Por Lourdes Arana
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La Cámara Penal de Amparos presidida por Felipe Baquiax suspendió la casación para conocer los argumentos del Ministerio Público (MP) y la defensa de los señalados en el caso IGSS-PISA, por la ausencia de uno de los togados, ya que se planteó una recusación contra la magistrada Delia Dávila, quien forma parte de esta instancia.
Dicha diligencia se realizaría para conocer el recurso de casación planteado por el MP contra la resolución de la Sala Tercera de Apelaciones, debido a la anulación de la sentencia del caso; el ente investigador señala que existen pruebas suficientes para dictar una condena en contra de las personas vinculadas dentro del expediente judicial.
ANULACIÓN DE LA SENTENCIA
El 5 de julio de 2019, la Sala Tercera de Apelaciones anuló la sentencia que fue emitida por el Tribunal Undécimo en contra de 5 exdirectivos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y seis personas más procesadas por un fraude millonario a través de los tratamientos contratados para la atención a enfermos renales.
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Exdirectivos del IGSS vinculados al caso:
1. Juan de Dios de la Cruz Rodríguez López, expresidente del IGSS.
2. Julio Roberto Suárez Guerra, expresidente del Banco de Guatemala.
3. Julia Amparo Lotan Garzona, exrepresentante del sector laboral.
4. Max Erwin Quirin Schoder, exrepresentante del sector patronal.
5. Álvaro Manolo Dubón González, exsubgerente.
El resto de las personas absueltas son las siguientes:
6. Delia Haydee Castañón Guerra
7. Carmen Yadira Gil Quiñónez
8. Mayra Lissbeth Gómez Suárez
9. Alba Maritza Maldonado Gamboa
10. Doris Elubia González Salazar, todos ellos exintegrantes de la Junta de Licitación.
Asimismo, se desligó del proceso por cobro ilegal de comisiones a Otto Fernando Molina Stalling, hijo de Blanca Stalling, magistrada separada del cargo en la Corte Suprema de Justicia.
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El CASO
La investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y la otrora Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) determinaron por medio de interceptaciones telefónicas que se cobró a PISA entre el 15 y el 16 por ciento de comisión por el otorgamiento de un contrato para el tratamiento de enfermos renales del IGSS.
Por medio de pruebas documentales incautadas se pudo establecer la participación de los miembros de la Junta Directiva del Seguro Social quienes habrían incurrido en el delito de fraude, porque según consta en el acta de la sesión ordinaria celebrada el 4 de noviembre de 2014, la junta directiva del IGSS avaló por unanimidad lo actuado por la Junta de Licitación, que adjudicó el contrato 3381625 a la droguería PISA.
El monto defraudado, según lo establecido por las autoridades, asciende a la cantidad de Q116,227,035.
