Bebés en prisión. Condenados desde el nacimiento

Las cárceles de Guatemala son el hogar de 85 menores de cuatro años, a quienes el Estado les otorga el derecho de estar al lado de sus madres. En reclusión, sin embargo, padecen las mismas condiciones insalubres que las presas con quienes conviven. De hecho, en los últimos dos años, se han presentado casos de infantes con hambre, desnutrición y enfermedades constantes en al menos tres prisiones. Así es su infancia tras las rejas.

Por: Mariela Castañón

April nació en la cárcel debido a que su madre había sido detenida por venta de drogas. A los seis meses de edad, enfermó y pasó horas sin la atención necesaria. La bebé murió por rotavirus, según los reportes médicos que recibió su mamá. Pocos días después del deceso, las autoridades decidieron ponerle su nombre a la Clínica Pediátrica del Centro de Detención Preventiva para Mujeres Santa Teresa.

La salud de la niña se había complicado a finales de 2021, aparentemente por problemas gripales que le provocaban mocos, flemas y tos. Esa temporada del año se caracteriza por ser muy fría en Guatemala. El viento suele soplar con fuerza y los bebés que, como ella, viven con sus madres reclusas en Santa Teresa lo resienten, debido a que en muchos dormitorios hay ventanas sin vidrios. “Los niños están muy tiernitos. No tienen defensas como un adulto”, denuncia una de las madres que se encuentra recluida en esa prisión.

El de April es el evento más trágico de una serie de situaciones que se han dado en infantes que viven en, al menos, tres cárceles de Guatemala: Centro de Detención Preventiva para Mujeres Santa Teresa, Centro de Orientación Femenina (COF) y Cantel en Quetzaltenango, las cuales concentran alrededor del 90% de mujeres detenidas que cohabitan con sus hijos. Son administradas por la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) y en ellas se han reportado deficiencias en la salud y en la alimentación de los pequeños.

De hecho, desde 2021, se han registrado 35 casos de desnutrición en infantes al interior de estas tres prisiones guatemaltecas, esto a pesar de que la Ley del Régimen Penitenciario establece que los centros de detención deben contar con espacios adecuados para que estas mujeres puedan vivir con sus hijos.

La desatención no solo se da en la alimentación. Las cifras muestran que los servicios de salud también son deficientes. Tan solo en Santa Teresa, a mediados de mayo pasado, 39 niños tuvieron varicela, admite Jazmín Orellana, directora ejecutiva de la Unidad del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria. “A pesar de eso, todos los niños están bien”, expresa la directora.

Según la DGSP, el año en que April murió, menos de la mitad de los infantes que vivían en Santa Teresa estaban vacunados contra rotavirus. Su mamá, Jenifer Álvarez, no atina a decir qué vacunas fueron aplicadas a la niña. Para esta investigación periodística, la DGSP no permitió el acceso al expediente para saber si la pequeña tenía el esquema completo o alguna dosis de la aplicación de la vacuna contra el rotavirus.

De acuerdo con Orellana, únicamente hay una pediatra para atender tanto Santa Teresa como el COF y asiste dos veces por semana a cada centro. En otros sitios, como Cantel, la atención médica para los infantes se coordina con los hospitales locales.

LA SOMBRA DE LA DESNUTRICIÓN

Jenifer entró a la cárcel cuando tenía cinco meses de embarazo. Sostiene con fuerza el juguete que usaba la niña en la prisión y explica lo que sucedió a su hija: la bebé enfermó gravemente en dos momentos. La primera vez tuvo tos y mocos, por lo que fue trasladada al Hospital Roosevelt, donde permaneció diez días. La segunda fue porque enfermó de diarrea y en Santa Teresa no había medicina ni pediatra.

En esa segunda ocasión, con intención de asegurarse de que April tuviera acceso a la atención que requería, Jenifer solicitó autorización a las autoridades de la DGSP para acompañar a su hija al Roosevelt. Se la concedieron porque la bebé llevaba 19 horas con diarrea. Sin embargo, la niña murió en el trayecto al hospital.

