Por Lourdes Arana
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El pasado martes, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) develó el caso Autoridades al Servicio del Crimen, el cual involucra a cuatro agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes, a cambio de dinero, habrían proporcionado información e intervenido para que no se esclareciera un intento de asesinato y por ello, la Fiscalía no descarta el involucramiento de altos mandos policiales por medio de una estructura criminal.
En este sentido, el jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, comentó que la Fiscalía Municipal de Amatitlán trabaja “con estos elementos de la PNC, la Fiscalía Municipal de Amatitlán trabaja decenas o cientos de casos, podría ser perjudicial para los fiscales de la Fiscalía, que personas que pertenecen a las fuerzas de seguridad estuvieran acompañando en diligencias y como contrapunto siendo objeto de investigación”, agregó.
Sandoval comentó que, en la investigación realizada por la FECI, se pudo obtener información por parte de víctimas que indicaron que el involucramiento por parte de la PNC es “una situación sistemática en esa estación policial”, por lo que no se descarta que pudieran estar involucrados altos mandos de esta institución.
En el caso Autoridades al Servicio del Crimen, la Fiscalía coordinó la captura de cuatro miembros de la PNC asignados a Amatitlán, quienes habrían proporcionado información a Miguel Enrique Ramírez Dávila para asesinar a Arnoldo Peralta Iboy.
Luego le ayudarían, según las investigaciones, a intentar a ocultar el crimen, incluso son señalados de amenazar a compañeros policías en las pesquisas e instar al atacante a matar a Peral Iboy en un segundo atentado.
SENTENCIAS DE CASOS QUE INVOLUCRAN A AGENTES DE LA PNC
La FECI ha logrado dos sentencias condenatorias en distintas carpetas judiciales en donde se ha evidenciado la participación de agentes de la PNC.
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CASO GASOFA
El primero de ellos es el caso Gasofa, en donde se dictó una condena de 18 años de prisión en contra de 9 agentes de la PNC que ayudaron al contrabando de combustible entre del 2008 al 2012 en la frontera entre El Salvador y Guatemala.
Entre las pruebas que se aportaron en el juicio están interceptaciones telefónicas e información extraída de los teléfonos celulares incautados a los sindicados. Durante la investigación de este caso fueron analizadas más de 30 mil llamadas telefónicas.
El Tribunal validó las declaraciones de testigos y peritos que detallaron la forma en que operaba esa organización criminal en el robo de gasolina, así como las pruebas documentales consistentes en declaraciones falsificadas de importación de gasolina que fueron halladas en distintos allanamientos en donde las autoridades localizaron bombas, armas de uso exclusivo del Ejército y de fuerzas de seguridad, marchamos de la Superintendencia de Administración Tributaria y sellos falsos de notarios con los que elaboraban documentos ilegales.
CASOS PAVÓN E INFIERNITO
El 8 de agosto de 2013, el Tribunal de Mayor Riesgo B emitió condenas entre 15 a 33 años de cárcel en contra cuatro personas, entre ellas Víctor Hugo Soto Diéguez, ex jefe de Investigación Criminal de la PNC, por su participación en las ejecuciones extrajudiciales de 10 reos en los casos Pavón e Infiernito, las mismas habrían sido cometidas en 2005 y 2006 respectivamente.
Las cuales quedaron distribuidas de la siguiente manera:
– Víctor Hugo Soto Diéguez: 33 años de cárcel por el delito de ejecución extrajudicial de 10 reos en los casos Pavón e Infiernito. El Tribunal argumentó que por ser un delito continuado se le imponía esa pena de prisión.
– Víctor Manuel Ramos Molina: 25 años de cárcel por ejecución extrajudicial de Edwin Estuardo Santacruz, (caso Zacapa). Fue absuelto por una ejecución extrajudicial (caso La Cueva).
– Axel Arnoldo Martínez Arreaza: 25 años de cárcel por ejecución extrajudicial de Estuardo Santacruz (caso Zacapa).
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– Aldo Stefano Figueroa Díaz fue condenado a 15 años de prisión por los delitos de tenencia ilegal de armas de fuego y tenencia ilegal de municiones. Fue absuelto por asesinato de los 7 reos del caso Pavón y por el delito de asociación ilícita.
Las investigaciones determinaron que se creó e integró una estructura paralela dentro del Estado que tuvo el poder de ejecutar extrajudicialmente a quien ellos consideraban “lacras” y “enemigos de la sociedad”. Este grupo utilizó todo el poder y la maquinaria del Estado para llevar a cabo su actuar delictivo, y al mismo tiempo lograr la impunidad de sus actos a sabiendas de que los mismos estaban fuera de la ley.
