El juicio contra el exjefe de Inteligencia, José Mauricio Rodríguez Sánchez, se realizó en 2018. Foto La Hora

Por Lourdes Arana
lcarana@lahora.com.gt

Este martes, la Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR) y el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), interpusieron ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un recurso de casación en contra de la resolución emitida por la Sala de Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo y de Extinción de Dominio que confirmó una sentencia absolutoria en 2018 a favor del exjefe de Inteligencia Militar de la zona Ixil, José Mauricio Rodríguez Sánchez.

Con dicho recurso buscan que se condene al militar por el delito de genocidio y delitos contra los deberes de humanidad cometidos contra el pueblo Maya Ixil.

INSISTEN EN RESPONSABILIDAD DE RODRÍGUEZ SÁNCHEZ

El debate dio inicio en 2015 y finalizó en 2018, durante este proceso AJR y CALDH indicaron que se acreditaron los hechos y se probó que hubo genocidio, además, se comprobó la responsabilidad penal del jefe de inteligencia del destacamento militar, en este caso Rodríguez Sánchez.

Según comentaron las organizaciones, quedó demostrado que José Mauricio Rodríguez Sánchez cooperó a la comisión del delito, “desde la preparación de los planes que conllevó la destrucción parcial del grupo étnico Maya Ixil en los años 1982 y 1983, así como la calificación de éstos como enemigos, actos sin los cuales no se habría podido cometer el genocidio y delitos contra los deberes de humanidad. Sin embargo, en una sentencia por mayoría el Tribunal no condenó al sindicado, violentando de esta manera el derecho de las víctimas en la búsqueda de la verdad y la justicia”, señalaron.

Los abogados presentaron hoy el recurso en la Corte Suprema de Justicia. Foto La Hora/José Orozco

JUEZA RECONOCIÓ RESPONSABILIDAD DEL ACUSADO

Agregaron, además, que el 26 de septiembre de 2018, la Jueza de Mayor Riesgo “D”, Sara Yoc Yoc, “expuso durante la audiencia su voto razonado, explicando claramente la responsabilidad penal del acusado y su desacuerdo a la sentencia absolutoria. Es importante resaltar que también en 2018 el Tribunal afirmó que en Guatemala sí hubo genocidio”, puntualizaron.

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