A Jenifer no le permitieron ir al funeral de su hija. Por ello, las reclusas reunieron firmas para que viera a su bebé por última vez. Por medio de un permiso especial, le llevaron el cuerpo de la niña a la cárcel, antes de sepultarla. Tenía puesto un vestido de unicornio que su padre le había comprado y que usaría para las fiestas de fin de año.

El equipo investigativo que trabajó en este reportaje no pudo acceder a la información del tratamiento que se le prescribió a April en el Hospital Roosevelt, por tratarse de datos sensibles. Por su parte, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) se limitó a responder que la niña murió por “edema pulmonar”, no por rotavirus, como señalan los reportes médicos que recibió Jenifer.

La doctora Nancy Sandoval es una especialista en medicina interna y enfermedades infecciosas muy reconocida en Guatemala. Explica que el rotavirus es un virus contagioso fecal-oral. En los niños menores de cinco años no vacunados podría provocar vómitos y una diarrea líquida que los podría llevar a una deshidratación fuerte y a la muerte.

Las madres reclusas consultadas para este reportaje confirman que los bebés en condición de cárcel enferman con facilidad. Se quejan de falta de alimentos durante el fin de semana y dificultad para comprar multivitamínicos. Es lo que ocurrió a Carmen, que vive con su hija Susy en el COF (los nombres fueron cambiados por petición de la mamá).

Todos los días, Susy despierta con urgencia a su madre.

–Mamá, conteo… Abre los ojos, mamá…

Un hongo verde pinta las paredes del COF. El lugar es muy frío y siempre huele a humedad.

Susy parece “una alarma”, describe Carmen. Rápidamente se arregla y viste a su hija. Se preparan para el pase de lista por las guardias. Esta práctica es diaria y se realiza con el fin de confirmar que ninguna de las 1,016 mujeres que vivían en el COF hasta marzo de este año se hubiera fugado.

De lunes a viernes, al terminar el registro Carmen lleva a Susy a la guardería a un Centro de Atención y Desarrollo Infantil (CADI) que se encuentra dentro de la prisión. Ahí, la niña pasa alrededor de seis horas, donde recibe dos comidas: generalmente, son huevos con salsa en el desayuno, así como caldo de verduras y pollo para el almuerzo. Parece una buena opción para los bebés que viven en la prisión, pero no les garantiza las cenas, ni los alimentos por la noche ni los fines de semana. Estos deben ser cubiertos por cada una de las madres prisioneras.

Los CADI están a cargo de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP), una entidad que, a través de programas sociales, está al servicio de la población que vive en pobreza y pobreza extrema. De acuerdo con Corina Ardón, directora de Comunicación Social de la SOSEP, actualmente existen 580 CADI en todo el país y atienden a 12,000 niños y niñas en Guatemala. Sólo dos cárceles cuentan con un CADI: Santa Teresa y el COF, que es a donde acude Susy.

Sin embargo, a pesar de que existen estos dos centros, las madres pasan aprietos en las prisiones, porque no pueden asegurar la comida de sus pequeños en los horarios en que no se las proveen los CADI. Mary los Ángeles Ramírez, doctora en Administración y Políticas Públicas de la Universidad Galileo, asegura que la falla está en que ambos CADI operan de la misma manera en que lo hacen los centros que están fuera de prisión. Están ideados para quienes “no están privados de libertad, funcionan como guarderías donde los niños llegan a comer, a tener educación o cuidado”, expresa.

Lo anterior hace que los bebés en condición de cárcel sean propensos a desnutrición. Por ejemplo, en Susy hay signos evidentes de falta de alimentación. Sus brazos parecen hilos que le cuelgan. Ella es una de las tres niñas del COF que en 2022 fueron registradas con desnutrición crónica. “Todavía no se repone”, cuenta Carmen, frente al Módulo Maternal.

