Por: Esdras Laz / Mónica Duarte
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La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) desarrolló una serie de allanamientos en la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE), para sustraer las actas electorales originales número 4 y 8 donde descansa la pureza del proceso electoral. Dichas acciones riñen con el orden constitucional y afectan la democracia en el país, según las declaraciones de analistas expertos en Derecho consultados por La Hora.
El pasado 29 de septiembre fiscales del Ministerio Público se hicieron presentes al TSE para realizar una diligencia de allanamiento, con el objetivo de sustraer las actas originales que contienen los resultados de las elecciones generales del pasado 25 de junio, todo ello como seguimiento a más de “mil denuncias presentadas ante la FECI”, según señaló Rafael Curruchiche, titular de la unidad.
Pese a que Curruchiche señalara que la investigación es ajena al partido Semilla, su afirmación quedó en entredicho con la orden del juez Fredy Orellana, que cita el mismo numeral del caso contra esa organización política con el número 01079-2023-00231.
Por otro lado, Curruchiche afirmó que este allanamiento fue en seguimiento a las acciones ejecutadas en el Centro de Operaciones del Proceso Electoral (COPE).
La FECI de forma grotesca y sabiendo que el pleno de magistrados del TSE y su personal estuvieron en desacuerdo en sacar las actas, acción que la misma Ley Electoral y de Partidos Políticos prohíbe, procedieron a secuestrar dicha documentación.
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La Hora consultó con abogados constitucionalistas sobre su perspectiva ante las acciones que el MP realizó en las instalaciones del TSE, cuál es el panorama que se prevé para los próximos días y si se puede decir que estas acciones son un golpe de Estado a la democracia, esto respondieron:
“ACCIONES ENCAMINADAS A UN POSIBLE GOLPE DE ESTADO”
Ovidio Orellana, expresidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) describió que las actas 4 y 8 que expresamente busca la fiscalía, son las que documentan los resultados electorales y son las que sirvieron de base, en su opinión, para oficializar los resultados electorales.
En esa línea, Orellana considera que el secuestro de esas actas, en la forma que se hizo, no le hace nada bien a la labor investigativa, ya que era más eficiente y eficaz, que el Tribunal certificara las mismas y, de esa forma, respaldar legalmente cualquier petición futura ante un juez.
“Al haber procedido, como lo hicieron, solo será la versión del Ministerio Público sin la debida credibilidad del resultado que la investigación les pueda producir, porque estando en su poder las actas originales, hará suponer cualquier posibilidad de alteración a las mismas. Ninguno de los entes electorales que participó en los eventos electorales, estuvo y está presente en lo que ya se hizo y en lo que se esté haciendo por el Ministerio Público, en relación con las referidas actas”, apuntó el abogado.
Además, consideró que está claro que si el MP se llevó esas actas, lo que busca es hacer su propio conteo de votos, pues eso es lo que contienen descrito y, si encuentra diferencias, buscarán responsabilizar penalmente a alguien y, de paso, podrá buscar una resolución judicial X que pueda afectar incluso el propio proceso electoral.
En cuanto a su respuesta, de que si estas acciones son un golpe de Estado a la democracia, puntualizó: “Estimo que estas son parte de las distintas acciones que podrían estar encaminadas a ese propósito, pues su afirmación plena será, sí y solo sí, si el Ministerio Público con el aval de alguna autoridad judicial, llegan a socavar a plenitud el proceso electoral”, concluyó.
“ACCIONES RIÑEN CON EL ORDEN CONSTITUCIONAL”
El abogado Edgar Ortiz indicó que las acciones realizadas por la FECI riñen con el orden constitucional de Guatemala, ya que estas “rebasan las atribuciones que le competen al Ministerio Público y está en completa atención con los límites del foro de la Ley Electoral”.
“Hay falta de transparencia en la investigación, hay un abuso en la reserva del caso, porque se desconoce a estas alturas de qué va la investigación y por qué han sustraído los documentos electorales. Estamos hablando desde la oscuridad y la ignorancia porque la Fiscalía abusa de la figura de las reservas que existe para ciertos casos concretos”, detalló.
Asimismo, Ortiz comentó que existen tres grandes problemas con el actuar de la FECI, el primero es la falta de transparencia de la investigación, que se da al poner en reserva el caso, creando obscuridad e ignorancia en las razones de la sustracción de los documentos electorales abusando así de la figura de reserva.
En segundo lugar, Ortiz resaltó el peligro de sustraer las actas que estuvieron a cargo de la ciudadanía que participó en las Juntas Electorales y que estaban resguardadas por el TSE, creó la pérdida de la custodia y la garantía de los resultados electorales. Tercero, las vinculaciones de la investigación que el MP tiene en contra del TSE son investigación de Semilla.
“La pregunta que yo me hago es si el Fiscal Curruchiche dijo en sus declaraciones que el caso no está relacionado con Semilla, y que es por falsedad, ¿por qué están incluyendo esas diligencias en la misma causa? Todo lo que se está haciendo en este contexto es muy dudoso y grave, por supuesto”, puntualizó.
Su respuesta a si se puede decir que es golpe de Estado a la democracia, enfatizó que se deberían revisar los términos: “No me gusta ser alarmista, pero es una acción que riñe con el orden constitucional, sin duda alguna, esto está en clara tensión con las atribuciones que le competen al MP y en los límites de lo que rige la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP)”, concluyó.
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SE CREA INCERTIDUMBRE A NIVEL NACIONAL
Sobre el tema, el abogado constitucionalista Christian Aguilar explicó que esta situación ya rebasó a un límite de aflicción: “Esto ya no es una preocupación, esto ya rebasó a una aflicción, ya que se siguen desarrollando acciones por una supuesta persecución penal en donde ya están trastocando hechos propios de los procesos electorales, que son regulados por normas de rango constitucional como la LEPP”, consideró.
En esa medida, detalló que preocupa más que una arbitrariedad, también crea incertidumbre a nivel nacional en cuanto a lo que se pueda suscitar en los próximos días con los resultados del proceso electoral.
“Uno de los fines es venir y buscar, darle algún aspecto de ilegalidad a los resultados del proceso electoral, y no solo sería en los resultados presidenciales, sino también entrarían en duda los cargos que ya fueron adjudicados, como los alcaldes y diputados. Aquí materialmente estamos en las puertas de un golpe de Estado putsch (en referencia al golpe fallido de Adolfo Hitler)”, declaró Aguilar.
