Por Lourdes Arana
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El exsuperintendente de Administración Tributaria (SAT), Carlos Enrique Muñoz Roldán, presentó una apelación en la Corte de Constitucionalidad (CC) por medio de la cual busca que no se extingan a favor del Estado alrededor de Q8 millones. Los fondos se encuentran distribuidos en cinco cuentas bancarias a nombre del exfuncionario.
El argumento utilizado por la defensa de Muñoz es que no se puede aplicar la Ley de Extinción de Dominio en todas las cuentas, ya que algunas de ellas fueron abiertas antes de que entrara en vigor la normativa.
Previamente, el Juzgado a cargo del caso rechazó una apelación con ese argumento, ya que indicó que la ley permite investigar para establecer el origen de los fondos y si procede que el dinero sea extinguido a favor del Estado.
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INICIO DEL DEBATE
El pasado 8 de abril, el Juzgado de Extinción de Dominio dio inicio con el debate en donde se solicita por parte del Ministerio Público (MP), extinguir a favor del Estado Q8,340,000 los cuales podrían ser producto del lavado de dinero a las empresas relacionadas al caso La Línea.
Por otro lado, el exsuperintendente, Carlos Muñoz, pidió ante el órgano jurisdiccional que este dinero le sea devuelto, ya que indicó que son sus ahorros.
ANTECEDENTES
Carlos Muñoz fungió como Superintendente de la SAT durante parte del gobierno del expresidente Otto Pérez Molina.
Los bienes a nombre de Muñoz Roldán fueron inmovilizados después de su captura el 16 de abril del 2015 cuando fue develado el caso La Línea, que evidenció la posible defraudación tributaria por parte de las autoridades de turno dentro de la SAT.
Las investigaciones presentadas por la Fiscalía Especial contra la Impunidad y la desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), establecieron que las personas involucradas en la carpeta judicial estuvieron vinculadas con una estructura criminal liderada por el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicemandataria Roxana Baldetti, en donde participaron funcionarios y empresarios, la cual facilitó el ingreso de mercaderías por las aduanas del país, a cambio del cobro de sobornos.
Las actividades ilícitas provocaron que el Estado dejara de percibir aproximadamente Q302,700,000 en impuestos.
