de esas filtraciones habría ocurrido el 4 de junio del 2019, cuando escuchó una conversación del notificador con una secretaria.

Aifán señala que Pedro Hernández enviaba vía WhatsApp imágenes de algunas resoluciones a celulares de abogados antes de que fueran notificadas oficialmente. La jueza explicó que la acción de Debroy “quebrantó el principio de lealtad procesal”.

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