Por Lourdes Arana
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Luego de que una Sala rechazara una recusación presentada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en contra de la jueza de Mayor Riesgo “A”, Claudette Domínguez, en el caso Plazas Fantasma, el Ministerio Público presentó una apelación ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la cual está pendiente de resolver.
La recusación, según la FECI, es porque la juzgadora emitió opinión de las pruebas presentadas contra el exdiputado de la bancada TODOS, Christian Boussinot.
La jueza fue recusada por la FECI el 16 de marzo de 2018, ya que en la audiencia de primera declaración del excongresista Christian Boussinot, Domínguez calificó de “ilegal” un medio probatorio, cuando aún no había analizado.
En ese momento, el titular de la FECI, Juan Francisco Sandoval, explicó que la jueza Claudette Domínguez, habría adelantado su criterio previo a conocer el expediente.
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“Ella anticipó criterio antes de resolver en el asunto, en el sentido que, apenas en primera declaración, ya indicó que un medio probatorio presentado por la Fiscalía reviste carácter de ilegal y que ella en su momento no lo admitiría como medio de prueba, cuando ni siquiera se ha realizado audiencia intermedia”, mencionó Sandoval.
El Juzgado de Mayor Riesgo “A” informó posteriormente que se había notificado a todas las partes sobre la recusación interpuesta.
En total, son 69 personas sindicadas y 135 sujetos procesales los que se encuentran dentro del proceso, confirmó la FECI a La Hora, únicamente se encuentra pendiente la extradición de Luis Rabbé para que todos los señalados en el expediente hayan sido presentados ante la justicia.
ANTECEDENTES
El 28 de junio de 2017, la CSJ dio con lugar el antejuicio contra el ahora exdiputado Christian Boussinot, por existir indicios de que llevó a personal de su confianza al Congreso de la República, gestionó sueldos y luego les cobró comisiones ilegales de hasta 80 por ciento.
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Según la investigación presentada por la FECI, además, el excongresista designó tareas específicas y para su servicio personal a empleados cuyos salarios eran pagados con fondos públicos.
Boussinot también fue denunciado en 2015 por contratar personas como empleados del Organismo Legislativo, pero en lugar de trabajar para el Congreso les asignaba tareas particulares o en empresas relacionadas a él.