En 2025, el Estado de Guatemala no solo pagó por el trabajo de sus empleados actuales; también financió los ingresos de quienes ya no están, incluyendo el de algunos políticos.
Un total de Q981 millones fueron desembolsados para cumplir sentencias judiciales, y de esos el 74% (Q724 millones) tuvo un destino único: el pago de demandas laborales de personas que, en teoría, fueron contratadas de forma temporal, pero que encontraron en los tribunales una mina de oro institucional.
De esta cuenta, siete de cada diez quetzales pagados por el Estado en fallos judiciales terminan en manos de extrabajadores que, pese a firmar contratos temporales, logran demostrar una relación laboral que los tribunales reconocen con millonarias compensaciones.
Este sistema ha permitido que figuras de alto perfil —desde exdiputadas hasta parejas de exdirectores— regresen a sus puestos con los bolsillos llenos. No son casos aislados, es un patrón financiero que aprieta los presupuestos de ministerios clave. Salud, por ejemplo, pagó Q231.4 millones en juicios, una cifra que incluye a 33 personas que cobraron, individualmente, más de un millón de quetzales cada una.
Casos como los de Eva Monte Bac, hija de la exdiputada Delia Bac, y allegados a exdirectores de Aeronáutica e Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) ilustran el patrón: contratos que nacen como favores políticos y terminan como sentencias que obligan a pagar salarios caídos de hasta siete cifras.
EL DESANGRE FINANCIERO
El año pasado, de las miles de sentencias ejecutadas, 79 expedientes destacan por su “sentencia afortunada”: cada uno de estos demandantes recibió una compensación que superó el millón de quetzales.
Este grupo, que representa una fracción mínima de la fuerza laboral, se llevó una tajada desproporcionada de los Q724 millones pagados por el Organismo Ejecutivo en concepto de prestaciones y salarios caídos, así como daños y perjuicios.
El desglose del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) revela que la ineficiencia administrativa tiene nombres de ministerios específicos. La modalidad es casi siempre la misma: contratos 029 que en la práctica operaban con jefes, horarios y equipo de oficina, dándole al trabajador la llave maestra para ganar en tribunales.
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Detrás de los casos de sentencias millonarias, según varios analistas consultados por La Hora, hay una maquinaria legal aceitada. Los sindicatos operan como reclutadores de demandantes, conectándolos con bufetes que ya tienen «la receta» para vencer al Estado. «Yo cobro de 25% a 30%, dependiendo del caso, y solo si se gana», confiesa un abogado consultado.
Esto significa que, de los Q724 millones pagados por el Estado en 2025, aproximadamente Q217 millones habrían terminado en las cuentas de los abogados laboralistas, alimentando una industria que incentiva la demanda sistemática cada vez que hay una rotación de personal.
LOS MILLONES PAGADOS EN 2025
Las demandas laborales contra el Estado son constantes. Expedientes de este tipo llegan cada año a ministerios, secretarías, instituciones autónomas y otras dependencias que reciben fondos gubernamentales. Por ello, el Presupuesto General de la Nación incluye una partida destinada a cubrir obligaciones derivadas de resoluciones como las mencionadas.
Según datos del Sicoin, solo el año pasado el Estado pagó Q724 millones en este rubro. Luego de una revisión al renglón presupuestario 913, que corresponde a sentencias judiciales, La Hora detectó que el Ministerio de Salud fue el más afectado.
De acuerdo con los registros, la cartera erogó Q231.4 millones por orden de distintos juzgados de Trabajo; la cifra incluye a 33 personas que cobraron prestaciones laborales y salarios caídos por arriba del millón de quetzales. Pero no fueron los únicos; en los 14 ministerios analizados, 79 demandantes lograron una compensación que superó ese monto.
Gobernación también está entre los que más demandas perdieron y tuvo que desembolsar Q74.3 millones . De esos, Q13.2 millones fueron para el “pago de bonos navideños” de 2019 y 2023.
UN RUBRO QUE HA IDO EN AUMENTO
“En los últimos años, hemos visto que el renglón de gasto 913 ha tenido un crecimiento importante. Para tener una referencia cercana, en 2025 ese rubro se colocó entre los 40 renglones de gasto más importantes para el Estado”, manifestó Jorge Lavarreda, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN).
El experto destacó no solo el “desgaste” que las resoluciones de esta naturaleza representan para el aparato estatal sino que hizo hincapié en la necesidad de buscar una solución al asunto.
“Lo que ocurre es que hay bastante desorden en la gestión del recurso humano. Hay renglones que nacieron para ser temporales, pero se hacen renovaciones de contratos y las personas permanecen en las entidades por varios períodos, entonces cuando van a los juzgados a pedir prestaciones que no recibieron ganan las demandas”, expresó.
