Por Lourdes Arana
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El exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, renunció a la recusación que había planteado contra el juez de Mayor Riesgo “B”, Miguel Ángel Gálvez en el caso Cooptación del Estado, por lo que podrá retomar el proceso penal luego de encontrarse detenido desde octubre de 2019.
López Bonilla había planteado la recusación el 23 de octubre de 2019, argumentando que duda de la imparcialidad del juzgador y solicitó que fuera separado de la carpeta judicial.
Según indicó en su momento el exfuncionario, la acción se derivó luego de que Miguel Ángel Gálvez participara en el foro donde se presentó el último informe de labores de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en agosto de ese año, señalando que le llamaba la atención cómo se había organizado el evento y los participantes.
«Ese evento me llamó la atención porque estaba organizado por el querellante, estaba el jefe de la fiscalía que me acusa y el juez que conoce la causa», indicó.
El exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, renunció a la recusación que había planteado contra el juez Miguel Ángel Gálvez en el caso Cooptación del Estado, por lo que podrá retomarse el proceso legal luego de encontrarse detenido desde octubre de 2019. pic.twitter.com/GiQCEnj76E
— Diario La Hora (@lahoragt) May 18, 2021
Gálvez compartió el panel junto a la exfiscal general del Ministerio Público (MP) Thelma Aldana, el titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) Juan Francisco Sandoval.
La recusación sería conocida por la Sala de Mayor Riesgo, en donde se analizaría si el juez Miguel Ángel Gálvez continuaría al frente del caso.
ANTECEDENTES
En el caso Cooptación del Estado se evidenció la existencia de una estructura criminal que mantenía cooptadas varias instituciones del Estado. Esta organización estuvo liderada por el expresidente Otto Pérez Molina, y la exvicepresidenta, Roxana Baldetti, quienes habrían recibido alrededor de Q500 millones por comisiones ilícitas derivadas de la adjudicación de 70 contratos en diversas instituciones como parte de acuerdos de campaña, según la Fiscalía Especial contra la Impunidad.