La pediatra le recomendó a Carmen que comprara un multivitamínico para Susy, que tiene un costo de 365 quetzales (47 dólares), valor que representa el doble de un frasco de leche económico. Carmen no pudo reunir ese dinero. Con la cabeza agachada y la mirada dirigida al suelo, admite que invirtió el poco dinero que obtuvo por su trabajo dentro de la prisión en cenas y comidas de fin de semana para Susy. Mientras, la niña sigue sin ganar peso.

La desnutrición crónica es un acumulativo de mala alimentación a lo largo de la vida de un niño y se refleja en baja estatura, de acuerdo con la nutricionista Kimberly Corado. La desnutrición se origina, principalmente, por dos factores: una inadecuada alimentación en cantidad y calidad, así como infecciones recurrentes respiratorias o enfermedades diarreicas agudas. “Si es desnutrición crónica –opina la experta–, estamos hablando de que las condiciones sanitarias dentro de las prisiones no están permitiendo un adecuado crecimiento de los niños”.

HISTORIA DE UN CONVENIO FALLIDO

Desde 2021 se han firmado tres convenios para garantizar la alimentación de los niños que viven con sus mamás en la cárcel. Uno fue firmado en noviembre de 2020 entre la SOSEP y la Asociación Colectivo Artesana. Tuvo una inversión de 437,400 quetzales (56,221 dólares). Sin embargo, se canceló casi dos años antes de lo previsto, tras una auditoría de la Contraloría General de Cuentas (CGC).

Por este convenio, debido a la pandemia de COVID-19, la SOSEP debía aportar mensualmente 12 quetzales diarios (1.6 dólares americanos) por niño al Colectivo Artesana. Ese dinero era para comprar alimentos y distribuirlos en las prisiones.

En 2021, la CGC encontró que dicho convenio fue suscrito sin contar con la documentación necesaria. Además, no se adjuntó el registro de las liquidaciones y listado de madres beneficiarias, a quienes se les entregaron los productos mensualmente. Hubo falta de supervisión en los lineamientos y procedimientos establecidos, además de evaluación de resultados.

Con esos argumentos, la CGC impuso sanciones económicas a quien estaba al frente de la SOSEP en el momento en que se firmó el convenio, Thelma Portillo, por un total de 71,000 quetzales (9,125 dólares). También, a quien era director de Hogares Comunitarios de la SOSEP, Eder Vladimir López, por 20,375 quetzales (2,618 dólares).

Tanto a Portillo como a López se les solicitó entrevista para saber su versión sobre este tema. Portillo respondió, vía WhatsApp, que no estaba en condiciones para hablar. Por su parte, López dijo que cuando él asumió el puesto de director de Hogares de la SOSEP, el convenio ya estaba firmado y únicamente lo ejecutó. Agregó que no pagó la sanción económica porque le presentó a la CGC la documentación que respaldaba que sí había supervisado el convenio.

Asimismo, en un documento solicitado por información pública, la SOSEP refiere que este convenio finalizó porque el Colectivo Artesana “no había cumplido” y había “lesionado” los intereses de la secretaría.

Por su parte, Andrea Barrios, representante legal del Colectivo, afirma que no dañaron los intereses de la SOSEP, porque el colectivo, además de comprar los alimentos para los niños, incluía a las mujeres embarazadas. “No lesionamos los recursos de nadie, nosotros hicimos buen uso de los recursos en función de la población”, dice y agrega: “Ellos usan ese argumento, en función de que los recursos se utilizaron para población que no debía ser atendida por parte de la SOSEP, en función de las mujeres embarazadas”.

A través de un requerimiento de información pública, la SOSEP explicó que con el convenio firmado con Colectivo Artesana solo se proporcionaban víveres para la alimentación de las niñas y los niños que cohabitaban con su mamá, mientras que ahora ofrecen alimentación complementaria y nutricional, educación inicial, atención psicosocial, supervisión y monitoreo. Sin embargo, según datos de la DGSP también proporcionados vía información pública, durante el primer trimestre de este año se reportaron 13 casos de desnutrición en bebés en condición de cárcel.

