La Fiscal General, María Consuelo Porras. El MP dirigido por ella, por medio de FECI, realiza los allanamientos. Foto. MP/Archivo

Un día después de la audiencia de primera declaración del exministro José Luis Benito, en la cual la jueza Silvia de León señaló que los representantes de la Fiscalía contra la Corrupción realizaron una “imputación pobre” contra el exfuncionario por el caso Libramiento de Chimaltenango, la fiscal general, María Consuelo Porras, aseguró en un comunicado que la institución inició una investigación.

Sin embargo, es necesario recordar que el caso fue impulsado en un principio y en gran parte de su desarrollo por dos fiscales que Porras trasladó a otras Unidades del Ministerio Público, quedando ahora en manos de personal que no estuvo involucrado totalmente en las etapas previas.

JUEZA SEÑALA DEFICIENCIAS

En la audiencia de primera declaración, el ente investigador solo señaló al exministro de Comunicaciones, de avalar lo actuado por la junta de licitación para favorecer con la adjudicación del proyecto a Renova Ingenieros S.A., sin hacer referencia a los derrumbes, inundaciones y otros daños que ha registrado la obra.

 

Al respecto, la defensa pidió la falta de mérito a favor de Benito, con el argumento de que los señalamientos de la Fiscalía eran actos administrativos.

Durante la resolución, la jueza, mencionó: “debo decir que es una imputación pobre”, debido a que el ente investigador no explicó de manera amplia todas posibles irregularidades que habría cometido el exministro al autorizar la obra.

Incluso, de León dijo: “está también en la investigación, transacciones financieras de Conasa hacia Renova, en las cuales según el Ministerio Público le inyectó capital en 2018, algunas de cuentas bancarias en el país y otras en cuentas desde Islas Vírgenes y Panamá”.

También agregó que, sobre lo anterior, el MP tenía conocimiento y sin embargo seguía complaciente.

“El Ministerio Público sabe todo eso; sin embargo, sigue complaciente porque jamás le imputó a Conasa el delito de lavado de dinero u otros activos. Y jamás le imputó a Renova un testaferrato”, enfatizó.

PERO CONSUELO PORRAS NO MENCIONÓ TRASLADOS

Es importante recordar que la jefa del ente investigador ordenó el traslado de Stuardo Campo, quien estaba al frente de la Fiscalía contra la Corrupción del MP, cuando esa unidad inició y amplió la pesquisa del Libramiento de Chimaltenango.

 

Previo a su traslado, la Fiscalía contra la Corrupción del MP, bajo el mando de Campo, solicitó la orden de aprehensión del exjuez Mynor Moto por su vinculación al caso Libramiento de Chimaltenango.

En su momento, el ente investigador, respondió que el propósito de estos nombramientos y traslados era el de garantizar “una respuesta eficaz a la ciudadanía en temas estratégicos y afianzar la continuidad en la efectividad del trabajo que se ha realizado”.

Otro de los traslados fue el del fiscal Eduardo Pantaleón, quien estuvo asignado a la Fiscalía contra la Corrupción y fue enviado a la Fiscalía Liquidadora; en su momento también tuvo a su cargo el caso Libramiento de Chimaltenango y tuvo a su cargo diligencias importantes como requerir órdenes de captura una de ellas contra Benito, que permaneció prófugo hasta hace pocos días.

Ahora el expediente ha recaído en integrantes de la Fiscalía que no conocieron totalmente las etapas previas de la investigación y sus actuaciones.

 

¿QUÉ DICE AHORA EL MP?

Tras la audiencia de la tarde del viernes 28 de enero, la jefa del MP, emitió un comunicado, en el que menciona que en “acatamiento” de su mandato constitucional debe atender toda denuncia “con la garantía de una investigación seria objetiva e imparcial velando siempre por el estricto cumplimiento de la ley”.

Por esa razón, mencionó que derivado “del conocimiento público” de las posibles irregularidades manifestadas por la jueza Silvia de León en la audiencia de primera declaración de Benito dentro del caso Libramiento de Chimaltenango, ha iniciado investigación, “la cual se tramita en la Fiscalía de Asuntos Internos en contra del personal que resulte responsable en el diligenciamiento del expediente”.

Como en otras oportunidades, la jefa del MP, aseveró que como siempre, “velará por el cumplimiento del principio de legalidad y objetividad en todas sus actuaciones, en consecuencia, no tolerará ni encubrirá acciones que pudieran revestir ilegalidades e irregularidades”.

Agregó que “se han iniciado las acciones penales pertinentes a efecto de establecer la veracidad de lo señalado por la Jueza en la audiencia en mención y deducir las responsabilidades que correspondan”.

Finalmente, reiteró que, se tomarán las acciones administrativas necesarias que garanticen el fiel cumplimiento de las funciones de la institución.

Redacción La Hora
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