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La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) presentó la primera acusación en contra del exdiputado Estuardo Galdámez en el caso Asalto al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), por los delitos de asociación ilícita y tráfico de influencias en forma continuada. Se prevé que en los próximos días sea acusado por otro evento dentro de la misma investigación.
El acto conclusivo planteado por la Fiscalía está soportado con 65 medios de investigación, entre documentales, testimoniales, información financiera y evidencia material.
Los hechos que se atribuyen al exfuncionario se relacionan a su presunta integración a una estructura criminal, entre 2013 y 2014, que operó en el MSPAS en la administración de Jorge Alejandro Villavicencio Álvarez, así como las influencias que ejerció en las autoridades de la cartera de Salud, para la contratación de personal y la adjudicación anómala del proyecto de construcción del Hospital de Ixcán, Quiché.
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FECI IMPUTARÁ EL DELITO DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO
La FECI informó que, para el próximo 31 de mayo, la Fiscalía imputará a Galdámez Juárez otro delito, por el supuesto cobro de una comisión ilícita que recibió por su labor de intermediación en la adjudicación anómala del proyecto de construcción del Hospital de Ixcán, Quiché.
La fiscalía busca que sea procesado por el delito de enriquecimiento ilícito, por presuntamente haber recibido un soborno de Q2 millones.
La Fiscalía Especial contra la Impunidad presentó una acusación en contra del exdiputado Estuardo Galdámez vinculado en el caso Asalto al MSPAS, por los delitos de asociación ilícita y tráfico de influencias en forma continuada. pic.twitter.com/Lp9ri7rHgT
— Diario La Hora (@lahoragt) May 13, 2021
EL CASO
Entre 2012 y 2014, durante el gobierno del Partido Patriota (PP) cuando fungió como ministro de Salud, Jorge Villavicencio (+), se formó una red de exfuncionarios y exdiputados para cobrar dinero a cambio de proyectos de remoción y reparación de hospitales, según la FECI.
La estructura se aprovechó del Estado de Calamidad vigente en ese momento por el terremoto de San Marcos, para beneficiarse de la construcción de hospitales, compra de bienes en el Ministerio de Salud y adjudicación de plazas en la institución a personas recomendadas por legisladores y funcionarios, añadió en su momento la Fiscalía.
