El Programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), hizo un llamado a las autoridades guatemaltecas para pedir el retiro de los cargos penales que le imputan al periodista Carlos Ernesto Choc, corresponsal de Prensa Comunitaria, esto luego que se dictará una orden de arresto en su contra por una denuncia en la que agentes policiales lo señalaron de “instigación a delinquir”.
Explicaron en un escrito divulgado esta semana, el 14 de enero, un juez de lo penal de Puerto Barrios, en el departamento de Izabal, dictó una orden de arresto contra Choc que se deriva de una denuncia de trece agentes policiales que acusaron al periodista de “instigación a delinquir”.
Esto a raíz de la cobertura que Choc dio a una manifestación celebrada en octubre de 2021 contra actividades mineras en El Estor, Izabal, según Prensa Comunitaria y la Asociación de Periodistas de Guatemala.
La criminalización ejercida el Estado no solamente está afectando a operadores de justicia probos, también va tras periodistas independientes, que se han atrevido a revelar lo que han investigado.
Nuestra solidaridad con Carlos Choc Chub. #NoMásCriminalización#LoVimosTodo pic.twitter.com/9QE9K2yhA7— Centinelas Guatemala (@CentinelasGT) April 1, 2022
En ese orden, pidieron a las autoridades guatemaltecas retirar inmediatamente los cargos penales que se le imputan al periodista, “y deben dejar de utilizar el sistema judicial para hostigar y silenciar a la prensa, declaró este viernes el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés)”.
“Aunque la orden de arresto se dictó en enero, Choc y Prensa Comunitaria solamente se enteraron de que su nombre aparecía en la orden de arresto la semana pasada, según el medio de prensa. Al 1 de abril, Choc no había sido arrestado”, anotan.
“De nuevo Carlos Choc será procesado judicialmente, solo por ser uno de los pocos reporteros que documentó la respuesta gubernamental a las manifestaciones”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Latinoamérica y el Caribe del CPJ, desde Nueva York.
SEÑALAN AGRESIONES A LA PRENSA
A este posicionamiento, se sumaron en un comunicado periodistas, organizaciones, ciudadanos, entre otros, expresaron que en el país se están registrando agresiones hacia la Prensa independiente y mencionaron los casos de Choc y Juan Luis Font.
Recordaron que hace cuatro meses denunciaron la criminalización del ejercicio periodístico y la situación del país no ha cambiado.
“Persisten la intimidación y las amenazas desde los organismos del Estado, el cierre de fuentes informativas, las negativas a responder solicitudes de información pública, los insultos y el acoso en redes sociales, así como la crítica infundada hacia la prensa independiente”, remarcan.
#GUATEMALA: Guatemalan authorities should immediately drop criminal charges against journalist Carlos Ernesto Choc, a correspondent for local news outlet Prensa Comunitaria, and stop using the country’s justice system to harass and silence the press.https://t.co/JJzD3SxlpG
— CPJ Américas (@CPJAmericas) April 2, 2022
SOBRE LAS GARANTÍAS QUE EXPRESA GIAMMATTEI
Afirman que el presidente, Alejandro Giammattei, garantiza la libertad de expresión únicamente con sus palabras, pero que no tiene credibilidad y que se persigue a los periodistas en distintas áreas del país.
“Tanto en la ciudad de Guatemala como en los demás departamentos y territorios por el trabajo que realiza, por cuestionar el discurso oficial, por hacer las preguntas incómodas para el poder, por investigar la corrupción que se ha institucionalizado en la vida pública y por no callar”, detallan.
“En ese afán por garantizar su impunidad y mantener sus privilegios, el gobierno y sus aliados dentro y fuera del Estado han manipulado la institucionalidad del sistema judicial. Desde el Ministerio Público y los tribunales persiguen a las personas que se oponen a sus fines. De esta manera se pretende silenciar no solo a la prensa independiente, sino también a defensores de derechos humanos y a otros actores de la sociedad, en abierta violación a la libertad de expresión. un derecho individual y colectivo”, agregan.
