Por Lourdes Arana
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La jueza de mayor riesgo «A», Claudette Domínguez, aceptó la solicitud que hicieron cinco exdiputados para no acudir al Ministerio Público (MP), a firmar el libro de control del arresto domiciliario, debido a la pandemia de COVID-19.
Dicha solicitud fue aceptada por la juzgadora debido a que la mayoría de los señalados en el caso de Plazas Fantasmas en el Congreso de la República, son mayores de 60 años, por lo que son considerados parte de la población vulnerable ante el nuevo coronavirus.
Sin embargo, Domínguez hizo referencia a que este beneficio solo se les otorgará, con el fin de resguardar su salud durante el tiempo que dure la pandemia, al normalizarse dicha situación deberán acudir como de costumbre.
“Esta judicatura nuevamente, considera pertinente que deben continuar cumpliendo a cabalidad las medidas impuestas, no obstante, he de destacar específicamente que la mayoría de los procesados son de avanzada edad y por los padecimientos que presentan, velando, como reitero por su derecho a la salud”, puntualizó la jueza Domínguez.
Los procesados tenían la obligación de acudir cada 15 días a colocar la impresión dactilar de su dedo pulgar y de firmar el libro de control biométrico en la sede del MP, sin embargo, esta queda suspendida temporalmente comentó la juzgadora, “esa medida en consecuencia derivado a la pandemia se suspende temporalmente”.
Las medidas aplican para los exdiputados: Christian Boussinot, César Fajardo, Arístides Crespo, Alfredo Rabbé y Carlos Herrera.
La juzgadora rechazó la solicitud de Edgar Leonel Fernández Regalado, quien también es sindicado en el caso, de optar a la medida de no presentarse a firmar el libro de control biométrico por no ser parte de la población en riesgo.
Fernández Regalado, trabajó como asesor del exdiputado Christian Boussinot y fue ligado a proceso por el delito de extorsión.
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EL CASO
Según las investigaciones del MP y la desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), alrededor de 300 personas fueron contratadas de forma irregular durante las gestiones de Pedro Muadi y Luis Rabbé, como presidentes del Congreso entre el 2014 y el 2016.
Los exdiputados son señalados de los delitos de abuso de autoridad, peculado por sustracción y nombramientos ilegales.
