La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) condenó la decisión del juez Décimo B, Jimi Bremer de certificar lo conducente para que una fiscalía investigue a dos columnistas y un grupo de periodistas de elPeriódico por la posible comisión del delito de obstrucción a la justicia, vinculado a un segundo caso contra José Rubén Zamora, presidente de ese medio.
“Esta acción no tiene precedentes, ni siquiera bajo las dictaduras que en el pasado quisieron aplastar las libertades ciudadanas”, remarca.
“La APG rechaza el contubernio existente entre el Ministerio Público y algunos jueces, para desatar una persecución contra periodistas y columnistas de prensa”, indicó la APG en un comunicado de prensa.
En la postura señala que las acciones del Ministerio Público (MP) y de algunos jueces recae en la figura del prevaricato, “un delito que sanciona con prisión de dos a seis años a los responsables de emitir resoluciones contrarias a la ley”. Además, menciona que la decisión de la fiscal, Cinthya Monterroso, viola el artículo 35 de la Constitución.
“La fiscal Cinthya Monterroso argumenta que Zamora Marroquín montó una campaña de desprestigio por medio de publicaciones en elPeriódico y que para ello ha contado con la colaboración de otras personas”, recuerda la Asociación.
De la misma manera, convoca a todas las entidades de prensa a una reunión para tomar acciones en defensa de la libertad de prensa y evitar la criminalización de periodistas, así como de los columnistas de opinión.
El MP confirma que va tras periodistas; Libertad de Expresión en juego
INVESTIGARÁN A PERIODISTAS Y COLUMNISTAS
El pasado martes 28 de febrero, durante la audiencia de primera declaración por un segundo caso que se sigue en contra de José Rubén Zamora Marroquín, fundador y director del medio elPeriódico, el juez Bremer concedió la solicitud del MP de investigar penalmente a los periodistas Gerson Ortiz, Julia Corado, Cristián Vélix, Alexander Valdez, Rony Ríos y Denis Aguilar. Además, a los columnistas Edgar Gutiérrez y Gonzalo Marroquín.
De acuerdo a Monterroso, ella como parte de su labor fiscal documentó “todas las incidencias en los casos” y por ello recopiló notas periodísticas e investigaciones publicadas desde el referido medio que señaló al juez como “desinformación”.
Zamora asegura que los casos en contra de periodistas son una persecución política por parte del gobierno de Alejandro Giammattei y el MP de María Consuelo Porras.
El juez Bremer certificó que se investigue lo conducente en contra de quienes “resulten responsables por la posible comisión de lo manifestado por la representante del Ministerio Público”.
El togado agregó que él no ve medios de comunicación y que se mantiene alejado para no presentar parcialidad al momento de resolver durante los casos.
“Censurar a los medios de comunicación indudablemente en cualquier estado democrático es algo indudable. Es decir, que tal periodista o tal reportero de un medio tenga que decir a una entidad del gobierno: ‘mire esto es lo que voy a publicar mañana, ¿será que se puede?’, no es así”, explicó.
También indicó que lo anterior solo se puede llevar a cabo en estados autoritarios. “En estados democráticos, sigo considerando a Guatemala un estado democrático, no podemos tener esas limitaciones”, subrayó.
MP SEÑALA IMPRECISIONES
Según el MP, el comunicado tiene varias imprecisiones, tales como indicar que “el Ministerio Público debe respetar la ley”, cuando el Ministerio Público, de conformidad con su mandato legal y constitucional es garante del estricto cumplimiento de la ley, prueba de ello es que investiga toda denuncia con objetividad, imparcialidad y con estricto apego al principio de legalidad”.
“Asimismo, señalar “criminalización” o “contubernio”, es errado, pues conocer una denuncia y realizar una investigación de ninguna manera puede catalogarse bajo esos términos, ya que investigar es la función legal y constitucional del Ministerio Público y es a través de la investigación que se logra esclarecer la verdad histórica de los hechos”, agregó Comunicación Social.
“Es importante manifestar que no se trata de ninguna acción que busque limitar o coartar la libertad de expresión, simplemente el juez advirtió que existe una posible obstaculización de la investigación y ordenó al Ministerio Público investigar en virtud de que posiblemente se ha intentado amenazar o coaccionar a operadores de justicia, con el fin de influir en su comportamiento y obstaculizar sus funciones. Por ello, es únicamente a través de la investigación técnica, objetiva e imparcial que se puede establecer si existe o no la comisión de algún hecho constitutivo de delito, lo cual posteriormente el juez valorará y resolverá conforme a la ley, garantizando el respeto de todas las garantías y derechos”, añadió.
El MP consideró relevante tomar en cuenta que hay sentencias de la Corte de Constitucionalidad y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos referentes al tema, y también la Ley Contra la Delincuencia Organizada, “en su artículo 9 es clara al respecto y en ese sentido ninguna persona está exenta de cumplir con que establece la ley”, puntualizó.
