Por: Engelberth Blanco
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Diego España
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Durante la sesión de esta tarde de viernes 21 de julio, el Pleno de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió dar trámite al amparo interpuesto por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) por lo cual requirió un informe a las autoridades impugnadas sobre su actuar en un plazo de seis horas.
De esta cuenta, la presidenta del Organismo Judicial (OJ), Silvia Valdés; la jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras; el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), José Alejandro Córdova, y el Procurador General de la Nación, Wuelmer Ubener Gómez, así como el titular del Ministerio de Gobernación (Mingob), David Napoleón Barrientos; del Ministerio de la Defensa Nacional, Henry Reyes; el Ministro de Finanzas, Edwin Martínez, y el Director General de la Policía Nacional Civil (PNC) deberán presentar un informe a la alta Corte.
Según tuvo conocimiento La Hora, la última notificación se registró a las 16:00 horas, por lo que las autoridades impugnadas tendrán hasta las 22:00 horas para remitir la documentación requerida por el Tribunal Constitucional.
Tras conocer los informes, el Pleno de magistrados deberá conocer el amparo del órgano electoral, y determinar si ordenan a dichas autoridades abstenerse de emitir decisiones que podrían afectar la segunda vuelta electoral.
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EL AMPARO DEL TSE
Debido a los recientes allanamientos en el Registro de Ciudadanos, así como en la sede del partido Movimiento Semilla, ordenados por el titular del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, Fredy Orellana, a solicitud de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), a cargo de Rafael Curruchiche, el TSE presentó un amparo ante la alta Corte, en contra de las siguientes autoridades:
Henry Reyes Chigua, ministro de la Defensa Nacional.
Silvia Valdés, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Organismo Judicial (OJ).
María Consuelo Porras Argueta, fiscal general y jefa del Ministerio Público.
Wuelmer Gómez, Procurador General de la Nación.
Edwin Ardiano, director general de la Policía Nacional Civil (PNC).
Edwin Martínez, ministro de Finanzas Públicas
José Alejandro Córdova, PDH.
Wuelmer Gómez, PGN.
A criterio del órgano electoral, existe una “amenaza cierta, futura e inminente, de que las autoridades denunciadas vulneren el Estado Democrático de Derecho, al no garantizar el ejercicio de las funciones del Tribunal Supremo Electoral, de los órganos electorales temporales y de la ciudadanía en general, para el desarrollo de un proceso electoral hasta su conclusión en un ambiente de libertad y plena vigencia de los derechos constitucionales de la ciudadanía y organizaciones políticas”.
Por ello, el TSE solicitó al Tribunal Constitucional que se ordene a las autoridades denunciadas que se abstengan de emitir decisiones y órdenes que se opongan a la plena vigencia, eficacia y cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo 1328-2023, en el cual oficializó los resultados de la primera vuelta electoral por la Presidencia.
AMPARO ES “SORPRESIVO Y LAMENTABLE”, DICE GOBIERNO
Sobre el amparo interpuesto por el TSE, la administración de Alejandro Giammattei emitió un comunicado, en el cual calificó la acción como “sorpresiva y lamentable”, ya que asegura que el Organismo Ejecutivo ha brindado todas las garantías de protección y acceso al voto durante el proceso electoral.
En el escrito, el gobierno central también menciona que ha trabajado en cumplimiento de su mandato legal, sin requerir de alguna resolución judicial que “las obligue a ello”, ya que a través de la cartera del Interior han puesto a disposición más de 42 mil agentes policiales, al igual que han puesto a disposición más de 25 mil soldados, además de habilitar 2 mil 500 centros educativos como centros de votación.
En el escrito también menciona que se ha puesto a disposición de los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia, un equipo de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS) y que en lugares con conflictividad electoral, las fuerzas de seguridad evitaron la escalada del conflicto.
El Gobierno de Giammattei también recriminó al TSE que 17 centros educativos quedaran con daños por la conflictividad, por lo que solicitó que se haga responsable de su reparación para evitar que los estudiantes vean “vulnerado su derecho a la educación”.
“Las dependencias del Organismo Ejecutivo han trabajado en cumplimiento de su mandato legal, sin requerir de alguna resolución judicial que las obligue a ello, por lo que reiteran su compromiso de continuar cumpliendo con las funciones que el andamiaje jurídico les demanda en el proceso electoral”, concretó.
Gobierno de Giammattei señala de “sorpresiva y lamentable” amparo requerido por TSE
ALLANAMIENTOS
Durante este viernes, la FECI junto con la PNC, realizaron un allanamiento en la sede del Movimiento Semilla, autorizado por el juez Fredy Orellana, en seguimiento de la investigación sobre la supuesta falsificación de firmas por la constitución del partido político.
Durante la investigación, la FECI también realizó dos operativos, el pasado 13 de julio en la sede del Registro de Ciudadanos, y el pasado jueves 19 de julio, en el Departamento de Recursos Humanos del TSE, en donde buscó ejecutar una orden de captura en contra de la subdirectora del Registro Ciudadanos, Eleonora Noemí Castillo Pinzón.
Otras Noticias:
Los allanamientos derivan de una investigación revelada por el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, el pasado 12 de julio, previo a que el TSE oficializara los resultados de la primera vuelta electoral por la Presidencia.
De esta cuenta, Curruchiche informó que a solicitud de la FECI, el juez Orellana suspendió la personalidad jurídica de Semilla, provocando un clima de incertidumbre, por lo que el partido presentó un amparo ante la CC, la cual dio vía libre para continuar con la segunda vuelta electoral, sin embargo, Orellana y la FECI han continuado las acciones contra el partido.
