Por Lourdes Arana
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Este martes, Alianza por las Reformas presentó en conjunto con el Sector Interreligioso Centinelas, una denuncia penal y solicitud de levantamiento de antejuicio en contra de los integrantes de la Junta Directiva del Congreso de la Republica por la no elección de magistrados de Cortes.
La acción es contra Allan Estuardo Rodríguez Reyes, presidente del Congreso; Sofía Jeanetth Hernández Herrera, primera Vicepresidente; Luis Alfonso Rosales Marroquín, segundo Vicepresidente; Armando Damián Castillo Alvarado, tercer Vicepresidente; Felipe Alejos Lorenzana primer secretario; Rudy Berner Pereira Delgado, segundo secretario; Douglas Rivero Mérida, tercer secretario; Hernán Moran Mejía, cuarto secretario y Carlos Santiago Nájera Sagastume, quinto secretario.
La denuncia se planteó por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, desobediencia, violación a la Constitución, prolongación de funciones y restitución de emolumentos.
Alianza por las Reformas informa que hoy presentaron junto a @CentinelasGT, una denuncia contra los miembros de la Junta Directiva del Congreso por "retardar maliciosamente la elección de Cortes". https://t.co/QXSHrbNepk
— Diario La Hora (@lahoragt) October 13, 2020
Según se indica en el comunicado, desde el pasado 24 de junio se ha incluido 15 veces la elección de magistrados de la CSJ y Salas de Apelaciones como último punto de agenda, “lo que muestra claramente que no hay ninguna intención de elegir Cortes. Con estas acciones se está incumpliendo el articulo 215 y 217 de la Constitución”.
Alianza por las Reformas y Sector Interreligioso Centinelas indican por medio de un comunicado que este retraso “intencionado”, provoca la prolongación indebida de las funciones de los actuales togados, “la cual debió ser electa en junio de 2020, conforme a lo ordenado en la sentencia de la Corte de Constitucionalidad (CC) de fecha 6 de mayo del presente año”.
Además, resaltan que fue la fiscal general y jefa del Ministerio Publico (MP), María Consuelo Porras, quien promovió el amparo en contra del Congreso para detener la elección de Cortes, por lo que se “debe garantizar la debida ejecución de la sentencia y promover la persecución penal contra los miembros de la Junta Directiva que no han acatado y cumplido la resolución del máximo órgano de protección Constitucional”, finaliza el pronunciamiento.
