La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) reveló la existencia de una red conformada por 410 empresas que habría defraudado al fisco por un monto superior a los Q300 millones y que a su vez también tienen vínculos con otras firmas que, durante 2021, 2022 y 2023 hicieron negocios millonarios con el Estado.
La información la dio a conocer en una conferencia de prensa este miércoles 14 de agosto el jefe de la SAT, Marco Livio Díaz.
Según la explicación, que tardó cerca de 45 minutos, se trata de una estructura de 410 empresas que el 75 por ciento fueron constituidas por el mismo abogado y la totalidad cuentan con el mismo representante legal.
Estas firmas se convirtieron en proveedoras de varias instituciones del Estado en esos años, entre estas la Policía Nacional Civil (PNC), Ministerio de la Defensa, Ministerio de Cultura, Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) y varias municipalidades.
Los negocios ascendieron a más de Q81.7 millones, cuando estas empresas reportaban estados financieros apenas con un capital de Q4 mil 500, y cuando la relación entre débitos y créditos es menor al 4 por millar.
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Además, explicó la SAT, estas compañías, en la sección financiera de sus declaraciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) “no presentan activos que validen la infraestructura para el desarrollo de sus actividades comerciales”.
Entre otras irregularidades que detectó la SAT está que los contribuyentes tenían registrados domicilios en zonas rojas, pero que no fueron localizados y contaban con el mismo perito contador.
La SAT precisó que una de las direcciones registrada por más de 200 empresas estaba en la 33 calle “C” 10-16, zona 7, colonia Bamvi, pero el inmueble no existe, según comprobaron investigadores; sin embargo, para poder registrar su inscripción como contribuyentes las compañías adulteraron documentos, como recibos de agua, luz o teléfono.
El Superintendente de la SAT agregó además que, «estas zonas rojas hay personas que vigilan y no permiten que cualquiera se acerque».
Estas empresas tienen el mismo representante, quien también tiene su oficina en la colonia Bamvi, en la 33 calle “C” y Lote 18, pero que parece un terreno baldío.
Retransmisión: La SAT brinda conferencia este miércoles 14 de agosto
DEFRAUDACIÓN
Estas 410 empresas, de acuerdo con lo informado en la conferencia de prensa, facturaron bienes y servicios por valor de Q5 mil 730 millones, Q2 mil 186 facturaron entre ellas y Q3 mil 544 millones a otros contribuyentes, entre 2021, 2022 y 2023. En 2024 han facturado Q714 millones.
No obstante, la multimillonaria facturación, las empresas pagaron menos del 0.01% de impuestos, Q17.9 millones por Impuesto al Valor Agregado (IVA) y Q8.3 millones en ISR. Esto significa que hubo una posible defraudación tributaria de Q300 millones.
MÁS NEGOCIOS CON EL ESTADO
Estas 410 compañías, además, también hicieron negocios con otra veintena de empresas que fueron proveedoras del Estado por más de Q4 mil 859 millones, entre estas cinco constructoras que cobraron a distintas instituciones Q517.2 millones por la renta de maquinaria y venta de materiales para la construcción.
La SAT también mencionó que otras 16 empresas firmaron contratos con por lo menos 16 unidades ejecutoras de ministerios y municipalidades por Q4 mil 342 millones.
A la vez, Díaz indicó que hay indicios de que la estructura habría defraudado al Estado por otros Q800 millones en impuestos. Asimismo, subrayó que los contribuyentes de la estructura serán desactivados.
En la actividad además de Díaz, se encontraban Edwin Orlando Curtidor Juárez, intendente de Aduanas, Oscar Vinicio Perdomo Figueroa, intendente de Asuntos Jurídicos, Armando Gabriel Pokus Yaquián intendente de Atención al Contribuyente, Oscar Alberto Hernández Romero, intendente de Fiscalización y Erick Estuardo Echeverria Mazariegos, intendente de Recaudación.
DENUNCIAS
Díaz explicó que se presentó la denuncia por posible defraudación tributaria ante un juzgado pluripersonal de Primera Instancia, al Ministerio Público (MP) y se entregó una copia la Contraloría General de Cuentas y a la Procuraduría General de la Nación (PGN) y dijo que una fiscalía ya investiga al a menos a cinco de estas empresas.
Señaló que a los autores intelectuales «en alguna medida» se identifican en la denuncia y que esperan trabajar de la mano del MP en este caso, aunque dijo que trataron de buscar una reunión con la fiscal general antes de la conferencia, pero «por temas de agenda, no ha sido posible».
Además, hizo un llamado al sector privado y a los líderes sociales para que no dejen sola a la SAT en el esfuerzo por propiciar una competencia leal y certeza jurídica para los responsables de estas acciones.
«No podemos seguir permitiendo que sigan apropiándose de impuestos destinados a la población más vulnerable», subrayó el jefe de la SAT.
«Tenemos la oportunidad de corregir estas prácticas para corregir todo el sistema tributario, pero debe ser un esfuerzo de toda la ciudadanía», concluyó.
