En una carta enviada al Departamento de Estado, específicamente al Subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental Brian Nichols y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), congresistas demócratas solicitaron protecciones para las organizaciones de sociedad civil de Centroamérica, resaltando que las normativas que se han aprobado contra ellas en Guatemala, Honduras y El Salvador son un obstáculo para la cooperación de ese país.
La representante Norma J. Torres (CA-35), el senador Edward J. Markey (Massachusetts), el representante Joaquín Castro (TX-20) y el representante Jim McGovern (MA-02), lideraron la misiva en la que expresan su preocupación por el cierre de espacios cívicos en Centroamérica.
Y es precisamente por lo anterior que solicitan a la Administración que priorice la defensa y protección de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en la región.
Civil society groups are often our most trusted partner in our efforts to promote community-led development and support a more democratic, prosperous region. We must protect their ability to continue their critical work promoting human rights and anti-corruption.
— Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) February 1, 2022
“Aplaudimos el énfasis de la administración Biden-Harris en asociarse con la sociedad civil en El Salvador, Guatemala y Honduras para promover los derechos humanos, la anticorrupción, la democracia y el desarrollo sostenible dentro de la región y el compromiso declarado de USAID de dirigir el 25 % del gobierno de EE. UU. asistencia a los socios de desarrollo local durante los próximos cuatro años”, detallaron los legisladores.
Sin embargo, mencionaron que les preocupa la reciente proliferación de normativas que restringen las actividades legítimas de la sociedad civil impidiendo directamente la capacidad del gobierno de los Estados Unidos y de la comunidad internacional en general para asociarse con la sociedad civil de manera segura y eficaz para llevar a cabo operaciones legítimas.
HABLAN DE GT, ES Y HN
Para ser más específicos señalan la legislación propuesta o promulgada en El Salvador, Guatemala y Honduras, la cual impacta en los esfuerzos para promover el desarrollo liderado por la comunidad y apoyar una región más democrática y próspera; “esta legislación debe ser considerada un obstáculo para nuestra cooperación bilateral”.
Los legisladores, añadieron que, “dentro de la región del Triángulo Norte, la sociedad civil suele ser nuestro socio más confiable. Estados Unidos debe elevar la enmienda o derogación de la legislación dañina que restringe la actividad legítima de la sociedad civil como una prioridad clave de política bilateral y regional, al mismo tiempo que continúa asociándose y protegiendo a las OSC que realizan un trabajo crítico”.
Los congresistas instaron al Departamento de Estado y a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) a priorizar la protección de la sociedad civil en las relaciones bilaterales con los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras, incluso abogando por una mayor consulta con la sociedad civil y pidiendo claridad en torno a los detalles de las leyes abordadas anteriormente y su implementación.
UN SENADOR Y MÁS CONGRESISTAS SE UNEN A PEDIDO
La carta también está firmada por el Senador Ben Cardin (MD), los congresistas Nanette Diaz Barragán (CA-44), Adriano Espaillat (NY-13), Juan Vargas (CA-51), Dina Titus (NV-01), Raúl Grijalva ( AZ-03), Andy Levin (MI-09), Alexandria Ocasio-Cortez (NY-14), Tony Cárdenas (CA-29), Lucille Roybal-Allard (CA-40), Mark Pocan (WI-02), Jesús G. “Chuy” García (IL-04), Jimmy Gómez (CA-34) y Lou Correa (CA-46).