RENGLÓN 029: EL ORIGEN DE MUCHAS DEMANDAS
Lavarreda indicó que buena parte de las demandas laborales contra el Estado está vinculada al renglón 029, el cual nació para contratar servicios técnicos o profesionales. Esta modalidad establece que no existe relación laboral directa entre el Estado y el contratista, por lo cual no se pagan aguinaldo, bono 14, vacaciones o indemnización.
Según la normativa vigente, quienes trabajan bajo ese renglón no están sujetos a un horario ni tienen que presentarse diariamente a la institución. Sin embargo, en la práctica muchas personas contratadas en esa modalidad sí cumplen horarios, reciben órdenes de superiores y desempeñan funciones permanentes dentro de las entidades.
De esa cuenta, según el analista y abogados especialistas en la materia, se crea una relación de dependencia laboral, lo cual, al acreditarse ante un juez, permite que tales colaboradores sean compensados económicamente.
Un aspecto destacado es que buena parte del personal al que se brinda contratos 029 tiene puestos de asesores; además, los honorarios que se les pagan suelen ser altos. Esto influye en que al ganar demandas se les aprueben altas sumas de dinero, en indemnización, prestaciones y salarios dejados de percibir. Además, hay casos en los cuales el fallo incluye un monto por daños y perjuicios.
EL CASO MARÍA ELENA
Detrás de los montos millonarios hay historias individuales que ilustran cómo funcionan estos procesos desde la perspectiva de quienes los enfrentan.
María Elena -nombre ficticio para proteger la identidad de la entrevistada-, es una colaboradora del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, quien obtuvo cerca de Q160 mil tras ganar una demanda.
La mujer trabajó durante siete años bajo contratos 029, con un salario mensual de Q5 mil, y su contrato fue rescindido en 2023 debido a “conflictos con autoridades” de su área. Dos años después ganó el litigio y logró el pago de salarios caídos, prestaciones laborales y una compensación por daños y perjuicios. Además, fue reinstalada en el puesto que ocupaba antes de ser despedida.
“En el contrato dice que uno no tiene horario, pero en realidad se trabaja más de ocho horas y se tiene hora de entrada y salida, igual que quienes sí tienen prestaciones”, afirmó.
Del monto total recibido, más de Q45 mil fueron para el abogado que llevó el caso; según contó, el profesional le cobró el 30% del pago que recibió por parte de la cartera.
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“SON DERECHOS ADQUIRIDOS”
Otro testimonio recogido para este reportaje es el de un extrabajador del Ministerio de Gobernación (Mingob), quien explicó que su proceso tardó casi cuatro años en resolverse. El caso llegó hasta la Corte de Constitucionalidad (CC), luego de varias apelaciones por parte del Estado.
Finalmente recibió alrededor de Q170 mil por prestaciones e indemnización, “libres de los Q66 mil que le tocaron al abogado” que llevó su caso. Él no fue reinstalado, pero se dijo satisfecho con el fallo judicial.
“Se manejan muchos mitos de que uno no puede demandar porque se cierran las puertas -en otras instituciones del Estado-, pero no es así. Al final uno solo está reclamando los derechos que le corresponden”, afirmó. También contó, que al ganar el litigio, el dinero le fue depositado en un solo pago, sin que la institución que lo había contratado le notificara previamente.
“Cuando me llegó el dinero me sorprendí, pero entendí que era lo de la demanda. Le avisé al abogado y me dijo cuánto le tenía que pagar, le transferí y así terminó mi caso. Tardó, pero valió la pena; al final es algo por lo que ya había trabajado”, manifestó.
ENTRE SINDICATOS Y ABOGADOS QUE SE PROMOCIONAN EN REDES
El acceso a estos procesos suele estar acompañado por redes de apoyo y asesoría. Los entrevistados coincidieron en que los sindicatos que funcionan en los respectivos ministerios los orientaron para iniciar las demandas. También hicieron ver que esos entes les recomendaron a profesionales que se especializan en tales litigios.
“El sindicato ya tiene sus propios abogados y les envían a quienes son despedidos injustificadamente para que reclamen lo que les corresponde”, explicó el extrabajador del Mingob.
Algunos bufetes incluso publicitan sus servicios en redes sociales, ofreciendo asesoría para casos relacionados con contratos temporales en el Estado bajo los renglones 029, 022 o 031. En plataformas como Facebook y TikTok abundan anuncios de esa naturaleza.