Por otro lado, tras la finalización del convenio entre la SOSEP y el Colectivo Artesana, se crearon dos nuevos convenios, firmados entre la DGSP y la SOSEP, para crear dos CADI en las cárceles. Fue así como surgieron los de Santa Teresa y del COF que operan actualmente.

SOPA DE PLANTAS SILVESTRES

Julia es conocida en el COF como “rusa”, así les llaman a las reclusas que no tienen familia que las visite. Es de escasos recursos y no tiene ingresos en prisión. También es mamá de Luis, un bebé de dos años que vive con ella. Para “espantar” el hambre de su hijo los fines de semana, confiesa que corta hojas de una planta silvestre que crece dentro de la cárcel. Las coloca en un recipiente con agua y eso le da de comer a su bebé.

“Como está chiquito, no se da cuenta de lo que comemos”, dice Julia. Mientras conversa, voltea a ver su hijo, quien juega frente al área maternal del COF.

–Otra vez te orinaste–, reprime a Luis, que todavía no ha aprendido a ir al baño, pero a quien ya no puede comprarle pañales, por falta de dinero.

–Termina de orinar ahí–, le ordena y lo coloca en un pedazo de tierra.

Es demasiado tarde: Luis ha mojado el pantalón recién lavado. Su mamá estima que lava más de dos atuendos diarios de su hijo.

“Casi siempre anda con mocos”, debido a la humedad que se respira dentro del módulo. Tuvo neumonía durante dos semanas, cuenta Julia.

Los primeros siete años de vida de un niño son cruciales. El que sus necesidades no sean cubiertas adecuadamente afecta su personalidad y su forma de socializar, así como su cuidado personal y su tolerancia a la violencia, explica el psicólogo clínico Manuel Antonio Velásquez, especialista en trauma, abuso sexual y neuropsicología infantil.

El incumplimiento de garantías a los derechos básicos de estos niños es un tipo de maltrato infantil, considera la doctora Mary los Ángeles Ramírez, quien ha realizado estudios sobre alimentación en menores que viven en prisión. Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), el maltrato infantil es cualquier forma de abuso o desatención que afecte a un menor de 18 años. Abarca violencia física o afectiva, abuso sexual y desatención, entre otros aspectos.

El Comité de los Derechos del Niño (CDN) es un órgano de 18 expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño por parte de sus Estados miembros. Guatemala ratificó esta convención en 1990. Sin embargo, en 2018, el CDN le hizo una serie de observaciones, entre ellas una enfocada a “las deplorables condiciones de vida y malos tratos” que padecen los niños en centros de protección, de detención juvenil y en cárceles.

A Otto Rivera, secretario ejecutivo de la Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos de la Niñez, le preocupa “el poco avance que se ha dado en Guatemala”, luego de que se hicieran públicas las conclusiones del CDN. Desde su punto de vista, “los niños siguen sin ser prioridad” en el país.

¿QUIÉN VELA POR LOS BEBÉS EN CÁRCEL?

Jirafas, hipopótamos y cebras bebés tapizan la pared de la Clínica Pediátrica “April”, que fue inaugurada apenas 22 días después de la muerte de la niña. Sus paredes blancas y limpias contrastan con los dormitorios donde habitan los bebés con sus madres.

Las reclusas se quejan de que hay pulgas y chinches que no dejan dormir a los niños por las noches. La DGSP, vía información pública, confirma que el prurigo por insectos es la segunda morbilidad más común que afecta a la niñez en Santa Teresa, el primer lugar lo ocupa el resfriado común.

Lo único que les permiten usar contra los insectos son productos de citronela. Algunas de las madres detenidas coinciden en que eso únicamente espanta las chinches, pero no las mata. “Si se fija en las manitas y piernitas de los niños, se dará cuenta que tienen ronchas o salpullido y eso es porque las chinches los pican toda la noche”, expresa una de las mujeres detenidas en Santa Teresa.

