Por Lourdes Arana
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La fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras, ordenó que la investigación por drogas ubicadas durante un allanamiento del caso La Línea 2.0, la cual tiene a su cargo la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), fuera trasladada a otra Fiscalía.
Esta es la segunda ocasión en la que Consuelo Porras quita una investigación asignada a la FECI para trasladarla a otra Fiscalía. El lunes, se confirmó que la pesquisa por una supuesta conspiración contra el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), fuera conocida por la Fiscalía de Delitos Transnacionales, aunque ya tenía avances la unidad dirigida por Juan Francisco Sandoval.
La Hora consultó con analistas sobre estas decisiones de la Fiscal General y dos de ellos coinciden en que esto busca debilitar a la FECI que ha tenido bajo su responsabilidad casos de alto impacto relacionados a la corrupción, pero también en sucesos vinculados al narcotráfico.
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ALIANZA POR LAS REFORMAS: VEMOS DEBILITAMIENTO
Según Álvaro Montenegro de Alianza por las Reformas, esto evidencia un debilitamiento hacia la FECI “muy fuerte”.
“Vemos que solo esta semana se ha dado un debilitamiento a la FECI muy fuerte, se le quitó el caso de la conspiración del IGSS debido a que se pidió el antejuicio contra Leyla Lemús, para proteger al presidente y ahora vemos que se vuelve a retirar un caso importante a la FECI”, dijo Montenegro.
Además, recordó que la fiscal general, Consuelo Porras cuando llegó al MP no abogó a favor de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ya que no solicitó la prórroga para que el ente investigador se quedará en el país, lo que debilitó a la institución, lo que calificó de preocupante.
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BARRENO: LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN TENIA UN RESPALDO MAYOR EN GESTIONES ANTERIORES
Mientras que el consultor político independiente Ricardo Barreno, contextualizó que se estuviera a favor o no de la CICIG, en gestiones anteriores del MP se tenía un respaldo social mayor a la lucha contra la corrupción.
“Había un contrapeso constante para afrontar los casos judiciales con mayor discusión, con mayor claridad”, añadió.
A decir de Barreno, el problema ahora es que la discusión de la justicia se da sin ese actor -sociedad- como contrapeso incómodo para algunos sectores y alentador para otros.
Barreno indicó a La Hora que aún no se tiene la claridad de la intención real de las actuaciones de la Fiscal General pero que “percibimos es un intento de debilitar las funciones y los alcances de la FECI, un actor que hasta hace años ha demostrado claridad y transparencia”.
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ASÍES: ES UNA POTESTAD QUE TIENE LA FISCAL GENERAL
Por otra parte, Lorena Escobar, analista del sector Justicia de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASÍES), comentó que las actuaciones de Consuelo Porras corresponden a la potestad que tiene la Fiscal General con respecto al seguimiento de los casos y que se espera sea por beneficio a la búsqueda de la verdad y que se tenga un interés de lograr una sentencia en el caso.
“Es una actuación legal según los resultados de las investigaciones y la potestad de la fiscal, normalmente se asignan los casos por que ya se tiene alguna percepción del delito que se está cometiendo y de la experiencia que tiene cada fiscalía, recordemos que cada fiscalía tiene asignado un delito y por lo tanto ha tenido experiencia a través de los años de cómo se producen estos actos ilícitos, es muy probable que en el camino derivado de las investigaciones surjan nuevos elementos”, comentó Escobar.
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LO QUE DIJO EL MP
Según el jefe de información del MP Juan Luis Pantaleón, el caso La línea 2.0 continúa bajo la investigación de la FECI, sin embargo, se abrió una nueva línea de investigación relacionada a delitos de narcoactividad por lo que esto estará a cargo de la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad.
Sin embargo, la FECI ya ha conocido casos relacionados al narcotráfico como el denominado Amatitlán, en el cual un grupo de policías integrado por altos mandos robó cierta cantidad de droga al narcotráfico, no cuantificada por las autoridades.
También tuvo a su cargo el caso Kerkaporta, generado a raíz de la detención de Ramón Antonio Yáñez Ochoa, de nacionalidad mexicana y líder de una red de narcotráfico, en el cual también resultaron involucrados exdiputados.
