Por Lourdes Arana
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Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dieron trámite al amparo presentado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), contra el arresto domiciliario otorgado a favor de la excandidata presidencial, Sandra Torres, quien es señalada en el caso Financiamiento Electoral Ilícito de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
Está disposición se solicitó por la Fiscalía debido a que a en febrero del 2020, diputados de la UNE indicaron que la ex primera dama había tenido comunicación con integrantes de esa agrupación política y, aparentemente, intentaba reunirse con algunos congresistas.
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MEDIDAS DE COERCIÓN
El 8 de enero pasado, cuando la jueza Eva Recinos, titular del Juzgado de Mayor Riesgo “E”, le dio arresto domiciliario a la excandidata a la Presidencia, le impuso una caución económica de Q800 mil y otras prohibiciones.
En ese sentido, la juzgadora le indicó a Sandra Torres que no podía salir del departamento de Guatemala, como tampoco del país sin autorización judicial, además, Recinos resolvió que Torres debía acudir cada lunes al Ministerio Público (MP) a poner su huella dactilar.
También se indicó tener la prohibición para reunirse con imputados y testigos, debido a los delitos por los que está acusada, los cuales son asociación ilícita y financiamiento electoral no registrado.
De igual manera, la jueza señaló que Torres no debía asistir a ninguna reunión política, en virtud de los ilícitos por los que está procesada y agregó que, si bien es Secretaria General de la UNE, ella debía evitar cualquier reunión de ese tipo.
LA DENUNCIA
Por medio de una conferencia de prensa llevada a cabo el 5 de febrero, el jefe de la bancada UNE, Carlos Barreda, acompañado de otros diputados de ese partido, expresó que Torres a pesar de tener prohibición de juez de tener relación con el partido, intercambia mensajes con diputados, entre ellos Estuardo Vargas y Carlos López.
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