Orellana asegura que, de acuerdo con el mandato legal, la DGSP no tiene obligación de velar por los derechos de los niños, pues únicamente le competen las personas que están en prisión preventiva o que ya purgan una condena. Afirma que los pequeños “no son los privados de libertad”. Sin embargo, dice que con los recursos que tiene la DGSP tratan de cubrir algunas necesidades infantiles, como las medicinas.

Para las autoridades “resulta conveniente” decir que no se tiene competencia legal, critica la abogada independiente Stephanie Rodríguez. Además, expresa que es importante recordar que la DGSP es responsable de administrar los centros carcelarios y las mujeres tienen derecho a la maternidad y a una vida digna, porque lo único que han perdido es su libertad.

Efectivamente, el Artículo 52 de la Ley de Régimen Penitenciario obliga a las autoridades a contar con cárceles adecuadas a las “condiciones personales” de las mujeres en reclusión, así como “con dependencias o sectores para reclusas embarazadas”. Además, señala que los Centros de Detención para Mujeres deben permitir a las reclusas que vivan con sus hijos menores de cuatro años y dotarlas “de locales adecuados”, los cuales deberían estar “destinados para guardería infantil que serán atendidos por personal especializado”. No obstante, en dicho artículo no se menciona responsabilidad alguna en cuanto a dotación de alimentos, servicios médicos, ni espacios dignos para garantizar que los niños puedan pasar su infancia fuera de riesgos a su salud ni a su desarrollo físico y psicoemocional.

De acuerdo con Rodríguez, la DGSP no puede evadir su responsabilidad. Recuerda que, más allá de la normativa interna, existe una serie de estándares internacionales, como la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual establece el interés superior de los infantes. “La normativa internacional en materia de derechos humanos prevalece sobre la interna –explica–, lo que pasa es que a muchos funcionarios parece que se le olvida este principio básico”.

Las cárceles deberían tener servicios de pediatría las 24 horas del día, así como nutricionistas, psicólogos y espacios adecuados para que la niñez viva adecuadamente, apunta Andrea Casamento, integrante del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Una posible solución, considera, es otorgar el arresto domiciliario a las mujeres con hijos.

De acuerdo con el estudio “Presas en casa: mujeres en arresto domiciliario en América Latina”, que surgió como resultado de una colaboración entre organizaciones de derechos humanos, incluyendo la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), el arresto domiciliario puede ser una medida menos punitiva que el encarcelamiento. Frente a los altos riesgos para la salud, bienestar y vida de las personas privadas de la libertad, es crucial la reducción dramática de la población carcelaria, lo cual implica un aumento en la cantidad de personas en condiciones de arresto domiciliario.

Hasta ahora, informa Orellana, la única propuesta para transformar las condiciones de las cárceles es un convenio que se firmó con el gobierno de Estados Unidos para la donación de seis millones de dólares con el fin de remozar las prisiones, mejorar la calidad de vida y garantizar otros derechos a los reclusos. Sin embargo, debido a los procesos burocráticos de implementación y el año electoral en Guatemala, no será posible llevarlo a cabo este año, asegura la funcionaria.

Aunque en el fondo no quería, Jenifer asistió al acto de apertura de la Clínica Pediátrica “April” en enero de 2022. Confiesa que fue “muy doloroso” recordar a su bebé y cortar la cinta de inauguración. Aun así, tiene la esperanza de que ese espacio pueda ayudar a evitar la muerte de otros niños. Decidió ir “para que esto no vuelva a suceder, por los descuidos, que no se vuelva repetir con otra creatura, porque las creaturas son indefensas. Yo siempre digo: uno es el privado de libertad, no los bebés”.

Investigación: Mariela Castañón
Ilustraciones: Diego Sánchez
Videos: M. Herrera
Entrevistas y contactos: Asier Vera, Claudia Acuña y Rosa María Turcios.
Acompañamiento y diseño editorial: Equipo CONNECTAS.

“Bebés en prisión. Condenados desde el nacimiento” es una investigación realizada por Mariela Castañón realizada con el apoyo de CONNECTAS y del International Center for Journalists (ICFJ), en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de las Américas.