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REINSTALACIÓN O INDEMNIZACIÓN: LAS DOS VÍAS LEGALES
Según lo documentado por La Hora, los procesos legales por «despidos injustificados» contra el Estado comienza con la recopilación de pruebas, y es por medio de estas que el abogado analiza qué tipo de demanda es viable. En general existen dos caminos principales:
- Solicitar la reinstalación en el puesto junto con salarios y prestaciones caídos, así como compensación por daños y perjuicios
- Reclamar el pago de prestaciones laborales e indemnización
Las prestaciones que suelen reclamarse son las llamadas irrenunciables, como aguinaldo, bono 14 y vacaciones, dijo un profesional que aseguró trabajar con distintos sindicatos y pidió no ser citado.
Respecto del pago que se exige por llevar casos de esta naturaleza, el entrevistado indicó que suele haber una cuota inicial para gastos administrativos, la cual puede variar, y un porcentaje del monto que se obtenga al final del juicio. “Yo cobro de 25 % a 30%, dependiendo del caso, y solo si se gana”, aseguró.
REINSTALACIONES EN AERONÁUTICA: LOS CASOS MÁS RECIENTES
Los casos que ejemplifican cómo excolaboradores de instituciones gubernamentales consiguen ser indemnizados o recontratados tras plantear demandas son variados, y no solo abarcan a personal que estuvo bajo la subordinación de otros, sino también a personas de alto perfil.
Uno de los expedientes revelados recientemente corresponde a Elizabeth Nicté Paz Pineda, expareja del exdirector de Aeronáutica Carlos Velásquez Monge.
Un juez ordenó su reinstalación en la DGAC, a pesar de que no existen registros recientes de que haya trabajado directamente para la institución. La resolución incluyó una condición inusual: que su salario sea pagado en dólares.
Otro caso es el de Julio César Estrada Valenzuela, exjefe de seguridad del Aeropuerto Internacional La Aurora y esposo de la exministra de Educación Claudia Ruiz. Él llegó al cargo durante la administración de Alejandro Giammattei, cuando su pareja era parte del Gabinete de Gobierno, y este año fue recontratado en la DGAC tras ganar una demanda.
A ellos se suma María Gabriela Ruiz de Letona, quien se desempeñaba como asistente personal del exdirector de Aeronáutica Francis Argueta, sucesor de Velásquez Monge.
Hasta ahora, su expediente es el único de estos tres que ya tiene un proceso avanzado para el pago de sueldos y prestaciones caídas, aunque no se descarta que los otros dos casos obtengan resoluciones similares.
OTROS PERSONAJES POLÍTICOS QUE HAN DEMANDADO AL ESTADO
El impacto de las resoluciones laborales también se ha evidenciado en otros casos en los que los protagonistas son figuras políticas. Uno de ellos ocurrió en el Insivumeh, donde Willson Wyller García Morales, director de la entidad durante el gobierno Giammattei, logró regresar al puesto en noviembre pasado.
El juzgado que conoció su caso ordenó su recontratación bajo el renglón 011, es decir que tiene una plaza fija, y se le pagaron sueldos caídos más prestaciones; el pasado 24 de febrero dejó la jefatura del Insivumeh, pero estaría ocupando otro cargo.
La exdiputada Eva Monte Bac también figura en expedientes de este tipo, pues recuperó su plaza en el Ministerio de Agricultura en 2024. Hija de la también exdiputada Delia Bac, Monte fungía como jefa del Departamento de Asistencia Alimentaria y dejó el puesto 2016 para asumir como diputada del Congreso y luego como miembro del Parlamento Centroamericano.
Como en los comicios de 2023 no fue reelecta, emprendió un proceso legal para regresar a su antiguo puesto y con el mismo salario que tenía antes de ser parlamentaria: Q15,834 mensuales. Un juez se lo concedió.
Actualmente, la excongresista forma parte del Partido Verde Guatemalteco, creado junto con su mamá y sus hermanos, por lo que algunos de sus compañeros de trabajo no descartan que participe en el próximo proceso electoral e intente nuevamente “congelar” su plaza.
UNA SOLUCIÓN QUE REQUIERE VOLUNTAD POLÍTICA
Para el analista del CIEN, las sentencias que obligan al Estado a pagar compensaciones laborales reflejan un problema estructural en el modelo de contratación pública. A su criterio, esto solo podrá solventarse mediante una modificación integral a la Ley de Servicio Civil, una normativa que calificó de «obsoleta”.
El uso prolongado de contratos temporales para funciones permanentes, sumado a las condiciones laborales que en la práctica generan relaciones de dependencia, abre la puerta a demandas que el Estado termina perdiendo, mencionó el experto, y reconoció que, “aunque el tema es importante, no se ven intenciones de tomar cartas en el asunto” en el corto plazo.
